The Legislative Assembly approved on Tuesday, with 56 votes, an amendment to the 2025 General Budget Law to incorporate $250 million from an external loan, enabling the Ministry of Finance to cover “certain general obligations” of the state.
On September 3, 2025, the Executive Branch approved Loan Agreement No. 9854-SV, signed on August 19 by the Minister of Finance and on August 18, 2025, by the representative of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), for an amount up to $250 million to finance the operation titled “Development Policy Loan for the Fiscal Sustainability and Resilience of El Salvador.”
According to the presentation by the Ministry’s representative before the Finance Committee on Monday, the loan “supports the measures adopted by the government within the framework of fiscal responsibility” and other government commitments.
The General State Obligations Budgetary Unit is part of the Ministry’s annual operations, which include tax refunds, Social Security payments, life insurance, transfers to the Armed Forces Social Security Institute (IPSFA), and contributions to international organizations, which could constitute current spending—despite the government’s assurance that the 2025 budget was “fully funded.”
However, neither the Ministry’s presentation nor the legislative correspondence specified which budget lines would receive the loan proceeds.
Lack of Transparency
Lawmaker Claudia Ortiz of Vamos cited the lack of information regarding the specific destination of the borrowed funds. The lawmaker voted against the amendment.
“The draft decree does not specifically state how they will be used. And it seems to me, and it is evident, that this creates a transparency problem,” she stated.
She noted that the General State Obligations Budgetary Unit contains 12 different subheadings, making it necessary to disclose which ones require supplemental funding. She also warned that other loans in the same fiscal package negotiated by the government with the International Monetary Fund (IMF) and multilateral organizations could be incorporated into the budget in the same manner.
“Salvadorans want to know how this debt the country is incurring will be allocated. Therefore, this method of incorporating funds into the budget does not meet the necessary criteria for transparency and effective state accountability,” she affirmed.
For his part, lawmaker Giovanny Zaldaña of Nuevas Ideas focused more on the procedural stages of authorization and approval of funds than on their intended use.
“This loan was also granted by the IBRD in recognition of all the strategies and the work the central government is implementing to maintain sounder fiscal policies for that purpose,” he said.
He added that the resilience component refers to having resources available in the event of impacts from natural phenomena.
It is worth noting that the budget line for the Civil Protection, Prevention, and Disaster Mitigation Fund (FOPROMID), which is activated during climate emergencies, is in a different budgetary unit from that of General State Obligations.
Hacienda usará $250 millones de préstamo para cubrir obligaciones generales
La Asamblea Legislativa aprobó este martes, con 56 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto General 2025 para que se incorporen $250 millones provenientes de un préstamo externo para que el Ministerio de Hacienda pueda cubrir «determinadas obligaciones generales» del Estado.
El 3 de septiembre de 2025, el Órgano Ejecutivo aprobó el Contrato de Préstamo No. 9854-SV suscrito el 19 de agosto por el ministro de Hacienda y el 18 de agosto de 2025 por el representante del Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de hasta $250 millones, para financiar la operación denominada “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador”.
De acuerdo a lo expuesto por el representante del Ministerio en la Comisión de Hacienda del lunes, el préstamo «es en apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno en el marco de la responsabilidad fiscal» y otros compromisos del gobierno.
La Unidad Presupuestaria de Obligaciones Generales del Estado es parte de las operaciones que debe realizar el Ministerio cada año, como la revolución de impuestos, pago de Seguridad Social, seguros de vida, transferencias al IPSFA y pago de contribuciones a organismos internacionales, que podría ser gasto corriente, pese a que el gobierno aseguró que el presupuesto de 2025 estaba «completamente financiado».
Sin embargo, ni en la presentación de Hacienda ni en la pieza de correspondencia se especificó en cuáles de las líneas presupuestarias se asignarán esos fondos de deuda pública.
Falta de transparencia
La diputada Claudia Ortiz, de Vamos, señaló la falta de información sobre el destino específico de los fondos provenientes del endeudamiento. La legisladora votó en contra de la reforma.
«No se expresa en el proyecto de decreto específicamente en qué se van a utilizar. Y a mí me parece, y es evidente, que esto genera un problema de transparencia», expresó.
Mencionó que la Unidad Presupuestaria de Obligaciones Generales del Estado tiene 12 subpartidas distintas, por lo que es necesario que se informe cuáles son las que requieren el refuerzo. Y, además, que es preocupante que otros préstamos en el mismo paquete del tema fiscal negociado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y organismos multilaterales pueda incorporarse al presupuesto de la misma manera.
«Los salvadoreños quieren saber en qué se va a asignar esta deuda que el país está incurriendo. Así que esta manera de incorporar los fondos al presupuesto no reúne los criterios necesarios de transparencia y de efectiva rendición de cuentas por parte del Estado», afirmó.
Por su parte, el diputado Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, explicó más las etapas de autorización y aprobación de fondos que el destino de los mismos.
«Este préstamo también ha sido otorgado por el BIRF en reconocimiento a todas las estrategias y el trabajo que está implementando el gobierno central en cuanto a poder mantener las políticas fiscales con esa finalidad, más sanas», dijo.
Y que en la parte de resiliencia se refiere a contar con recursos en caso de afectaciones por fenómenos naturales.
Cabe mencionar que la línea presupuestaria del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID), que es el que se activa en casos de emergencias climáticas, está en otra unidad presupuestaria diferente a la de Obligaciones Generales del Estado.