Acción Ciudadana requested detailed information from the Supreme Electoral Tribunal (TSE) regarding its oversight of the finances and transparency of political parties, but the information was not provided.
Among the data sought were the submission dates of financial reports by the parties, the oversight actions undertaken by the TSE, information on the operation of the unit responsible for overseeing the parties, audit findings, and the procedures and sanctions related to political parties.
Acción Ciudadana denounced that with this action, the TSE is disregarding its role as the legally designated oversight authority. Through a misinterpretation of the regulations, the TSE declared itself without jurisdiction to provide the requested data, contending that responsibility for granting access to that information lay with the political parties themselves or with the Instituto de Acceso a la Información Pública (Institute for Access to Public Information, IAIP).
“In its response, the TSE once again demonstrates its scant commitment to transparency, denying the requested information and claiming that responsibility for granting access to the information lies with the political parties themselves,” reads the statement from Acción Ciudadana.
The TSE based its refusal on “flawed legal reasoning,” maintaining that overseeing parties is not an administrative act, but a jurisdictional one, which the organization deems a misinterpretation of the law.
The Ley de Partidos Políticos (Political Parties Law) clearly states that the electoral authority is responsible for receiving parties’ financial information, auditing it, and imposing sanctions when necessary.
This stance by the TSE appears to be an attempt to shirk its responsibility to ensure the financial transparency of political parties, particularly amid the persistent opacity surrounding the funding sources of the Nuevas Ideas party, which continues to raise doubts about the integrity of the electoral process, the civic organization asserted.
For Acción Ciudadana, it is imperative that the TSE fully assume its legal powers, exercising its mandated oversight and acting in accordance with the regulatory framework that defines its role within the electoral system.
“The TSE must fully assume its legal powers and exercise them accordingly,” the organization stressed.
Notably, Acción Ciudadana has already pursued legal-electoral proceedings because political parties refused to provide information related to their funding.
Historically, political parties of different ideologies in the country have been reluctant to disclose their list of donors. More recently, the Nuevas Ideas party refused even to accept the public information request regarding this content.
TSE niega información sobre fiscalización de partidos políticos
Acción Ciudadana solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) información detallada sobre su labor de fiscalización en relación con las finanzas y la transparencia de los partidos políticos, pero esta no fue entregada.
Entre los datos requeridos estaban las fechas de remisión de informes financieros por parte de los partidos, las acciones de fiscalización realizadas por el TSE, la información sobre el funcionamiento de la unidad encargada de fiscalizar a los partidos, los hallazgos de auditorías, así como los procedimientos y sanciones vinculadas a los partidos políticos.
Acción Ciudadana denunció que con esta acción, el TSE está desconociendo su rol como autoridad fiscalizadora designada por ley. A través de una interpretación errónea de la normativa, el TSE se declaró incompetente para entregar los datos solicitados, argumentando que la responsabilidad de permitir el acceso a esa información recaía en los propios partidos políticos o en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
“En su respuesta, el TSE nuevamente hace manifiesto su poco compromiso con la transparencia, denegando la información solicitada, aduciendo que los encargados de permitir el acceso a la información son los partidos políticos”, expresa el comunicado de Acción Ciudadana.
El TSE basó su negativa en una «argumentación jurídica equivocada”, al sostener que la fiscalización de los partidos no es un acto administrativo, sino jurisdiccional, lo cual a juicio de la organización es una interpretación errónea de la ley.
La Ley de Partidos Políticos establece claramente que es la autoridad electoral la encargada de recibir la información financiera de los partidos, auditar y aplicar sanciones cuando sea necesario.
Esta postura del TSE parece un intento de eludir su responsabilidad de garantizar la transparencia financiera de los partidos políticos, especialmente cuando persiste la opacidad en torno a las fuentes de financiamiento del partido Nuevas Ideas, lo que sigue generando dudas sobre la integridad del proceso electoral, consideró la organización cívica.
Para Acción Ciudadana es imperativo que el TSE asuma de manera plena sus facultades legales, ejerciendo la fiscalización que le corresponde y actuando en concordancia con el marco normativo que establece su rol dentro del sistema electoral.
“El TSE debe asumir plenamente sus facultades legales y ejercerlas en consecuencia”, recalcó.
Vale destacar que Acción Ciudadana ya ha tenido procesos jurídico-electorales debido a que partidos políticos se negaron a proporcionar información relacionada a su financiamiento.
Históricamente, en el país los partidos políticos de diferentes ideologías han sido renuentes a revelar el listado de sus financistas. Más recientemente, el partido Nuevas Ideas ni siquiera aceptó recibir la solicitud de acceso a la información pública sobre dicho contenido.