Public transportation businessman Catalino Miranda passed away at the age of 67 in the early hours of September 29, the same day he was scheduled for a preliminary hearing at the Fourth Court of Instruction on charges of document fraud. His family confirmed the cause of death was kidney cancer that had metastasized to his brain.
Miranda died in the hospital, where he had been admitted for a week after regaining his freedom on September 4, following a request from his daughters who asked that he be allowed to spend his final days at home.
“With profound sorrow, I announce the passing of my beloved father, Catalino Miranda, who has departed from this world, leaving an irreparable void in our lives,” one of his daughters posted on social media.
The businessman had been released from the La Esperanza Penitentiary Center, known as “Mariona,” just 25 days earlier, after the Fourth Court of Instruction granted him conditional release. He was being prosecuted in that court for document fraud.
A day later, the Fifth Sentencing Tribunal reaffirmed Miranda’s freedom; he was accused in that court of fraudulent misrepresentation. In total, the businessman was detained for 1,272 days.
But Miranda’s ordeal and his passage through the prison system began on March 12, 2022, when he was arrested at his company’s premises after President Nayib Bukele announced measures against transport company owners who had raised fares.
That day, Bukele warned the business owners, stating: “We told the transport operators: Do not play with fire. But they did not listen. Now it is too late for Catalino Miranda, but the others can still avoid the same fate.”
The transport executive was taken into custody that night. Public Security authorities asserted at the time that his arrest was due to the fare increase.
However, three days later it emerged that he had been charged with resisting arrest and public disorder.
On March 18, 2022, the 10th Peace Court of San Salvador ordered that Miranda remain in custody on the charge of public disorder.
It was not until March 21 of that year that the Attorney General’s Office finally charged Miranda with the offense of an illegal fare increase. The Seventh Peace Court ruled on that occasion that the case should proceed to the next phase and set bail at $5,000.
Resisting arrest, public disorder, charging above the authorized fare, fraudulent misrepresentation, and document fraud were the five offenses the Attorney General’s Office brought against the public transportation businessman.
The legal proceedings against the businessman continued. A year later, prosecutors added a new charge. On April 24, 2023, he was charged with fraudulent misrepresentation.
According to the new indictment, Miranda allegedly obtained a multimillion-dollar loan through his companies and submitted falsified accounting documents to secure a $2.6 million credit.
In that case, on November 8, 2024, the Fifth Court of Instruction bound him over for trial after prosecutors presented evidence indicating that Miranda committed the offense in 2020. The case moved to the Fifth Sentencing Tribunal.
The final case brought against the businessman was for document fraud. The Attorney General’s Office reported that on June 27, 2024, it had accused the businessman of falsifying a mortgage cancellation document for $1,800,000.00 to evade repayment of a loan. This case was pending a preliminary hearing in the Fourth Court of Instruction of San Salvador.
One Conviction
The only conviction Miranda received was in the first case brought against him. On May 19, 2023, the Third Sentencing Tribunal of San Salvador sentenced the transport executive to three years in prison: two years for public disorder and one year for charging above the authorized fare.
Following his death, Rolando Aparicio, Miranda’s defense attorney, stated that they will seek the definitive dismissal of the businessman’s pending cases and that he will revise the defense strategy in the case before the Fourth Court of Instruction, as he also represents another of the defendants. A brother and a son of Miranda are charged in that proceeding.
The businessman was able to regain his freedom on September 4, 2024, after one of his daughters released a statement two days prior explaining that her father was in the final stages of metastasis, an advanced phase of cancer where tumor cells had spread to other parts of his body.
One of his daughters stated that in April 2024, together with two of her sisters, they published an open letter addressed to President Bukele asking the head of state for clemency given their father’s deteriorating health. However, they received no response to the petition.
He is the second transport executive to die after being detained. This past May, Roberto Jaco, manager of Seisabus, died after five days in custody, having been accused of failing to provide the free transportation service the government was offering at the time.
Los cinco delitos y 1,272 días en prisión de Catalino Miranda
El empresario de transporte público, Catalino Miranda, falleció a los 67 años, la madrugada de este 29 de septiembre, el mismo día que tenía programada la audiencia preliminar en el Juzgado Cuarto de Instrucción por el delito de falsedad material. Su familia confirmó que la causa de muerte fue un cáncer de riñón el cual le causó una metástasis cerebral.
Miranda falleció en el hospital, en el que estuvo ingresado durante una semana, tras haber recuperado su libertad el pasado 4 de septiembre, luego de una solicitud de sus hijas, quienes pidieron que pasara sus últimos días en casa.
