I was working in El Salvador when President Nayib Bukele declared a state of exception. In 2022, after a sudden spike in homicides, he suspended due process and sent soldiers into neighborhoods. Overnight, thousands were detained. Many were guilty. Many were not.

Bukele’s crackdown raised a simple, brutal question: What is the value of democracy without security?

Now, as troops are threatened for deployment in American cities, notably Chicago, we face the inverse: What is the value of security without democracy? Salvadorans saw violence drop, streets reopen, tourism grow. But three years later, the state of exception remains. Security became the justification, democracy the casualty. That is the trade-off we must avoid.

Of course, El Salvador’s democracy has always been more fragile than our own. The state of exception came in the wake of decades of violence and weak institutions. The United States is different: We’re stronger and our systems of accountability more resilient. That is precisely why the comparison matters.

Bukele acted in what many believed was a true emergency — but the danger lies in how quickly emergency became routine. For us, with crime already declining, to choose force now would not be necessity. It would be neglect.

President Donald Trump threatens to deploy the National Guard to Chicago. I do not believe we are in a state of emergency. Chicago’s homicides are down more than 30%. Shootings have fallen nearly 40%. Across the country, violent crime is also declining — the FBI reported the sharpest one-year drop in decades. And yet the reflex is familiar: to meet fear with force.

We’ve been here before. In the 1990s, mass incarceration brought a short-term drop in homicides. But because we failed to invest in communities at the same time, the harm was generational — fractured families, diminished opportunity, neighborhoods stripped of trust. The result was less safety and less democracy.

The lesson is not that force never shifts numbers. The lesson is that force alone never builds peace. And right now, with crime declining, we have a rare opportunity to invest in what does — without sacrificing democracy in the process.

We know layered investments work. It’s why some analysts attribute today’s drop in violence to many factors: the maturing of the community violence intervention movement, targeted policing reforms, demographic changes, pandemic-era disruptions easing, even shifts in drug markets. The point is not that one approach “solved” violence, but that overlapping strategies can move the needle — safely, and without eroding rights.

Which is why the next question is so urgent: Can we seize this moment to do more than react to crime? Can we use this fragile window of progress to imagine and invest in what comes next — before fear pushes us back toward force alone?

What if violence interrupters — trusted precisely because of their lived experience — became community health workers, providing basic care and connecting people to essential services, helping not only to mediate conflict but also to strengthen stability every day?

What if we encouraged the flow of investment and homeownership usually dismissed as gentrification, but designed it so the money stayed local and residents stayed in place? What if parks, libraries and schools were funded as one system — even if it meant breaking old bureaucracies — so the very institutions that define neighborhood life were reinforced?

None of this is easy, especially in a time of scarcity, such as what Chicago and governments across Illinois face. Federal and state budgets are tightening, raising taxes is often unpalatable and philanthropies are stretched.

El Salvador shows us what happens when force becomes the only measure of progress: Security is fragile, and democracy pays the price.

Talk of bringing in the National Guard is less a solution than a distraction — a show of force that diverts attention away from the deeper investments communities need. The opportunity before us is to ask: If violence is no longer the defining crisis in our most marginalized communities, what do we build instead? And how do we get there, fast, even in a time of scarcity?

That is the work ahead — for El Salvador, Chicago and cities across the country. Not just keeping peace in the absence of conflict, but investing — creatively and urgently — in the conditions that allow every community to thrive.

Yakima Herald-Republic: https://www.yakimaherald.com/opinion/commentary-what-el-salvador-teaches-us-about-safety-without-democracy/article_db8c85d5-3c8e-47b9-bc0e-42ed788995d1.html

Opinión: La lección de El Salvador sobre la seguridad sin democracia

Yo trabajaba en El Salvador cuando el presidente Nayib Bukele declaró un régimen de excepción. En 2022, tras un repunte súbito de homicidios, suspendió el debido proceso y envió soldados a los barrios. De la noche a la mañana, miles fueron detenidos. Muchos eran culpables. Muchos no lo eran.

La mano dura de Bukele planteó una pregunta simple y brutal: ¿qué valor tiene la democracia sin seguridad?

Ahora que se amenaza con desplegar tropas en ciudades estadounidenses, en particular en Chicago, nos enfrentamos a la pregunta inversa: ¿qué valor tiene la seguridad sin democracia? Los salvadoreños vieron disminuir la violencia, reabrirse las calles y crecer el turismo. Pero, tres años después, el régimen de excepción sigue vigente. La seguridad se convirtió en la justificación y la democracia, en la víctima. Ese es el sacrificio que debemos evitar.

