María Inés Dávila and Rafael Paz Narváez, of the Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, asserted on Friday, September 5, in a radio interview on YSUCA, that there is criminalization and stigmatization of human rights defenders and that, to date, 71 people have been arrested as a result of this persecution, although not all are currently in prison.
They said that in recent months they have observed increasing harm to human rights defenders, who have received threats and harassment, and that the most visible development has been their arrest.
Rafael Paz Narváez said that among the cases they have documented are defenders of labor and union rights. He noted that of these, two have died in prison and one has been forcibly disappeared. He also spoke of community leaders, Indigenous leaders, environmentalists, and spokespersons for grassroots organizations.
“In just these categories there are 71 people who have been arrested; 37 remain in prison, while others are already at home under alternative measures. Another 16 have secured their full release,” Narváez asserted. He said these figures do not include former officials from previous administrations who are categorized as political prisoners.
He also referred to the case of Ruth Eleonora López, a Cristosal attorney who was arrested in May of this year and who worked at the Tribunal Supremo Electoral (Supreme Electoral Tribunal, TSE) in previous administrations. She is accused of illicit enrichment, but Narváez maintained that if “due process” existed, she would be free, since the accusations against her are “spurious.”
For the representatives of the Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, these individuals and other human rights defenders are being detained “for the act of disseminating information to people about their rights, accompanying victims of human rights violations, and encouraging organization, association, and freedom of expression.”
“Promoting respect for human rights at this time is being targeted in a way that undermines this vitally important work, which has been carried out for several decades and has helped people build a dignified life. We are watching with concern a series of actions that are harming this work in the country right now,” stated María Inés Dávila.
She asserted that this type of persecution and threats against defenders is intended “to discourage people from continuing to defend rights, to silence victims, and to prevent them from exposing the problems they are facing.”
In the interview, Dávila also cited the case of Fidel Zavala, who was imprisoned and, upon release, denounced what he experienced in prison, only to be rearrested to “silence” him. She said this is a way of “perpetuating impunity for all the violations occurring under the state of exception, undermining the rule of law, and creating an illusion for the entire population of the supposed security in which we live.”
She also mentioned the arrests of Pastor José Pérez, environmental defender Alejandro Henríquez, and constitutional lawyer Enrique Anaya, among others.
Contabilizan 71 defensores de derechos humanos que han sido capturados en El Salvador
María Inés Dávila y Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, aseguraron este viernes 5 de septiembre en la entrevista radial de YSUCA, que hay una criminalización y estigmatización hacia las personas defensoras de derechos humanos y que a la fecha hay 71 personas que han sido capturadas producto de esta persecución, aunque no todas están en prisión actualmente.
Dijeron que en los últimos meses han notado un aumento de afectaciones para las personas defensoras de derechos humanos, ya que han recibido amenazas, hostigamientos y que lo más evidente ha sido la captura de estas personas.
Rafael Paz Narváez dijo que entre los casos que han documentado hay defensoras y defensores de derechos laborales y sindicales. Destacó que de estos ya hay dos que murieron en la cárcel y uno que está en condición de desaparición forzada. También habló de dirigentes comunitarios, indígenas, ambientalistas y voceros de organizaciones populares.
Solo en estas categorías hay un total de 71 personas que han sido capturadas, 37 de ellas están en prisión directamente y otras ya están en casa con medidas sustitutivas. Otras 16 han logrado una libertad definitiva”, aseveró Narváez.
En estas cifras dijo que no están incluidos los ex funcionarios de gobiernos anteriores que son catalogados como presos políticos.
También se refirió al caso de Ruth Eleonora López, abogada de Cristosal, que fue capturada en mayo de este año y que trabajó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en gobiernos anteriores. Ell es acusada de enriquecimiento ilícito, pero Narváez aseguró que si existiera el “debido proceso” ella estaría libre, ya que las acusaciones contra ella son “espurias”.
Para los representantes del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, estas personas y otras defensoras de derechos humanos están detenidas por “el hecho de difundir, informar a las personas sobre sus derechos, acompañar a las víctimas en las violaciones de derechos humanos, motivar la organización, asociación y libertad de expresión.
“Difundir el tema del respeto a los derechos humanos, en estos momentos, es una situación de afectación a esta importantísima labor que se ha venido realizando durante varias décadas y que ha contribuido para que las personas podamos ir trabajando en la construcción de una vida digna. Estamos viendo con preocupación una serie de acciones que están afectando esta labor en el país y en este momento”, aseveró Mará Inés Dávila.
Aseguró que este tipo de persecución y amenazas que hacen contra las personas defensoras son para “desmotivar a que las personas sigan defendiendo derechos, silenciar a las víctimas y que no den a conocer la problemática que está enfrentando”.
En la entrevista, Dávila también expuso el ejemplo el caso de Fidel Zavala, quien estuvo preso y al salir denunció lo que vivió en la cárcel, pero que después, para “silenciarlo”, lo volvieron a capturar. Dijo que eso es una forma de “perpetuar la impunidad de todas las violaciones que están ocurriendo en un marco del régimen de excepción, el deterioro del estado de derecho y crear un engaño para todo la población sobre una supuesta seguridad en la que estamos”.
También mencionó las capturas del pastor José Pérez, el defensor ambiental Alejandro Henríquez, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, entre otros.