“Con profundo dolor, notifico el fallecimiento de mi querido padre Catalino Miranda, quien partió de este mundo dejando un vacío irreparable en nuestras vidas”, publicó en sus redes sociales, una de sus hijas.
El empresario tenía 25 días de haber sido liberado del Centro Penal La Esperanza, conocido como “Mariona”, luego de que el Juzgado Cuarto de Instrucción le otorgara medidas sustitutivas a la detención. En esta sede judicial era procesado por el delito de falsedad material.
Un día después, el Tribunal Quinto de Sentencia reafirmó la libertad de Miranda, quien era acusado en esta sede judicial por el delito de falsedad ideológica. El empresario permaneció en total 1,272 días detenido.
Pero el calvario de Miranda y su paso por el sistema penitenciario inició el 12 de marzo de 2022, cuando fue capturado en las instalaciones de su empresa, luego de que el presidente Nayib Bukele anunció medidas en contra de empresarios de transporte que aumentaron el precio del pasaje.
Ese día, Bukele advirtió a los empresarios y les dijo: “Les dijimos a los transportistas: No jueguen con fuego. Pero no escucharon. Ahora ya es tarde para Catalino Miranda, pero los demás aún pueden no correr con la misma suerte”.
El empresario de transporte fue capturado en horas de la noche. Las autoridades de Seguridad Pública aseguraron en ese momento que su captura obedeció al incremento del pasaje.
Sin embargo, tres días más tarde se conoció que lo acusaron por los delitos de resistencia y desórdenes públicos.
El 18 de marzo de 2022, el Juzgado 10° de Paz de San Salvador decretó que Miranda debía permanecer en prisión por el delito de desórdenes públicos
Fue hasta el 21 de marzo de ese año que la Fiscalía finalmente le imputó a Miranda el delito de aumento ilegal del pasaje. El Juzgado Séptimo de Paz resolvió en esa ocasión que el empresario debía continuar la siguiente fase y solamente decretó el pago de una fianza de $5,000.
Resistencia, desórdenes públicos, venta a precio superior, falsedad ideológica y material fueron los cinco delitos que la Fiscalía le imputó al empresario de transporte público.
Los procesos judiciales en contra del empresario continuaron. Un año después, la Fiscalía le imputó un nuevo delito. El 24 de abril de 2023, lo acusaron de falsedad ideológica.
Según la nueva acusación, Miranda habría accedido a un préstamo millonario por medio de sus sociedades y presentó documentación contable falsa para que le otorgaran un crédito por $2.6 millones.
Por este caso, el 8 de noviembre de 2024, el Juzgado Quinto de Instrucción lo envió a juicio luego que los fiscales del caso aportaron pruebas con las que aseguraron que Miranda cometió el delito en el año 2020. El proceso pasó al Tribunal Quinto de Sentencia.
El último caso imputado al empresario fue el de falsedad material. La Fiscalía informó que acusó al empresario el 27 de junio de 2024 de haber falsificado un documento de cancelación de hipoteca de $1,800,000.00 dólares, a fin de librarse del pago de un préstamo. Este caso se encontraba en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador a espera de la audiencia preliminar.
Una condena
La única condena que Miranda recibió fue por el primer caso que fue imputado. El 19 de mayo de 2023 el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a tres años de prisión al empresario de transporte: dos años por el delito de desórdenes públicos y un año por el delito de venta a precio superior.
Tras el fallecimiento, Rolando Aparicio, defensor de Miranda, mencionó que solicitarán el sobreseimiento definitivo de los procesos que tenía pendiente el empresario y que replanteará la estrategia de la defensa en el caso que lleva el Cuarto de Instrucción, ya que ejerce la defensa de otro de los señalados. En ese proceso se encuentran acusados un hermano y un hijo de Miranda.
El empresario pudo recuperar su libertad hasta el 4 de septiembre de 2025, luego una de sus hijas publicó un comunicado en el que expresó dos días antes que su padre se encontraba en la fase final de una metástasis, una etapa avanzada del cáncer donde las células tumorales se habían diseminado a otras partes del cuerpo.
Miranda aseguró que en abril de 2024, junto a dos hermanas, publicaron una carta abierta dirigida al presidente Bukele en la que pidieron clemencia al mandatario por la salud de su padre, que ya se encontraba deteriorada. Sin embargo, en esa ocasión no obtuvieron ninguna respuesta a la petición.
El empresario de transporte es el segundo que fallece tras haber estado detenido. En mayo pasado, murió Roberto Jaco, gerente de Seisabus, luego de cinco días de permanecer detenido y ser acusado de no brindar el servicio de transporte gratuito que ofreció entonces el gobierno.