The current expenditures projected by the Government of El Salvador for 2026 will outpace the growth in current revenues, as revealed by the budget draft for the coming year, which is already before the Legislative Assembly.
Three economists told this outlet that these figures call into question the budgetary balance of the state’s plan and concurred that it is inconsistent with the current agreement with the International Monetary Fund (IMF). The fund’s program requires the country to implement a fiscal adjustment involving spending cuts and revenue increases to balance public finances and reduce the deficit.
Despite this, the budget draft submitted to the Legislative Assembly on September 30 by Finance Minister Jerson Posada shows an increase of $892 million over 2025. For the current year, the general budget was approved at $9,663 million, while next year’s projected total spending stands at $10,555.6 million.
In presenting the budget, Posada made no mention of the IMF agreement or the fiscal adjustment, yet he asserted that the draft was balanced in the sense that no debt would be needed to cover current expenditures in 2026, as they would be funded through current revenues.
Economist Lisandro Ábrego, a former IMF mission chief, expressed skepticism about that claim.
“The Finance Ministry’s presentation artificially inflates revenues and expenditures. It gives the incorrect impression that the budget is balanced. That, of course, is not the case, as the budget continues to show an overall deficit (revenues minus expenditures, properly defined), which will be financed through borrowing,” warned Ábrego.
The economist also indicated that the analysis of the 2026 budget must be conducted in light of the fiscal program agreed upon with the IMF, not just in comparison with the current year’s budget. This, he noted, is because “the 2025 proposal, which was not realistic, was modified to align it with that program.”
“In reality, at the aggregate level, the budget the government has followed is, in broad terms, the one reflected in the fiscal program,” the expert noted.
2026 Proposal
In line with the foregoing, Ábrego, economist Rafael Lemus, and another economist who spoke on the condition of anonymity all agreed that the draft 2026 budget is inconsistent with the IMF program.
In the budget framework, the state has four types of revenues: current revenues, capital revenues, financing (debt), and revenues from special contributions. It also has four types of expenditures: current expenditures, capital expenditures, financial applications (principal repayments), and expenditures from special contributions.
In this structure, the largest amounts are always current revenues and current expenditures. The former consist of funds periodically collected by the government through taxes or other non-tax charges. The latter are disbursements made by the public sector for its operations and the fulfillment of its routine activities.
Current expenditures encompass not only the payment of compensation and the procurement of goods and services but also debt interest payments and transfers that do not involve a quid pro quo.
According to the state’s projections, both categories will increase in 2026, but expenditures will grow more than revenues. In 2025, the government projected current expenditures of $6,362.3 million, and for 2026 it has scheduled $7,125 million, representing an increase of $762.7 million. Meanwhile, planned current revenues will rise from $8,205.4 million to $8,891 million, amounting to a $685.5 million uptick.
Lemus questioned the allocation of most of the revenue increase to current expenditures, especially after cuts were made in 2025 to reduce them.
“Eighty-five percent of that increase (in revenues) is allocated to current expenditures, when the IMF agreement supposedly requires an adjustment on the spending side, especially in core spending on compensation and on goods and services,” he said.
He also warned that the reduction in debt service will fall on principal repayments, not interest, even as the state continues to seek more external financing. “We are not lowering the debt either; rather, the dynamic is to pay less and take on more debt,” Lemus added.
The third economist consulted addressed the increase in revenue from the standpoint of its sources: revenue from debt will grow by 14.35 percent, while tax revenue will grow between 8 and 9 percent. Moreover, the latter remains concentrated in value-added tax (VAT) collections.
“VAT continues to claim a larger share of revenues, while income tax does not; in other words, taxes based on income levels are increasingly less representative, and the government is proposing financing grounded in the VAT, which is the most regressive tax (because it does not account for the population’s income levels),” she added.
Gasto corriente crecerá más que ingresos corrientes en presupuesto 2026
El gasto corriente que el Gobierno de El Salvador proyecta realizar en 2026 incrementará más de lo que crecerán los ingresos corrientes, revela el anteproyecto de presupuesto para el próximo año y que ya está en la Asamblea Legislativa.
Tres economistas explicaron a este medio que esas cifras ponen en duda el equilibrio presupuestario de la planificación estatal y coincidieron en señalar que esta no es consistente con el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa del organismo obliga al país a ejecutar un ajuste fiscal que implica la reducción de gastos y el incremento de ingresos, para balancear las finanzas nacionales y reducir el déficit.
