Though not yet over, 2025 is a watershed year in El Salvador’s recent democratic era. More than thirty years after the signing of the Peace Accords, individuals and institutions once again face persecution for their ideas, for defending basic human rights, or even for the standing they have earned in society through their professional pursuits.
The Asociación de Periodistas de El Salvador (Association of Journalists of El Salvador) (APES) has documented the forced displacement of 43 Salvadoran journalists by June 2025, driven by harassment and the fear of arrest. This marks the first such phenomenon in over three decades, occurring under a political administration unlinked to military coups.
The journalists who have fled the country belong, for the most part, to independent and/or digital-native media outlets that have remained critical and meticulous in their scrutiny of the current administration, publishing robust investigations that have exposed government corruption, conflicts of interest, the exploitation of the state for personal gain, and systematic human rights violations, among other issues.
Parallel to this exodus of journalists, an as-yet-undetermined number of activists and defenders from civil society organizations have also left the country for safety reasons. These individuals had long maintained a critical profile, advocating against assaults on human rights and sometimes performing tasks that rightfully fall to public administration, such as documenting such violations.
This situation underscores a critical and daunting environment for Salvadoran society, which for at least the past five years has seen its access to information curtailed by the shroud of secrecy that President Nayib Bukele’s government has deliberately erected around public affairs. The Salvadoran populace now contends with a diminished flow of information, alongside eroded spaces for citizen oversight, participation, and rights advocacy.
The APES deems it essential to document and analyze the predicament currently facing Salvadoran journalists, providing evidence that the mechanisms undermining press and expression freedoms are neither novel nor eternal. This is not, nor will it be, the first time that Salvadoran society, journalism professionals, and organized civil society must pause, wait, find solidarity, and rethink collective strategies to bolster democracy and enable free, informed decision-making.
The mass departure of journalists shattered all statistics from prior decades, charting an upward curve that, for the moment, has yet to flatten. A curve steeped in silence and anguish.
APES: https://apes.org.sv/la-curva-del-silencio/
La curva del silencio
El 2025 es, aún sin finalizar, un año parteaguas de la reciente era democrática en El Salvador. Más de treinta años después de la Firma de los Acuerdos de Paz, personas, instituciones son nuevamente perseguidas por sus ideas, por la defensa de derechos humanos básicos o, incluso, por su posición ganada dentro de la sociedad en el ejercicio de sus profesiones.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró hasta junio de 2025 el desplazamiento forzado de 43 periodistas salvadoreños, por razones de acoso y miedo a ser detenidos. Es la primera vez en más de tres décadas que el país experimenta un fenómeno similar, y bajo una administración política no vinculada con golpes militares.
Los periodistas que han salido del país pertenecen, en su mayor parte, a medios de comunicación independientes y/o nativos digitales, que se han mantenido críticos y acuciosos ante la presente administración gubernamental; publicando sólidas investigaciones que han evidenciado corrupción gubernamental, conflictos de interés, uso patrimonial del Estado, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, entre otros.
Paralelo a la salida de periodistas, existe un número aún no determinado de activistas y defensores miembros de organizaciones de la sociedad civil que también han abandonado el país por razones de seguridad; los cuales habían mantenido desde años atrás un perfil crítico y de búsqueda de incidencia a las afrentas a los derechos humanos, realizando en ocasiones labores que le competen a la administración pública, tales como registro de vulneraciones a estos.
Lo anterior plantea un ambiente crítico y desafiante para la sociedad salvadoreña que, desde al menos cinco años atrás, ha visto reducidas sus posibilidades informativas debido al cerco de opacidad que el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha encargado de erigir en los temas relacionados al quehacer público. La población salvadoreña enfrenta actualmente una disminución del flujo informativo, así como de espacios de auditoría y participación ciudadana y de defensa de derechos.
La APES considera fundamental dejar un registro y análisis de la situación que los periodistas salvadoreños enfrentan actualmente, dejando evidencias que los mecanismos de menoscabo de la libertad de prensa y de expresión no son nuevos, pero tampoco perennes. Esta no es, ni será, la primera vez que la sociedad salvadoreña, los profesionales del periodismo y la sociedad civil organizada deban detenerse, esperar, abrazarse y repensar estrategias colectivas que fortalezcan la democracia, y las decisiones libres e informadas.
La salida masiva de periodistas rompió con cualquier estadística de décadas anteriores, dibujando una curva incremental que, por el momento, sigue sin aplanarse. Una curva llena de silencios y dolor.