The Legislative Assembly’s Political Commission interviewed the five candidates vying to lead the Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH) on Monday and approved a favorable report for electing the new head, though it has yet to announce the plenary session in which the vote will take place.
Among the candidates is the current ombudsman, Raquel Caballero de Guevara, who is seeking another term at the helm of the institution. Caballero stated that during her current tenure—which began on October 19, 2022—the office has undertaken 168,040 protective actions and 8,979 information requests related to arbitrary detentions and alleged mistreatment. She emphasized, however, that in this period, it “has not received a single case of torture reported to the institution.”
“As I reported to the Committee against Torture, in this period I have not received a single case of torture reported to the institution I lead,” Caballero said during her presentation to the lawmakers. She added that she met with civil society organizations claiming to have specific cases, but they did not provide the information requested by the PDDH.
In response to these statements, the Movimiento de Víctimas Inocentes del Régimen de Exepción (Movement of Innocent Victims of the State of Exception, MOVIR) posted on its Twitter page: “We have now instructed the families of the innocent to send us complaints of arbitrary arrests, requests for medical verification, and for mediation of family visits to the prisons, without receiving a response from the ombudsman.”
The MOVIR and other human rights advocacy organizations have repeatedly submitted documentation to the PDDH and other international bodies, without any pronouncement from the institution on the matter.
Lawmaker Marcela Villatoro, of the ARENA party, also pressed Caballero about the actions the office has undertaken to document and investigate complaints of arbitrary detentions, torture, and deaths in state custody recorded during the state of exception. The ombudsman replied that from October 2022 to September 2025, she had been apprised of 60,131 notifications concerning detained persons, though she admitted not knowing the data prior to that period.
Villatoro also highlighted the lack of progress in cases of individuals with release orders who have not yet been freed by the Penal Centers. On this point, Caballero assured that the institution has collaborated with the Ministry of Justice and Security, the Directorate of Penal Centers, and some judges, which has enabled the release of certain detainees, though she did not specify how many.
During her remarks, the official claimed to have visited various penitentiary centers and observed, as she put it, “very positive conditions,” referring to the management model implemented by the General Directorate of Penal Centers.
The second interviewee was Carolina María Hernández de Hernández, a current PDDH official in San Miguel, who affirmed that, if elected, she would maintain an “open-door” institution.
The third aspirant, Walter Edgardo Fuentes Rodríguez, a specialized procurator since 2023, proposed a study for an organizational restructuring of the institution.
The fourth candidate, Roswall Gregorio Solórzano Hernández, highlighted his experience in the Judicial Branch and in labor unions.
The fifth interviewee was David Oswaldo Escobar Menéndez. After the presentations concluded, the Political Commission approved the favorable report for electing the next head of the PDDH, though it did not specify the plenary session in which the vote will occur.
Procuradora de Derechos Humanos afirma no haber recibido denuncias de torturas en cárceles
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa entrevistó este lunes a los cinco perfiles aspirantes a dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y aprobó el dictamen favorable para la elección del nuevo titular, aunque aún no se ha anunciado en qué sesión plenaria se realizará la votación.
Entre los candidatos se encuentra la actual procuradora Raquel Caballero de Guevara, quien busca un nuevo período al frente de la institución. Caballero afirmó que durante su actual gestión —que inició el 19 de octubre de 2022— la Procuraduría ha realizado 168,040 acciones de protección y 8,979 solicitudes de información relacionadas con detenciones arbitrarias y presuntos malos tratos. Sin embargo, destacó que en este tiempo “no ha recibido ni un solo caso de tortura denunciado ante la institución”.
“Así como lo informé al Comité contra la Tortura, en este período no he recibido ni un solo caso de tortura denunciado en la institución que presido”, dijo Caballero durante su exposición ante los diputados. Añadió que se reunió con organizaciones sociales que aseguraban tener casos concretos, pero que no aportaron la información solicitada por la PDDH.
En respuesta a estas declaraciones, el Movimiento de Víctimas Inocentes del Régimen de Exepción (MOVIR) publicó en su página de Twitter: “En este momento hemos girado la orientación a las familias de inocentes para que nos envíen denuncias de capturas árbitras, peticiones de verificación médica e intermediación de visitas familiares a las cárceles sin obtener respuesta de la procuradora”.
El MOVIR y otras organizaciones defensoras de derechos humanos han presentado documentación en repetidas ocasiones a la PDDH y otras instancias internacionales, sin que haya un pronunciamiento de la institución al respecto.
La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, también cuestionó a Caballero sobre las acciones que la Procuraduría ha emprendido para documentar e investigar las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal registradas durante el régimen de excepción. La procuradora respondió que desde octubre de 2022 hasta septiembre de 2025 ha tenido conocimiento de 60,131 notificaciones de personas detenidas, aunque admitió desconocer los datos previos a ese período.
Villatoro también señaló la falta de avances en los casos de personas con carta de libertad que aún no han sido liberadas por Centros Penales. Sobre esto, Caballero aseguró que la institución ha trabajado con el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Dirección de Centros Penales y algunos jueces, lo que ha permitido la liberación de ciertos detenidos, aunque no detalló cuántos.
Durante su intervención, la funcionaria afirmó haber visitado diversos centros penitenciarios y constatado, según dijo, “situaciones muy buenas”, refiriéndose al modelo de gestión implementado por la Dirección General de Centros Penales.
La segunda entrevistada fue Carolina María Hernández de Hernández, actual funcionaria de la PDDH en San Miguel, quien afirmó que, de ser electa, mantendría una institución “de puertas abiertas”.
El tercer aspirante, Walter Edgardo Fuentes Rodríguez, procurador especializado desde 2023, propuso realizar un estudio para reestructurar organizacionalmente la institución.
El cuarto candidato, Roswall Gregorio Solórzano Hernández, destacó su experiencia en el Órgano Judicial y en asociaciones sindicales.
El quinto entrevistado fue David Oswaldo Escobar Menéndez. Tras concluir las exposiciones, la Comisión Política aprobó el dictamen favorable para la elección del próximo titular de la PDDH, aunque no precisó en qué sesión plenaria se realizará la votación.