The magistrates of the Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro (Third Criminal Chamber of the First Central Section) upheld the provisional detention ordered by the Tribunal Tercero de Sentencia (Third Sentencing Court) against former Attorney General Luis Martínez and two other defendants, who were convicted on August 22 of procedural fraud and failure to investigate.
This followed an appeal filed by the defendants’ attorneys, who argued that there was no legal basis to order provisional detention and that the decision was not in accordance with the law.
On August 22, the Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador convicted former Attorney General Luis Martínez (2012–2015) and sentenced him to 10 years in prison after finding him guilty of procedural fraud and failure to investigate.
Alongside Martínez, former prosecutor Julio Arriaza was sentenced to five years, and attorney Héctor Grimaldi received six years for two counts of procedural fraud.
The magistrates found that the existence of a conviction by the trial court implies “a high risk of obstruction or absconding by the defendants,” as the judge who issued the sentence had already noted.
“In light of the foregoing, this Chamber considers that the ruling issued by the Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador is properly formulated and legally reasoned, in keeping with the procedural standards applicable to the imposition of the precautionary measure of provisional detention; accordingly, it is appropriate to affirm the judicial decision,” states the ruling obtained by El Diario de Hoy.
Judicial sources familiar with the proceedings stated that this ruling only addresses the defense’s appeal against the provisional detention, and it is not yet known whether a separate appeal has been filed against the conviction itself.
The case linking Martínez arises from wiretaps indicating that the former Attorney General ignored repeated calls from the former director of the Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (Telecommunications Interception Center of the Attorney General’s Office), who urged him to prosecute former Ninth Justice of the Peace of San Salvador, Romeo Aurora Giammattei.
The Fiscalía General de la República (Attorney General’s Office) also alleged in its indictment that evidence was tampered with—specifically, psychological expert reports on Enrique Rais and Hugo Blanco Rais—and that Martínez was aware of acts of corruption committed by former judge Romeo Giammattei, which included ordering the detention of Claudia Herrera, yet took no action to halt that process.
The judge also noted in the ruling that Martínez’s conduct was passive, as he could have delegated to assistant prosecutors to initiate investigative proceedings.
Martínez faces another criminal case, known as “Corruptela,” in which he is accused of embezzlement, illicit negotiations, ideological falsehood, accepting a bribe, aggravated document forgery, failure to investigate, and money and asset laundering.
Twenty-nine other individuals are also named in that case. The Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador (Fourth Examining Court of San Salvador) suspended the preliminary hearing on August 12 at the request of the Attorney General’s Office, as some defendants have asked to submit to abbreviated proceedings, judicial sources told this outlet.
In addition, in August 2021 Martínez completed a five-year prison sentence for the offense of disclosing information under seal.
Cámara da la razón a juez y confirma detención de exfiscal Luis Martínez
Los magistrados de la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro dejaron en firme la detención provisional decretada por el Tribunal Tercero de Sentencia en contra del exfiscal Luis Martínez y dos imputados más, que fueron condenados el pasado 22 de agosto por los delitos de fraude procesal y omisión en la investigación.
Esto, luego de que defensores de los acusados interpusieron una apelación ante los magistrados y argumentaron que no existe fundamentación para decretar la medida de la detención provisional y que esta decisión no estuvo apegada a derecho.
El pasado 22 de agosto, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general Luis Martínez (2012-2015) a una pena de 10 años de prisión, luego de encontrarlo culpable por los delitos de fraude procesal y omisión en la investigación.
Junto a Martínez también fueron condenados el exfiscal Julio Arriaza, a una pena de cinco años, y el abogado Héctor Grimaldi recibió seis años por dos hechos de fraude procesal.
Los magistrados advirtieron que al existir una condena por parte de este tribunal esto implica “un alto riesgo de obstaculización o sustracción por parte de los imputados”, tal y como lo consignó el juez que emitió la sentencia.
“De lo anteriormente relacionado, esta Cámara considera que la resolución dictada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, se encuentra formulada y legalmente fundamentada, en atención, a los parámetros procesales correspondiente a la imposición de la medida cautelar de la detención provisional, siendo procedente confirmar la decisión judicial”, detalló la resolución a la que tuvo acceso El Diario de Hoy.
Fuentes judiciales vinculadas al proceso aseguraron que esta solamente es la resolución a la apelación presentada por la defensa en contra de la detención provisional, pero que se desconoce si existe una apelación en contra de la sentencia emitida por el tribunal.
El caso por el que es vinculado Martínez se deriva de escuchas telefónicas, que detallan que el exfiscal ignoró diferentes llamados del exdirector del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía, en los que le pedía procesar al exjuez Noveno de Paz de San Salvador, Romeo Aurora Giammattei.
La Fiscalía también afirmó en su acusación que hubo alteración de pruebas, específicamente de unos peritajes psicológicos que le realizaron a Enrique Rais y a Hugo Blanco Rais y que Martínez tuvo conocimiento sobre estos actos de corrupción realizados por el exjuez Romeo Giammattei, en los que le decretaron la detención a Claudia Herrera y este no hizo nada para detener este proceso.
El juzgador mencionó también durante el fallo que la actitud de Martínez fue pasiva, ya que pudo haber delegado a agentes auxiliares para que iniciaran procesos de investigación.
Martínez tiene abierto otro proceso judicial, el denominado “Corruptela”, en el que es acusado por peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, cohecho propio, falsedad documental agravada, omisión de investigación y lavado de dinero y activos.
En este caso también figuran 29 personas más. El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador suspendió el pasado 12 de agosto la audiencia preliminar, debido a una solicitud de Fiscalía ya que hay imputados que han solicitado someterse a procedimientos abreviados, según informaron fuentes judiciales a este medio de comunicación.
Además, Martínez cumplió en agosto de 2021 una condena de cinco años de prisión por la sentencia recibida por el delito de divulgación de material reservado.