The official justified her decision to place travel records under seal before the Legislative Assembly, arguing that her office receives numerous requests on the subject, that her work is “quite sensitive,” and that some information requesters lacked good intentions. According to Eduardo Escobar of the organization Acción Ciudadana (Citizen Action), the statements are an attempt to evade compliance with the Ley de Acceso a la Información Pública (Public Information Access Law, LAIP). Article 10 of the law stipulates that travel-related information is subject to mandatory public disclosure and, therefore, must be published on the transparency portal.

Human Rights Ombudswoman Raquel Caballero de Guevara appeared yesterday before the Legislative Assembly’s Comisión Política (Political Commission) as a candidate to serve another term as head of the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Office of the Human Rights Ombudsman, PDDH).

At the meeting, Arena party lawmaker Marcela Villatoro questioned her decision to place her foreign travel records under seal for a four-year period. The head of the oversight body justified the decision to conceal this information. “(…) The public information office receives many petitions daily, and we respond to them (…) Lately, we have been receiving a flood of requests on this subject. Therefore, the measure we took—as other institutions have done—was to place the information under seal. Furthermore, the work one does is quite sensitive. This is not merely a matter of transparency; we were dealing with other, less than honorable intentions, and that is what we sought to preempt,” Caballero responded.

Voz Pública verified the assertions made by the human rights ombudswoman and determined that the decision to place the information under seal contravenes the Public Information Access Law (LAIP) and its Article 10, which addresses proactive information. Specifically, numeral 11 states that details concerning trips, such as those of the ombudswoman, must be public and specifies the data that must accompany the information on the institution’s transparency portal.

Furthermore, the arguments advanced by the official lack legal solidity to justify the seal. Eduardo Escobar, executive director of Acción Ciudadana, insists that she is breaking the law with her decision to conceal her travel information. “The ombudsman’s statement is lamentable. It demonstrates a total ignorance of the law—or she feigns it—but she says it simply to avoid complying with the law’s requirements,” he declared.

The digital outlet Infodemia recently reported that the PDDH placed the ombudswoman’s travel records under seal on security grounds. It adds that the resolution was issued through declaration DR-001-2023 (SG) on July 1, 2023, for a period of four years.

PDDH Receives High Marks

Acción Ciudadana is an organization specializing in citizen oversight. From its monitoring center, it tracks the extent to which institutions comply with the Public Information Access Law (LAIP) regarding the publication and updating of mandatory public information on their websites.

In the *Scorecard Transparencia Activa 2025* (Active Transparency Scorecard 2025), published this past August, the organization evaluated 38 public entities. The PDDH ranked fifth, with a score of 61 percent. That percentage reflects the share of the information it is legally required to publish that actually appears on its website.

The overall average among all institutions was 35 percent; in other words, they publish barely a third of the information they are obliged to disclose.

On the specific issue of travel, the report indicates that compliance among the institutions evaluated stands at 34 percent. In other words, most institutions—the PDDH among them—were failing to publish that information, in contravention of the LAIP.

Voz Pública: https://vozpublica.net/2025/10/07/pddh-procuradora-fact-checking-enganos/

La procuradora Caballero y sus engaños para ocultar los viajes al exterior

La funcionaria justificó en la Asamblea Legislativa la decisión de poner en reserva los viajes con argumentos como que reciben muchas solicitudes de ese tema, que su trabajo es «bastante delicado» o que no había buenas intenciones entre algunos solicitantes de información. Para Eduardo Escobar de la organización Acción Ciudadana, las declaraciones lo que buscan es evitar cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). En su artículo 10, la normativa dice que lo relativo a los viajes es información oficiosa y, por tanto, debe publicarse en el portal de transparencia. 

La procuradora Raquel Caballero de Guevara asistió ayer a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa en calidad de aspirante a dirigir un nuevo periodo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). 

En la reunión, la diputada del partido Arena, Marcela Villatoro, le cuestionó la puesta en reserva de sus viajes al exterior por un periodo de cuatro años. La responsable del ente contralor justificó la decisión de ocultar esa información. “(…) La oficina de acceso a la información a diario recibe muchas peticiones y damos respuesta (…) Últimamente habían estado enviando abundantes peticiones sobre este tema y, entonces, la medida que se tomó, así como se ha hecho en otras instituciones, (fue) reservar. Aparte de que el trabajo que uno realiza es bastante delicado. No se trata solo de transparencia, se trataba con otra no muy buena intención, eso es lo que queríamos prever”, respondió Caballero.

Voz Pública verificó lo expresado por la procuradora de derechos humanos y encontró que la decisión de reservar la información es contraria a Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su artículo 10, que se refiere a la información oficiosa. En concreto, en el numeral 11 se indica que lo relativo a los viajes como el de la procuradora debe ser publico y añade qué datos deben acompañar a la información en el portal de transparencia de la institución.

Además, los argumentos esgrimidos por la funcionaria carecen de solidez legal para justificar la reserva. Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, insiste en que incumple la ley con la decisión de ocultar la información de sus viajes. “Es lamentable la declaración de la procuradora, que muestra desconocimiento total de la ley o quiere hacerlo parecer, pero simplemente lo dice para evitar cumplir con lo que demanda la ley”, sentencia.

El medio digital Infodemia publicó recientemente que la PDDH reservó los viajes de la procuradora argumentando razones de seguridad. Añade que la resolución se dictó mediante la declaratoria DR-001-2023 (SG) del 1 de julio del 2023 por un período de cuatro años.

PDDH, bien evaluada

Acción Ciudadana es una organización especializada en contraloría social. Desde su centro de monitoreo registra qué tanto las instituciones cumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en el apartado de publicar y actualizar la información oficiosa en sus sitios web.

En el Scorecard Transparencia Activa 2025 que se publicó en agosto pasado, la institución evaluó 38 entidades públicas. La PDDH aparece como la quinta mejor evaluada con una calificación del 61%. Ese porcentaje revela la cantidad de información que publica en su web sobre la que debería estar publicada en cumplimiento con la ley.

El promedio general de todas las instituciones fue el 35%, es decir, apenas publican una tercera parte de la información a la que están obligadas.

En el punto concreto de los viajes, el informe indica que el nivel de cumplimiento de las instituciones evaluadas es del 34%. En otras palabras, que una mayoría de las instituciones, además de la PDDH, omiten publicar esa información contraviniendo la normativa de la LAIP.

Voz Pública: https://vozpublica.net/2025/10/07/pddh-procuradora-fact-checking-enganos/