Constitutional lawyer Salvador Enrique Anaya Barraza marks 100 days in detention this September 15, following his arrest by police authorities on June 7 at his home in Santa Tecla. The Attorney General’s Office has charged him with money laundering.
Anaya’s arrest unfolded amid a broader sweep targeting other critics of the Salvadoran government, including attorney Ruth López of Cristosal, human rights defender Alejandro Henríquez, and pastor and community leader José Ángel Pérez.
Today, a group of lawyers, family members, and close friends of Anaya will march to demand the constitutional lawyer’s release. Attorney Jaime Quintanilla, who represents Anaya, has repeatedly asserted that his client’s detention is, and always has been, “arbitrary.”
“We will not cease to declare and denounce that Enrique’s detention has been arbitrary from the outset; it stems from his role as a dissenting voice against the government—not only this one but previous administrations as well,” Quintanilla told El Diario de Hoy.
He added that authorities have criminalized Anaya’s constitutionally guaranteed right to free expression and fabricated a case against him.
“They have concocted some case ‘X’—entirely invented, of course—based on facts we do not even fully know. To this day, we remain in the dark about what precisely prompted his administrative detention by prosecutors,” Quintanilla stated.
Furthermore, he affirmed that they have had no word from Enrique Anaya since he was transferred to a penitentiary. According to reports, the constitutional lawyer was sent on July 10 to the Centro Penal La Occidental (La Occidental Prison), located in Santa Ana.
“To date, we know absolutely nothing about Enrique Anaya. We have tried every avenue, and as his defense team, we have requested permission from the Dirección General de Centros Penales (General Directorate of Prisons, DGCP) for a visit as attorneys, in accordance with the law, but have received no response thus far,” the defender said.
After the DGCP’s refusal, they filed a motion with the Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Santa Ana (Second Court for Penitentiary Oversight of Santa Ana) seeking authorization for a prison visit. The request was denied.
“We turned to the competent judge, and while we are aware of the broader circumstances, the judges invoke the state of exception as their shield, claiming that under it, the accused has no rights—that the right to an effective defense exists in name only, and it falls to the Ministry of Justice and Penitentiary Centers to decide whether to uphold those rights,” Quintanilla challenged.
Lastly, they filed a motion with the Cámara mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la Primera Sección del Centro (Mixed Chamber for Traffic and for Penitentiary Oversight and Enforcement of Sentences of the First Section of the Center), which to date has not ruled on the request.
No Response on Habeas Corpus
Quintanilla also mentioned that they are exhausting all domestic legal remedies in Anaya’s judicial process.
On June 20, the Corte Suprema de Justicia (Supreme Court of Justice) admitted the petition for habeas corpus (known locally as exhibición personal) on behalf of Anaya Barraza, citing violations of his rights to health and to an adequate defense.
Yet after nearly three months, the defense team still awaits a response. What the justices of the Sala de lo Constitucional (Constitutional Chamber) have decided is to place this habeas corpus petition under seal.
“They have locked it away under seal; I was unaware that such proceedings could be declared confidential. The Constitutional Chamber told us it cannot be disclosed. We are awaiting the resolution on the habeas corpus regarding the rights to health and defense, which we believe have been infringed,” Quintanilla said.
He added that last Friday, he submitted a filing to the Chamber addressing the elapsed time since the habeas corpus was presented. “We are awaiting swift and thorough justice, but it does not exist. We are waiting for them to resolve it, as that will pave the way for us to exhaust this route and proceed to international bodies to activate complaints and remedies on human rights grounds,” the defender asserted.
Enrique Anaya cumple 100 días en prisión y su defensa señala irregularidades
El abogado constitucionalista, Salvador Enrique Anaya Barraza, cumple este 15 de septiembre 100 días de permanecer detenido, luego de que autoridades policiales lo capturaran el pasado 7 de junio en su vivienda ubicada en Santa Tecla y es acusado por la Fiscalía por el delito de lavado de dinero.
La captura de Anaya ocurrió en un contexto en el que fueron aprehendidas otras voces críticas del gobierno salvadoreño como la abogada Ruth López, de Cristosal; el defensor de derechos humanos Alejandro Henríquez, y un pastor y líder comunitario José Ángel Pérez.
Este día, un grupo de abogados, familiares y amigos cercanos de Anaya marcharán para pedir por la liberación del constitucionalista. El abogado Jaime Quintanilla, quien representa a Anaya, ha reiterado que la detención de su defendido es y siempre ha sido “arbitraria”.
“No vamos a dejar de decir y denunciar que la detención de Enrique desde su origen es arbitraria, es respuesta a una situación que él ha sido una voz disidente del gobierno siempre, no solo de este gobierno sino de gobiernos anteriores”, dijo Quintanilla en declaraciones a El Diario de Hoy.
Añadió que las autoridades han criminalizado el derecho de Anaya a expresarse, como lo garantiza la Constitución de la República y que le han creado un proceso.
“Le han buscado un caso ‘X’, inventado desde luego por hechos que incluso ni conocemos a ciencia cierta. Sobre qué fue lo que ocasionó su detención administrativa por parte de fiscalía hasta ahora no lo sabemos”, mencionó Quintanilla.
Además, aseguró que desde que Enrique Anaya fue trasladado a un centro penitenciario no han sabido nada de él. Según se conoció, el constitucionalista fue enviado el 10 de julio al Centro Penal La Occidental, ubicado en Santa Ana.
“Hasta la fecha no sabemos absolutamente nada de Enrique Anaya, hemos tratado la manera y como defensa hemos solicitado a la Dirección General de Centros Penales que nos permita la visita como abogados como la ley establece pero hasta ahora no hay respuestas”, dijo el defensor.
Ante la negativa de la DGCP decidieron interponer un recurso ante el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Santa Ana para que permitieran una visita en centro penal. Sin embargo, la solicitud fue denegada.
“Acudimos al juez competente y aunque ya sabemos la situación, pero en lo que se amparan los jueces es que existe un régimen de excepción y como existe eso el imputado no tiene derechos, el derecho a una defensa como tal para ellos existe y que es responsabilidad del Ministerio de Justicia y Centros Penales el poder ejercer esos derechos o no”, cuestionó Quintanilla.
Por último interpusieron un recurso a la Cámara mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de la Primera Sección del Centro, pero hasta la fecha aún no ha resuelto la solicitud.
Sin respuesta de habeas corpus
Quintanilla también mencionó que están agotando todas las instancias internas en el proceso judicial de Anaya.
La Corte Suprema de Justicia admitió el pasado 20 de junio el recurso de hábeas corpus (conocido como exhibición personal) a favor de Anaya Barraza, por la vulneración de sus derechos a la salud y a la defensa adecuada.
Sin embargo, luego de casi tres meses, la defensa aún no tiene una respuesta de este escrito. Lo que sí han resuelto los magistrados de la Sala de lo Constitucional es que han puesto en reserva este habeas corpus.
“Le han echado llave bajo una reserva, no sabía que estos procesos podían ser declarados en reserva, nos dijeron (la Sala de lo Constitucional) que eso no se puede divulgar, estamos esperando la resolución sobre el caso del habeas corpus por el tema al derecho a la salud y defensa que creemos que están vulnerados”, dijo Quintanilla.
Añadió que el pasado viernes presentó un escrito a la Sala por el tiempo transcurrido desde que presentaron el habeas corpus.”Estamos esperando la pronta y cumplida justicia, pero no existe. Estamos esperando que nos resuelvan por que eso nos va a dar pauta para agotar esa vía e ir a las instancias internacionales para activar denuncias y recursos por el tema de derechos humanos”, aseveró el defensor.