Members of social and human rights organizations took to social media to refute statements by the head of the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Office of the Human Rights Ombudsman, PDDH), Raquel Caballero de Guevara, claiming that the institution she leads has received no complaints of torture or mistreatment in penitentiary centers or in the context of the state of exception.
“But of all of them, as I informed the Committee against Torture, in this period I have not received a single case of torture that has been reported to the institution I preside over,” she stated during her appearance before the Comisión Política (Political Commission) last Monday, as she is vying for a third term leading the PDDH.
In her remarks and in response to questions from opposition lawmakers, she asserted that she had met with civil society organizations that claimed to have concrete torture cases but did not provide her with the information.
“The ombudsman lies without shame: the PDDH’s own reports document torture complaints. From 2022 to 2024, they report 743 cases of arbitrary and illegal detention, 92 cases of alleged extrajudicial execution, and 179 cases of mistreatment, including 28 torture complaints,” posted on X Verónica Reyna of Servicio Social Pasionista (Passionist Social Service).
Ingrid Escobar, of Socorro Jurídico Humanitario (Legal Humanitarian Aid), questioned what the PDDH has done with the cases of abuses and human rights violations that have been presented to it.
“We have not brought one or two minor cases but hundreds of instances of grave human rights violations by the State of El Salvador. We have made this public, notorious, and formal before the institution where you wield the power to help or not,” she posted on social media.
Escobar also listed the powers of the PDDH in accordance with the Constitution of the Republic and the international treaties and conventions to which El Salvador is a signatory.
One of those powers would be to “document, denounce, and activate mechanisms that can lead to sanctions, judgments, or international measures against the State. It must support victims and civil society organizations to achieve justice, reparations, and non-repetition.”
For his part, Noah Bullock, executive director of Cristosal, shared a link to a report by the organization compiling several cases.
“Dear Madam Ombudsman: I share with you our report on the second year of the state of exception (EdE). For the list of torture cases, you may consult pages 107–125. I take this opportunity to remind you that you have the authority to investigate human rights violations ex officio,” he wrote.
And the Movimiento de Víctimas del Régimen (Movement of Victims of the Regime, MOVIR) said it had guided the families of innocent detainees to submit complaints of arbitrary arrests, requests for medical evaluations, and requests for help in facilitating family prison visits, none of which has received a response from the ombudsman.
“The lady destroyed the documents. From my office alone, dozens of torture complaints have been sent, and she claims there are no complaints. She is complicit in the genocide,” attorney Lucrecia Landaverde also wrote on social media.
Defensores de derechos aseguran que sí se presentaron denuncias de torturas a la PDDH
Integrantes de organizaciones sociales y de derechos humanos desmintieron en redes sociales las declaraciones de la procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara, de que en la institución que preside no se han recibido denuncias de torturas y malos tratos en centros penitenciarios y en el contexto del régimen de excepción.
«Pero de todos, así como lo informé al Comité contra la Tortura, en este periodo no he recibido ni un solo caso de tortura que haya sido denunciado en la institución que presido», afirmó durante su entrevista en la Comisión Política del pasado lunes, pues se postula para un tercer periodo en la conducción de la PDDH.
En su intervención y en respuesta a las consultas de diputadas de oposición, aseguró que tuvo reuniones con entidades de sociedad civil que expusieron que tenían casos concretos de tortura, pero que no le brindaron la información.
«La procuradora miente sin pena: los mismos informes de la PDDH reportan denuncias por tortura. De 2022 al 2024 reportan 743 casos por detención arbitraria e ilegal, 92 casos de presunta ejecución extrajudicial y 179 casos de malos tratos, incluyendo 28 denuncias por tortura», publicó en X, Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista.
Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó qué ha hecho la PDDH con los casos que le han presentado de abusos y violaciones de derechos.
«Nosotros no hemos llevado uno o dos casitos sino cientos de casos de graves violaciones a derechos humanos por parte del Estado de El Salvador. Lo hemos hecho público, notorio y formal ante la institución donde usted detenta el poder de ayudar o no», publicó en redes sociales.
Escobar también enlistó las atribuciones de la PDDH conforme a la Constitución de la República y los tratados y convenios internacionales de los que El Salvador es suscriptor.
Una de esas atribuciones sería la de «documentar, denunciar y activar mecanismos que pueden derivar en sanciones, condenas o medidas internacionales contra el Estado. Debe acompañar a las víctimas y organizaciones de sociedad civil para lograr justicia, reparación y no repetición».
Por su parte, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal compartió el enlace de un informe realizado por la organización que recopila varios casos.
«Estimada Sra. Procuradora: Le comparto nuestro informe del segundo año del EdE (estado de excepción). Para el listado de casos de tortura, puede consultar las páginas 107–125. Aprovecho para recordarle que tiene la facultad de investigar violaciones a los DDHH de oficio», expuso.
Y el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) dijo que orientaron a las familias de inocentes detenidos para que les envíen denuncias de capturas árbitras, peticiones de verificación médica e intermediación de visitas familiares a las cárceles que no han obtenido respuesta por parte de la procuradora.
«Destruyó los documentos la señora. Solo de mi despacho se han mandado decenas de denuncias por tortura, y no tiene dice denuncias dice. Es cómplice de todo el genocidio», comentó también en redes la abogada Lucrecia Landaverde.