The U.S. State Department’s Bureau of Economic and Business Affairs has recommended that El Salvador improve its fiscal transparency.
According to the 2025 Fiscal Transparency Report, measures El Salvador could adopt include: eliminating off-budget accounts or subjecting them to adequate oversight and auditing; ensuring the supreme audit institution meets international standards of independence and publishes audits covering the entirety of the executed annual budget; and publishing more information on public contracts.
The report was published on September 19 and includes a section on El Salvador.
Although the report highlights significant progress made by the government—such as ensuring the supreme audit institution’s reports contained substantial findings and publishing budgets, debt obligations, expenditures by ministry and institution, and revenues from state-owned enterprises—it also points to a lack of other data.
“The government maintained off-budget accounts that were not audited, including government Bitcoin holdings,” the report states.
It adds that the supreme audit institution “did not meet international standards of independence. It did not publish timely audit reports covering the entirety of the executed annual budget.”
It also notes that “the government did not make public information on some public procurement contracts.” In fact, it keeps under seal a substantial portion of that information; it has even approved various provisions and special acquisition regimes for certain projects that allow bypassing the processes outlined in the Public Procurement Law.
EE.UU. sugiere a El Salvador publique más información de contrataciones
La Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Comerciales del Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo algunas sugerencias a El Salvador para que mejore la transparencia en el tema fiscal.
De acuerdo al Informe de Transparencia Fiscal 2025, las medidas que El Salvador podría adoptar son: Eliminar las cuentas fuera de presupuesto o someterlas a una supervisión y auditoría adecuadas; garantizar que la entidad fiscalizadora superior cumpla con las normas internacionales de independencia y publique auditorías que cubran todo el presupuesto anual ejecutado; y publicar más información sobre los contratos públicos.
El informe fue publicado el pasado 19 de septiembre e incluye el apartado para El Salvador.
Si bien el informe destaca que el gobierno logró avances significativos al garantizar que los informes de la entidad fiscalizadora superior incluyeran hallazgos sustanciales, se publicaran los presupuestos, las obligaciones de deuda, gastos por ministerio e instituciones y los ingresos de las empresas estatales, señala la falta de otros datos.
«El gobierno mantuvo cuentas extrapresupuestarias que no fueron auditadas, incluidas las tenencias gubernamentales en Bitcoin», dice.
Agrega que la entidad fiscalizadora «no cumplió con los estándares internacionales de independencia. No publicó informes de auditoría oportunos que cubrieran la totalidad del presupuesto anual ejecutado».
Y señala que «el gobierno no hizo pública la información sobre algunos contratos de contratación pública». De hecho, mantiene bajo reserva buena parte de esa información; inclusive se han aprobado varias disposiciones y regímenes especiales de adquisiciones para algunos proyectos que permiten saltarse los procesos de la Ley de Compras Públicas.