Pese a ello, el proyecto de presupuesto entregado a la Asamblea Legislativa el pasado 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, presenta un incremento de $892 millones con respecto a 2025. Para este año, el presupuesto general se aprobó con $9,663 millones, mientras que para el próximo se proyecta un gasto total de $10,555.6 millones.
En la presentación del presupuesto, Posada no hizo ninguna mención al acuerdo con el FMI ni al ajuste fiscal, sin embargo afirmó que el proyecto elaborado estaba equilibrado en el sentido de que no se requeriría de deuda para cubrir gastos corrientes en 2026, pues se lograría pagar con base en los ingresos corrientes.
El economista Lisandro Ábrego, exjefe de misión del FMI, dudó de esa afirmación.
“La presentación de Hacienda infla artificialmente los ingresos y los gastos. Da la impresión, incorrecta, de que el presupuesto está equilibrado. Ese, por supuesto, no es el caso, pues el presupuesto sigue presentando un déficit a nivel global (ingresos menos gastos, correctamente definidos), que será financiado con endeudamiento”, advirtió Ábrego.
El economista indicó, además, que el análisis del presupuesto 2026 debe hacerse también a la luz del programa fiscal acordado con el FMI, no solo en comparación con el presupuesto del año actual. Esto, apuntó, porque “la propuesta de 2025, que no era realista, fue modificada por alinearla con ese programa”.
“En realidad, a nivel de montos globales, el presupuesto que ha seguido el Gobierno es, en líneas generales, el reflejado en el programa fiscal”, señaló el experto.
Propuesta 2026
En línea con lo anterior, tanto Ábrego como el economista Rafael Lemus, y otra economista que habló en condición de anonimato, coincidieron en que el proyecto de presupuesto 2026 no es consistente con el programa del FMI.
En la estructura presupuestaria, el Estado tiene cuatro tipos de ingresos: ingresos corrientes, ingresos de capital, financiamiento (deuda) e ingreso de contribuciones especiales. Además, tiene cuatro tipos de gasto: gasto corriente, gasto de capital, aplicaciones financieras (amortización de deuda) y gasto de contribuciones especiales.
En la estructura anterior, los montos más grandes siempre son los de ingresos corrientes y gastos corrientes. Los primeros son los fondos recaudados periódicamente por el Gobierno a través de impuestos u otro tipo de cobros no tributarios. Los segundos son los desembolsos que el sector público realiza para su funcionamiento y el cumplimiento de sus actividades ordinarias.
El gasto corriente no es solo el pago de remuneraciones y adquisición de bienes y servicios, sino también el pago de intereses de deuda, y transferencias que no involucran una contraprestación de servicios.
De acuerdo con la proyección del Estado, ambos rubros incrementarán para 2026, pero los gastos crecerán más que los ingresos. En 2025, el Gobierno proyectó un gasto corriente de $6,362.3 millones y para 2026 ha programado $7,125 millones, lo que representa $762.7 millones más. Mientras, los ingresos corrientes planificados subirán de $8,205.4 a $8,891 millones, lo que significa un aumento de $685.5 millones.
Lemus cuestionó que la mayor parte del incremento en los ingresos se continúe destinando a gasto corriente, cuando en 2025 se realizaron recortes para disminuirlo.
“Un 85 % de ese incremento (en ingresos) se destina a gasto corriente, cuando el acuerdo del FMI se supone que se tiene que ajustar la parte de gastos, y sobretodo de gasto básico de remuneraciones y de bienes y servicios”, dijo.
Además advirtió que la reducción en pago de deuda se aplicará en el pago de amortizaciones no en el de intereses; mientras el Estado continúa pidiendo más financiamiento externo. “Tampoco estamos bajando la deuda, sino que la dinámica es pagar menos y tomar más deuda”, agregó Lemus.
La tercer economista consultada se refirió al incremento en los ingresos desde la perspectiva del origen de los mismos, ya que los ingresos por deuda crecerán en un 14.35 %, mientras los ingresos por impuestos crecerán entre 8 y 9 %. Además, éstos últimos continúan concentrándose en el cobro de IVA.
“El IVA continúa abarcando más espacio en los ingresos, mientras que la renta no; es decir, los impuestos por nivel de ingresos son cada vez menos representativos y el Gobierno plantea un financiamiento basado en el impuesto IVA que es el más regresivo ( porque no toma en cuenta el nivel de ingresos de la población)”, agregó.