The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mary Lawlor, lamented on Friday that she had not received a response from the Government of El Salvador, via the Ministry of Foreign Affairs, to a letter she sent seeking information on the detention of activists and the human rights landscape in the Central American nation.
Lawlor made the letter public—in a post on X—where she outlines the case of “the arbitrary detention, prosecution, and raids against human rights defenders” from the Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Human Rights and Community Defense Unit, Unidehc), a nongovernmental organization. “I regret not having received a response from @cancilleriasv (the Salvadoran Ministry of Foreign Affairs),” the rapporteur wrote.
According to information published on the website of the United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defenders, “the communication was sent to the Government of El Salvador on May 15, 2025. It remained confidential for 60 days, during which the Government was expected to respond. Regrettably, the Government did not respond during this period.”
In the document, the United Nations rapporteur addresses the cases of activists Fidel Zavala, Ivania Cruz, and Rudy Joya—the latter two being attorneys—who are members of Unidehc and currently outside El Salvador.
Zavala was arrested on February 25 of last year and remains detained in the prison known as Mariona, where he has denounced the practice of torture inside the facility, allegedly committed by guards, amid the enforcement of a state of exception against gangs.
On March 10 of last year, a coalition of 171 organizations from more than two dozen countries urged the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) to issue precautionary measures for Zavala’s protection.
According to Salvadoran and United States-based humanitarian organizations, Zavala “was held for thirteen months before being declared innocent in March 2023” and “witnessed a series of abuses, tortures, and acts of corruption perpetrated within the Salvadoran penitentiary system.”
The NGOs have also noted that Zavala filed complaints “for those acts against the director of Centros Penales (General Directorate of Prisons), Osiris Luna, and against prison guards.” For her part, attorney Cruz said at the time that the transfer of her colleague to Mariona prison “is part of a political vendetta by state institutions and by President Nayib Bukele,” in retaliation for complaints filed by the attorney.
Attorney Ruth López, head of the Anticorruption and Justice Unit at Cristosal—a regional human rights organization—has also been imprisoned since May. The Government has accused her of alleged “peculado,” or embezzlement of state funds.
El Diario de Hoy sought comment on Saturday from the Ministry of Foreign Affairs, but was unable to reach the institution; the telephone numbers called went unanswered, likely because it was the weekend.
ONU: Gobierno no responde sobre capturas y derechos humanos en El Salvador
La Relatora de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, lamentó este viernes no haber recibido una respuesta por parte del Gobierno de El Salvador, a través de la Cancillería, a una carta enviada en la que pide información sobre la detención de activistas y la situación de derechos humanos en el país centroamericano.
Lawlor hizo pública la carta -en un mensaje en X- donde expone el caso de «la detención arbitraria, el enjuiciamiento y el allanamiento de personas defensoras de los derechos humanos» de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), una organización no gubernamental. «Lamento no haber recibido una respuesta de @cancilleriasv (Cancillería salvadoreña)», escribió la relatora.
De acuerdo con información publicada en el sitio web del Relator Especial de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, «la comunicación fue enviada al Gobierno de El Salvador el 15 de mayo de 2025. Permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió durante este periodo».
La relatora de la ONU se refiere, en el documento, a los casos de los activistas Fidel Zavala, Ivania Cruz y Rudy Joya, estos últimos abogados, miembros de Unidehc y que se encuentran fuera de El Salvador.
Zavala fue arrestado el pasado 25 de febrero y se encuentra detenido en la cárcel conocida como Mariona, de la que denunció la práctica de torturas en su interior, supuestamente perpetradas por los custodios, en el marco de la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas.
El pasado 10 de marzo, un grupo de 171 organizaciones de más de una veintena de países pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitiera medidas cautelares de protección para Zavala.
De acuerdo con las organizaciones humanitarias salvadoreñas y de Estados Unidos, Zavala «estuvo detenido por trece meses antes de ser declarado inocente en marzo de 2023» y «fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño».
Además, las ONG han apuntado que Zavala denunció «por tales hechos al director de Centros Penales, Osiris Luna, y a custodios de los recintos penitenciarios». Por su parte, la abogada Cruz señaló en su momento que el traslado de su compañero a la cárcel Mariona «es parte de una venganza política de las instituciones estatales y del presidente, Nayib Bukele», por las denuncias presentadas por el letrado.
La abogada Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, una organización regional de derechos humanos, también permanece en prisión desde mayo. El Gobierno la ha acusado de presunto «peculado» o apropiación indebida de fondos del Estado.
El Diario de Hoy intentó este sábado obtener la versión del Ministerio de Relaciones Exteriores; pero no fue posible ya que los números telefónicos consultados no fueron respondidos probablemente por ser fin de semana.