Desde luego, la democracia de El Salvador ha sido siempre más frágil que la nuestra. El régimen de excepción llegó tras décadas de violencia e instituciones débiles. Estados Unidos es distinto: somos más fuertes y nuestros sistemas de rendición de cuentas son más resilientes. Precisamente por eso la comparación importa.

Bukele actuó en lo que muchos consideraron una verdadera emergencia, pero el peligro radica en la rapidez con que la emergencia se volvió rutina. Para nosotros, con el crimen ya en descenso, optar ahora por la fuerza no sería una necesidad. Sería negligencia.

El presidente Donald Trump amenaza con desplegar la Guardia Nacional en Chicago. No creo que estemos en un estado de emergencia. Los homicidios en Chicago han caído más de un 30%. Los tiroteos han disminuido casi un 40%. En todo el país, el crimen violento también está disminuyendo: el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reportó la caída interanual más pronunciada en décadas. Y, aun así, el reflejo es conocido: responder al miedo con fuerza.

Ya hemos estado aquí. En la década de 1990, el encarcelamiento masivo provocó una reducción a corto plazo de los homicidios. Pero, como no invertimos al mismo tiempo en las comunidades, el daño fue generacional: familias fracturadas, oportunidades mermadas, barrios despojados de confianza. El resultado fue menos seguridad y menos democracia.

La lección no es que la fuerza nunca mueva los números. La lección es que la fuerza por sí sola nunca construye la paz. Y ahora, con el crimen en descenso, tenemos una oportunidad poco común de invertir en lo que sí la construye, sin sacrificar la democracia en el proceso.

Sabemos que las inversiones multidimensionales funcionan. Es por eso que algunos analistas atribuyen la actual caída en la violencia a muchos factores: la maduración del movimiento de intervención en la violencia comunitaria, reformas policiales focalizadas, cambios demográficos, el alivio de las disrupciones de la pandemia, incluso cambios en los mercados de drogas. El punto no es que un solo enfoque “resolviera” la violencia, sino que estrategias entrelazadas pueden inclinar la balanza, de manera segura y sin erosionar derechos.

De ahí que la siguiente pregunta sea tan urgente: ¿podemos aprovechar este momento para hacer más que reaccionar al crimen? ¿Podemos usar esta frágil ventana de progreso para imaginar e invertir en lo que viene después, antes de que el miedo nos empuje de vuelta a la pura fuerza?

¿Y si los mediadores de violencia —en quienes se confía precisamente por su experiencia vivida— se convirtieran en promotores de salud comunitaria, prestando atención básica y conectando a las personas con servicios esenciales, ayudando no solo a mediar conflictos sino también a fortalecer la estabilidad día a día?

¿Y si fomentáramos el flujo de inversión y la compra de viviendas que suele desestimarse como gentrificación, pero lo diseñáramos de modo que el dinero permaneciera en lo local y los residentes se quedaran en sus barrios? ¿Y si parques, bibliotecas y escuelas se financiaran como un sistema único —incluso si eso implicara romper viejas burocracias— para que se reforzaran las mismas instituciones que definen la vida de un barrio?

Nada de esto es fácil, especialmente en tiempos de escasez, como los que enfrentan Chicago y los gobiernos de todo Illinois. Los presupuestos federales y estatales se están ajustando, aumentar los impuestos suele ser impopular y las fundaciones filantrópicas están al límite.

El Salvador nos muestra lo que ocurre cuando la fuerza se convierte en la única vara para medir el progreso: la seguridad es frágil y la democracia paga el precio.

Hablar de traer a la Guardia Nacional es menos una solución que una distracción: una demostración de fuerza que desvía la atención de las inversiones profundas que las comunidades necesitan. La oportunidad que tenemos ante nosotros es preguntarnos: si la violencia ya no es la crisis definitoria en nuestras comunidades más marginadas, ¿qué construimos en su lugar? ¿Y cómo llegamos allí, rápido, incluso en tiempos de escasez?

Ese es el trabajo que tenemos por delante, para El Salvador, Chicago y ciudades de todo el país. No se trata solo de mantener la paz en ausencia de conflicto, sino de invertir —con creatividad y urgencia— en las condiciones que permitan que todas las comunidades prosperen.

Yakima Herald-Republic: https://www.yakimaherald.com/opinion/commentary-what-el-salvador-teaches-us-about-safety-without-democracy/article_db8c85d5-3c8e-47b9-bc0e-42ed788995d1.html