Nicol Vásquez is a minor who was reported missing on August 14 of this year. She was last seen in San Juan Opico, La Libertad, while heading toward the Florencia neighborhood in that municipality. Her family asked for help on social media, from friends and neighbors, to publicize her situation and find her. But so far, their efforts have not yielded results.

Nicol’s case is one of seven disappearance alerts that civil society organizations have issued during the month of August. To these are added two that the Attorney General’s Office (FGR) posted on its own social media. Of these, two people were found alive (the FGR cases), while two were found deceased, and the remaining cases are still active.

In the city of Metapán, the case of Juan José Bonilla Estrada went viral. An Uber driver, he disappeared on August 9 after a trip to Guatemala City. His vehicle was located in the neighboring country, and his family has requested assistance from authorities to obtain information.

Meanwhile, Samuel Rodríguez Hernández, 55, was reported missing on August 5, and five days later his lifeless body was recovered in a mountainous area of Huizucar, La Libertad. A similar fate befell Juan Agustín Linares, whose remains were discovered in the bed of the El Rosario River in Jujutla, Ahuachapán, on the 16th of this month, after he had been reported missing two days earlier.

Their cases take on added significance because August 30 marks the International Day of the Victims of Enforced Disappearance. For organizations such as Alerta Raquel, the Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Search Bloc for Missing Persons), and the Asociación de Derechos Humanos en El Salvador (Asdehu) (Human Rights Association of El Salvador), disappearances persist in El Salvador, and families face great difficulty in locating their loved ones due to a lack of institutional support, denial from authorities, and information kept under seal, among other factors.

“One of the main obstacles we face as families is the lack of a response from the authorities. They do not support us and criminalize us instead. That has forced us to organize collectively,” said Carmen Argueta of the Search Bloc, in a statement to YSUCA on August 29. Carmen is the mother of Herbert Argueta, a young man who disappeared on August 4, 2021. Although she filed a report with the Attorney General’s Office and other institutions, to date she has received no response.

Idalia Zepeda, a spokesperson for Asdehu, mentioned that her organization has provided authorities with the locations of 12 clandestine cemeteries, only one of which—located in San Bartolo, Tonacatepeque—has been excavated. She adds that daily alerts about missing persons continue to be issued and that the problem has not yet been brought under control.

“There is little to no political will to search for the disappeared. Even with few resources, if there is will, the authorities can locate them. The dynamics of disappearances have changed: currently, there is an average of six to seven daily alerts, many of them short-term, with individuals later appearing in state custody,” she noted.

Due to this lack of official help, families themselves conduct search campaigns, carry out fieldwork, and promote content on social media to raise awareness of their cases and obtain information that could lead to the whereabouts of their loved ones, as the organizations have stated.

Official Data

The Executive Branch announced that from January 1 to June 18 of this year, authorities had registered 68 cases of missing persons, though it did not provide further details on how many have been found and which remain active.

In that database, they stated that the trend in disappearance cases has been downward, as 1,880 cases were reported in 2015. In total, from that year until June 2025, authorities have documented 9,465 cases of disappearance.

* Through June 18

For its part, the Attorney General’s Office reported more cases under the category of deprivation of liberty. According to its activity report for the period of June 1, 2024, to May 31, 2025, it received 340 such cases, plus one of kidnapping. In the same period for the years 2023 and 2024, it handled a total of 366 cases of deprivation of liberty and 13 kidnappings. The report does not specify how many have been resolved and how many remain active.

The Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH), in its 2024-2025 activity report, while not detailing specific disappearance cases, mentions its work in this area, stating that “one of the priority issues for this Office is centered on the search for missing persons; in this regard, while notable results have been achieved, many search processes still await concrete action from the competent prosecutorial and judicial authorities.”

