The Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) announced on Tuesday that it will cease executing projects funded by international cooperation and will close its offices until further notice due to the “stifling, arbitrary, and illegal conditions imposed” by the Foreign Agents Law spearheaded by the government of President Nayib Bukele.
It is the fourth non-governmental organization to cease operations in El Salvador after the country’s leading human rights organization — Cristosal — announced in July that it was leaving the Central American country, denouncing escalating harassment and legal threats from the government.
The Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) and the Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) also ceased operations following the passage of the Foreign Agents Law.
In a statement, APES indicated that it has suspended, liquidated, and closed its foreign-funded projects and “we have closed our offices until further notice.” However, it clarified that it will continue providing its services for registering and reporting assaults and violations against the press and will continue “defending the press freedom rights of Salvadoran colleagues.”
“What we absolutely refuse is submission to spurious laws like the Foreign Agents Law,” stated APES President Sergio Arauz on the social media platform X.
APES also denounced that it has spent more than a year trying to obtain credentials for its board of directors through an office of the Ministry of the Interior (Ministerio de Gobernación). “As the Association of Journalists, we will continue to insist, adhering to our right of organization and association, despite the deliberate closure of civic space,” it added.
Bukele has defended the new law, arguing that it is a means to curb foreign influence and corruption.
The law imposes a 30% tax on non-governmental organizations (NGOs) and social associations on any funds or donations they receive from abroad. It also mandates the creation of a registry where all organizations operating in the country must enroll, and grants this new entity broad powers to set the requirements associations must meet.
The law took effect on June 7 and established a 90-day window for any person or organization receiving foreign funding to register, compelling them to provide any information about their activities or finances that may be requested.
APES said that “the registry is designed to wield its power arbitrarily.”
Meanwhile, domestic and international organizations have criticized the law as undemocratic and, they say, a tool to censor, silence, and criminalize human rights work.
El Salvador: asociación de periodistas dice que cierra oficinas debido a Ley de Agentes Extranjeros
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció el martes que dejará de ejecutar proyectos financiados con fondos de la cooperación internacional y cerrará sus oficinas hasta nuevo aviso debido a “las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone” la Ley de Agentes Extranjeros impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Es la cuarta asociación no gubernamental que cierra operaciones en El Salvador luego de que en julio la principal organización de derechos humanos — Cristosal — anunció que abandonaba el país centroamericano tras denunciar un creciente acoso y amenazas jurídicas por parte del gobierno.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) también cesaron operaciones luego de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
APES indicó en un comunicado que han suspendido, liquidado y cerrado sus proyectos cuyo financiamiento proviene del exterior y “hemos cerrado nuestras oficinas hasta nuevo aviso”. Sin embargo, aclaró que seguirá prestando sus servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa y continuará “defendiendo los derechos a la libertad de prensa de los y las colegas salvadoreños”.
“A lo que sí nos negamos es al sometimiento a leyes espurias como la Ley de Agentes Extranjeros”, señaló en la red social X el presidente de la APES, Sergio Arauz.
La APES también denunció que tiene más de un año intentando obtener credenciales para su junta directiva a través de una oficina del Ministerio de Gobernación. “Como Asociación de Periodistas seguiremos insistiendo, apegados a nuestro derecho de organización y asociación, pese al cierre deliberado del espacio cívico”, agregó.
Bukele ha defendido la nueva ley señalando que es una forma de frenar la influencia extranjera y la corrupción.
La ley establece un impuesto del 30% a las ONG y asociaciones sociales sobre los fondos o donaciones que reciban desde el extranjero e impone, además, la creación de un registro al que deben inscribirse todas las organizaciones que operen en el país, además, deja a este nuevo ente amplias facultades para fijar los requisitos que las asociaciones deben cumplir.
La norma entró en vigor el 7 de junio y estableció un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se inscriba en el registro obligando a entregar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que se les requiera.
APES consideró que “el registro está diseñado para usar su poder de manera arbitraria”.
En tanto que organizaciones nacionales e internacionales han criticado la ley por considerarla antidemocrática y una herramienta, dicen, para censurar, silenciar y criminalizar el trabajo en derechos humanos.