Spain’s judiciary has reaffirmed protection measures for lawyers Rudy Joya and Ivania Cruz, who are also spokespersons for the Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unit for the Defense of Human and Community Rights, Unidehc), and notified them that these measures supersede an INTERPOL red notice stemming from legal proceedings against them in El Salvador.
LA PRENSA GRÁFICA has learned that the red notice arrived in Madrid, Spain, on Tuesday, September 2, 2025. The Madrid Police Headquarters notified Joya first, and subsequently Cruz, of the international warrant, prompting both spokespersons to voluntarily appear at the station.
Following this, Spain’s judiciary sent an official communication to the Fifth Court Against Organized Crime of San Salvador, informing it of the lawyers’ voluntary appearance. In two separate hearings, one for each, a Spanish judge ruled to maintain their protection measures, having verified they have been granted refuge in Gallarta, Basque Country, Spain, since mid-2025 and after hearing their statements.
Consequently, the red notice issued by the Fifth Court Against Organized Crime against the spokespersons will not be enforced, meaning they cannot be arrested by INTERPOL on Spanish territory.
Joya and Cruz are accused by the Attorney General’s Office (FGR) of El Salvador of illicit association and the illegal sale of land parcels, to the detriment of Joni Laurde Cisneros Mancía and Óscar Armando Góchez. The proceedings, known as the La Floresta case, have sent 24 other individuals to the pretrial investigation phase, including another Unidehc spokesperson, Fidel Zavala.
On March 18 of this year, that court committed Joya and Cruz, as well as Julio Armando Alas Sandoval and Elba Rivera, to the pretrial investigation phase; the latter two are accused of illicit association, property usurpation, and illegal restriction of freedom of movement. On May 5, the court declared them fugitives after they failed to appear at a preliminary hearing and activated the red notice.
Joya and Cruz traveled to Europe early this year and filed a series of complaints with international human rights bodies regarding violations of the rule of law, human rights, and other abuses that have occurred in El Salvador in recent years.
In July of this year, the Committee of Solidarity with Salvadorans in the Basque Country (Euskal Herria) in Spain held a demonstration to denounce human rights violations, the prosecutions against human rights defenders in El Salvador, and the passage of the Foreign Agents Law.
Furthermore, in June, organizations stated that political judicialization is occurring, meaning that institutions such as the Attorney General’s Office, the police (PNC), and the judiciary are initiating proceedings against human rights defenders or dissident voices, among them the spokespersons for Unidehc.
At least 80 people, including human rights defenders and journalists, have fled the country in recent months, according to civil society organizations at a recent hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) in August. Many spokespersons for these institutions, including Joya and Cruz, are among those in exile.
Additionally, international institutions such as Human Rights Watch, Amnesty International, the IACHR, and others have spoken out regarding the work of human rights defenders in El Salvador, stating that “respect and protection for defenders must be guaranteed.”
Reiteran medidas de protección para voceros de Unidehc refugiados en España
La Administración de Justicia de España reiteró las medidas de protección a favor de los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, también voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), y les notificó que estas medidas están por encima de la difusión roja de INTERPOL debido a un proceso judicial en su contra en El Salvador.
LA PRENSA GRÁFICA tuvo conocimiento que la alerta roja llegó a Madrid, España, el martes 2 de septiembre de 2025 y la Comisaría de Madrid notificó a Joya, en primera instancia, y posteriormente a Cruz, sobre la orden internacional, por lo que ambos voceros se presentaron de manera voluntaria a dicha dependencia.
Luego de ello la Administración de Justicia de España envió un oficio al Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador notificando la comparecencia voluntaria de ambos abogados. Se realizaron dos audiencias, una para cada uno, en la cual un juez español determinó mantener las medidas de protección hacia ambos, tras verificar que cuentan con refugio en Gallarta, País Vasco, España, desde mediados de este año y luego de escuchar las posturas de ambos.
De esta manera, la difusión roja decretada por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado en contra de los voceros no procederá, por lo que no pueden ser capturados por INTERPOL en territorio español.
Joya y Cruz son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador por los delitos de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de parcelas o lotificaciones en perjuicio de Joni Laurde Cisneros Mancía y Óscar Armando Góchez, en un proceso donde 24 personas más han sido enviados a instrucción en el caso conocido como La Floresta, incluido otro vocero de Unidehc, Fidel Zavala.
El 18 de marzo de este año, dicho Tribunal envió a instrucción a Joya y Cruz, así como a Julio Armando Alas Sandoval y Elba Rivera, estos últimos acusados por los delitos de agrupaciones ilícitas , usurpación de inmuebles y limitación ilegal a la libertad de circulación. El 5 de mayo, este Tribunal los declaró rebeldes tras no presentarse a la audiencia de imposición de medidas y activó la difusión roja.
Joya y Cruz viajaron a Europa a inicios de este año y realizaron una serie de denuncias ante instancias internacionales de derechos humanos sobre las vulneraciones al estado de derecho, derechos humanos y demás ocurridas en El Salvador en los últimos años.
En julio de este año, el Comité de Solidaridad de Salvadoreñas y Salvadoreños en el País Vasco (Euskal Herria), en España, realizó una concentración para denunciar violaciones a derechos humanos, los procesos en contra de defensores de derechos humanos en El Salvador y la aprobación de Ley de Agentes Extranjeros.
Además, en junio, organizaciones expusieron que hay judicialización política, en el sentido que instituciones como la Fiscalía, Policía Nacional Civil (PNC) y el Órgano Judicial realizan procesos contra personas defensoras de derechos humanos o que son una voz disidente, entre los que se encuentran los voceros de Unidehc.
Al menos 80 personas, entre defensores de derechos humanos y periodistas, han salido del país en los últimos meses, según expusieron organizaciones civiles en la reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en agosto, entre los que se encuentran en el exilio muchos voceros de esas instituciones, entre ellos, Joya y Cruz.
Además, instituciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la CIDH y otras se han pronunciado acerca de la labor de los defensores humanos en El Salvador, señalando que “debe garantizarse el respeto y la protección hacia los defensores”.