The role of formal education in a society extends far beyond the mere transmission of knowledge and academic skills. Primary socialization spaces such as schools play a central role in shaping personal and collective identity, and in instilling norms, social values, and behavioral patterns that enable children to integrate and recognize themselves as part of a society. Schools build knowledge and competencies during childhood that mold ways of thinking, acting, and interpreting the world.

Education is also the central pillar of a country’s economic progress and a vehicle for promoting social mobility, reducing inequalities, and equipping young people with the skills to adapt to new market challenges.

In a democratic, modern society, education aspires to form citizens with critical thinking and democratic values, who defend their rights and participate actively in the public sphere.

It is also well known that there is a close relationship between education and the prevention of violence. Public investment in education remains an effective prevention policy, given its significant role as a protective factor against violence. Empirical evidence from several countries has shown that higher educational attainment and better education quality predict reductions in youth violence. By contrast, problems such as school dropout have proven to be risk factors for young people’s involvement in criminal activities; hence many violence-prevention interventions have focused on increasing school attendance and the time children and adolescents spend in school.

El Salvador, with its long history of violence, is moving in the opposite direction. Contrary to its much-publicized security push, the Bukele administrations have deepened the education crisis through greater neglect of schools and the accelerated dismantling of the public education system. The Education Ministry has been among the hardest hit by budget cuts in recent years, and available coverage and quality indicators show severe deterioration. To the already precarious situation of many schools in terms of infrastructure, materials, technological access, and teacher shortages has been added the closure of dozens of schools and the firing of thousands of teachers, most through irregular procedures and intimidating tactics.

The repressive arm of the state of exception has also reached schools and high schools. Teachers have denounced that since 2022 the departmental education directorates have imposed on public schools the use of a “school disciplinary record” in which they log students’ irregular behavior inside and outside school grounds. Behavioral profiling of some young people, even when not linked to crimes, has in various cases led to police intervention, arrests, and criminal prosecution of students. This is a repressive disciplining mechanism targeting students who do not conform to the norm, with ensuing stigmatization and criminalization. This measure may be contributing to school dropout among many children and adolescents, given their and their families’ fear of being criminalized and imprisoned.

This scenario sketches a progressive dismantling of the public education system that has moved in step with the advance of Bukele’s authoritarian regime. In this context, the appointment of an army captain as Minister of Education, with no experience or expertise in education management, is not entirely surprising. The military’s intervention in schools—through the appointment of military cadres and educational reforms aimed at forging submissive and obedient citizens—was pivotal to the advance of twentieth-century dictatorial projects in El Salvador and other Latin American countries. By controlling the education system, dictatorships have sought to suppress critical thinking, impose their values, ideologies, narratives, and a monolithic mindset designed to homogenize the population. In doing so, they have sought to eliminate dissent and shape a mass of obedient, loyal, and submissive citizens to facilitate their perpetuation in power.

Although in recent weeks the national conversation seems to have orbited around the military-style haircuts the new minister has imposed in schools, there is no doubt that El Salvador is heading into a new era of militarism, marked by the outsized influence of the military in social and political institutions. This goes beyond the militarization of civilian spaces and seeks to establish an ideological and cultural hegemony that will ease Bukele and the ruling group’s perpetuation in power.

Jeannette Aguilar, a social researcher specializing in violence, security, and human rights. Former Director of the Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop, University Institute of Public Opinion) at the Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA, Central American University).

Gato Encerrado: https://gatoencerrado.news/2025/09/02/el-militarismo-en-la-educacion-para-el-control-ideologico-y-social/

El militarismo en la educación como herramienta para el control ideológico y social en El Salvador

El rol de la educación formal en una sociedad trasciende la mera transmisión de saberes y competencias académicas. Espacios de socialización primaria como la escuela juega un papel central en la formación de la identidad personal y colectiva, y en la interiorización de normas, valores sociales y formas de conducta que permiten a los niños y niñas integrarse y reconocerse como parte de una sociedad. La escuela construye conocimientos y competencias en la infancia que moldean las formas de pensar, actuar e interpretar el mundo.

