The Legislative Assembly approved reforms to the Health Code and the Law of the Superior Council of Public Health (CSSP) that remove medical oversight boards from the authorization process for private health services. With this measure, the Executive branch aims to fast-track these permits for issuance in no more than five days.
The initiative was introduced on September 23 and secured approval after a single meeting of the Commission on Health, Agriculture, and Environment to review the proposal.
In that meeting, the Commission—dominated by the ruling party—heard solely from CSSP President Elias Daniel Quintero Valle, who justified the reform by arguing that streamlining authorization processes for private health services is essential for the population.
Under the reform, the authorization process for operating private establishments (pharmacies, drugstores, laboratories, clinics, hospitals, among others) will not exceed five days, Quintero Valle assured. Currently, the process lasts 30 days and involves medical oversight boards supervising establishment inspections prior to the Council’s approval.
The new proposed timeline concentrates these functions within the Council, modifying the workflow as follows:
- Day 1: The application is received from the health provider.
- Day 2: The Council’s Registration Unit schedules a date for an inspector to evaluate the establishment.
- Day 3: The inspector conducts the evaluation of the establishment and issues a technical opinion on the same day.
- Day 4: The CSSP receives the opinion and issues the corresponding resolution.
- Day 5: The health service provider is notified.
The Committee offered no explanation as to how inspector workloads would be managed to produce same-day resolutions.
Opposition lawmakers questioned the reform’s underlying intent, asserting that its objective is not to shorten deadlines but to approve permits arbitrarily.
“With this reform, they are centralizing decisions in the CSSP. This will pave the way for granting concessions to private entities under the new Law of the National Hospital Network,” stated lawmaker Francisco Lira (ARENA).
The Law for the Creation of the National Hospital Network was approved on August 19. Its Article 3, subparagraph (g), empowers hospitals in the network to “grant concessions, in accordance with the law, for those areas that, in their judgment, represent the most convenient and timely mechanism, for the benefit of the inhabitants’ health.”
Lira emphasized that the reform’s core issue is not timelines. “We are not debating reductions in processing times and bureaucracy, but rather oversight. Will there be controls, transparency? Will participating companies adhere to clear rules and necessary sanitary controls to ensure higher quality for users?” he questioned.
Meanwhile, lawmaker Cesia Rivas (Vamos) echoed the concerns of health unions, arguing that removing the medical boards “will allow for the arbitrary granting of permits.”
Rivas agreed with Lira, stating:
“It is no coincidence that, after a law creating a new health system, reforms are now being made that seek neither oversight nor quality assurance for services.”
On the floor, no ruling party lawmaker offered any comment on the matter to address the questions raised about the reforms or to defend them.
Aprueban permisos exprés para autorizar servicios privados de salud
La Asamblea Legislativa aprobó reformas al Código de Salud y a la Ley del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) que eliminan la participación de las juntas de vigilancia médica en el proceso para autorizar servicios privados de salud. Con ello, el Ejecutivo busca que dichos permisos se entreguen de forma exprés, en un plazo no mayor a cinco días.
La iniciativa fue presentada el pasado 23 de septiembre y se aprobó luego de una sola reunión de la Comisión de Salud, Agricultura y Medio Ambiente para estudiar la propuesta.
En dicha reunión, la Comisión, de mayoría oficialista, escuchó únicamente al presidente del CSSP, Elias Daniel Quintero Valle, quien justificó la reforma bajo el argumento de que es necesario agilizar los procesos para la autorización de servicios privados de salud para la población.
Con la reforma, el proceso de autorización para operar establecimientos privados (farmacias, droguerias, laboratorios, clínicas, hospitales, entre otros) no durará más de cinco días, aseguró Quintero Valle. Actualmente, el proceso dura 30 días y en él intervienen las juntas de vigilancia médicas como supervisoras de la inspección de los establecimientos, previo a la aprobación del Consejo.
El nuevo cronograma planteado concentra las funciones en el Consejo, modificando el flujo de trabajo de la siguiente manera:
- Día 1: Se recibe la solicitud de parte del proveedor de salud
- Día 2: La Unidad de Registro del Consejo programará una fecha para que un inspector haga la evaluación del establecimiento.
- Día 3: El inspector realizará la evaluación del establecimiento y emitirá un dictamen técnico en el mismo día.
- Día 4: El CSSP recibirá el dictamen y emitirá el acuerdo respectivo.
- Día 5: Se notificará al proveedor de servicios de salud.
En la Comisión no hubo ninguna explicación sobre cómo se evitará la saturación de trabajo en inspectores para emitir resoluciones en un solo día.
Legisladores de oposición cuestionaron la intención detrás de la reforma y aseguraron que el objetivo de la misma no es acortar plazos sino aprobar permisos a conveniencia.
“Con esta reforma están centralizando las decisiones en el CSSP. Y esto lo que va a permitir es preparar el terreno para dar concesiones a privados en la nueva Ley de Red Nacional de Hospitales”, apuntó el diputado Francisco Lira (ARENA).
La Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales fue aprobada el pasado 19 de agosto. En su artículo 3, literal g, se habilita a los hospitales de la red para “otorgar concesiones, con arreglo a la ley, de aquellos rubros, que, conforme a su criterio, sea el mecanismo más conveniente y oportuno, en beneficio de la salud de los habitantes”.
Lira reiteró que el fondo de la reforma no son los plazos. “No estamos discutiendo reducción de tiempos y burocracia para trámites, sino los controles. ¿Tendrán controles, transparencia? ¿Las empresas que participen van a tener reglas claras, controles sanitarios necesarios para darle mejor calidad a usuarios?”, cuestionó.
Mientras tanto, la diputada Cesia Rivas (Vamos) retomó el cuestionamiento de sindicatos de salud, en el sentido de que eliminar a las juntas médicas “va a permitir entregar permisos a conveniencia”.
Rivas coincidió con Lira y dijo:
“Qué casualidad que, después de una ley que crea un nuevo sistema de salud, hoy se hacen reformas que no buscan controlar ni que se asegure calidad de servicios”.
En el pleno, no hubo ningún comentario de ningún diputado del oficialismo en relación al tema, para poder aclarar las preguntas surgidas sobre las reformas ni para defender las mismas.