La educación es además el eje central sobre el que se articula el progreso económico de un país y un vehículo para promover la movilidad social, reducir las desigualdades y dotar a las juventudes de las capacidades para adaptarse a los nuevos desafíos del mercado.

En una sociedad democrática y moderna, la educación apuesta por la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y valores democráticos, que defienden sus derechos y participan activamente en la esfera pública. 

También, como es sabido, hay una estrecha relación entre la educación y la prevención de la violencia. La inversión pública en la educación sigue siendo una eficaz política de prevención, dado su importante rol como factor de protección ante la violencia. La evidencia empírica en diversos países ha mostrado que mayores niveles educativos y mejor calidad de la educación son predictores de la reducción de la violencia juvenil. Contrario a ello, problemas como la deserción escolar han mostrado ser un factor de riesgo para la participación de las personas jóvenes en actividades criminales; de allí que diversas intervenciones de prevención de la violencia se han enfocado en aumentar la asistencia escolar y el tiempo de permanencia de niños y adolescentes en la escuela.

El Salvador, con su largo historial de violencia está siguiendo un rumbo contrario. En contrasentido con su publicitada apuesta por la seguridad, los gobiernos de Bukele han profundizado la crisis educativa mediante un mayor abandono de las escuelas y un acelerado desmontaje del sistema educativo público. La cartera de educación ha sido una de las más afectadas por recortes presupuestarios en los últimos años e indicadores de cobertura y calidad educativa disponibles muestran un severo deterioro. A la precaria situación de muchos centros educativos en términos de infraestructura, materiales, acceso tecnológico y déficit docente, se ha sumado el cierre de docenas de escuelas y el despido de miles de docentes, la mayoría mediante procedimientos irregulares y mecanismos intimidatorios. 

El brazo represivo del régimen de excepción también ha llegado también a las escuelas e institutos de educación media. Docentes han denunciado que desde 2022 las direcciones departamentales de educación han impuesto a los centros educativos públicos el uso de una “ficha de disciplina escolar” en la que consignan el comportamiento irregular de los estudiantes dentro y fuera de los centros educativos. El perfilamiento conductual de algunos jóvenes, aun cuando no está referido a delitos ha derivado en diversos casos en la intervención policial, captura y procesamiento penal de estudiantes. Se trata de un mecanismo de disciplinamiento represivo de aquellos estudiantes que no encajen en la norma, y su consecuente estigmatización y criminalización. Esta medida podría estar contribuyendo al abandono escolar de muchos niños y adolescentes dado el temor de ellos y sus familiares de que sean criminalizados y encarcelados. 

Este escenario dibuja un progresivo desmontaje del sistema de educación pública que ha sido concomitante al grado de avance del régimen autoritario de Bukele. En este contexto, el nombramiento de una capitana del ejército como ministra de Educación, sin experiencia ni conocimientos sobre gestión educativa, no es del todo sorprendente. La intervención militar de las escuelas mediante el nombramiento de cuadros castrenses y reformas educativas que buscaban forjar ciudadanos sumisos y obedientes, fueron claves para el avance de los proyectos dictatoriales del siglo XX en El Salvador y otros países latinoamericanos. Mediante el control del sistema educativo, las dictaduras han pretendido suprimir el pensamiento crítico, imponer sus valores, ideologías, narrativas y un pensamiento único destinado a homogenizar a la población. Con ello, han buscado eliminar las disidencias y moldear una masa de ciudadanos obedientes, leales y sumisos que faciliten su perpetuación en el poder.

Si bien la conversación nacional parece haber orbitado en las últimas semanas alrededor de los cortes de pelo estilo militar que ha impuesto la nueva ministra en las escuelas, no cabe duda de que El Salvador se encamina a una nueva era de militarismo, marcada por el desmedido influjo de los militares en las instituciones sociales y políticas, que trasciende la militarización de los espacios civiles y apuesta por instaurar una hegemonía ideológica y cultural que les facilite a Bukele y al grupo gobernante su perpetuación en el poder.

Jeannette Aguilar, Investigadora social especializada en temas de violencia, seguridad y derechos humanos. Ex-directora del Iudop de la UCA.

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