LPG: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Familiares-de-desaparecidos-reciben-poco-apoyo-para-labores-de-busqueda-en-El-Salvador-20250829-0029.html

Familiares de desaparecidos reciben poco apoyo para labores de búsqueda en El Salvador

Nicol Vásquez es una menor de edad que fue reportada como desaparecida el 14 de agosto de este año. Fue vista por última vez en San Juan Opico, La Libertad, mientras se dirigía hacia la colonia Florencia de esa localidad. Su familia pidió la colaboración en redes sociales, con amigos y vecinos, para dar a conocer su situación y poder encontrarla. Pero hasta el momento no han tenido buenos resultados.

El caso de Nicol es una de siete alertas de desapariciones que organizaciones civiles han emitido durante el mes de agosto. A esas se agregan dos que publicó la Fiscalía General de la República (FGR) en sus propias redes sociales. De estas, dos fueron encontrados con vida (las de Fiscalía), mientras que dos personas fueron localizados fallecidos y el resto de casos siguen activos.

En la ciudad de Metapán, las personas viralizaron el caso de Juan José Bonilla Estrada, quien trabaja en la plataforma de viajes Uber y que tras realizar un recorrido hacia la ciudad de Guatemala, el 9 de agosto, no regresó. Su vehículo fue localizado en el país vecino y la familia ha solicitado ayuda a las autoridades para obtener información.

En tanto que Samuel Rodríguez Hernández, de 55 años, fue reportado desaparecido el 5 de agosto y cinco días después en una zona montañosa de Huizucar, La Libertad, fue recuperado su cuerpo sin vida. Misma situación que Juan Agustín Linares, cuyos restos fueron encontrados en el cauce del Río El Rosario, en Jujutla, Ahuachapán, el 16 de este mes tras ser reportado desaparecido dos días antes.

Sus casos cobran relevancia porque cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y para organizaciones como Alerta Raquel, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Asociación de Derechos Humanos en El Salvador (Asdehu) los casos de desapariciones se mantienen en El Salvador y las familias tienen muchas dificultades para dar con el paradero de sus seres queridos, debido al poco apoyo de instituciones, la negación de parte de autoridades, la reserva de información, entre otros.

Uno de los principales obstáculos que enfrentamos como familias es la falta de respuesta de las autoridades. No nos dan apoyo y además nos criminalizan. Eso nos ha obligado a organizarnos en colectivo”, mencionó Carmen Argueta, del Bloque de Búsqueda, en declaraciones a YSUCA este 29 de agosto.

Carmen es madre de Herbert Argueta, joven que desapareció el 4 de agosto de 2021. A pesar que puso la denuncia ante Fiscalía y otras instituciones, hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.

Idalia Zepeda, vocera de Asdehu, mencionó que como organización han proporcionado la ubicación de 12 cementerios clandestinos a las autoridades de los cuales se trabajó en uno de ellos, ubicado en San Bartolo, Tonacapeteque. Agrega que siguen ocurriendo alertas diarias sobre desapariciones de personas y que el problema aún no ha sido controlado.

Existe una escasa o casi nula voluntad política para buscar a las personas desaparecidas. Incluso con pocos recursos, si hay voluntad, las autoridades pueden dar con el paradero. Ha cambiado la dinámica de las desapariciones: actualmente se manejan en promedio entre 6 y 7 alertas diarias, muchas de corta duración, donde las personas aparecen privadas de libertad”, destacó.

Debido a esta poca ayuda oficial, son las familias las que realizan las campañas o brigadas de búsqueda, realizan trabajo de campo y promueven contenido en redes sociales para que sus casos sean conocidos y así obtener alguna información que pueda dar con el paradero de sus seres queridos, según han expuesto las organizaciones.

Datos oficiales

El Ejecutivo dio a conocer que desde el 1 de enero hasta el 18 de junio de este año las autoridades habían registrado 68 casos de personas desaparecidas, aunque sin dar más detalles sobre cuántos han sido encontrados y cuáles siguen activos.

En esa base de datos expusieron que la tendencia de casos de desapariciones ha ido a la baja, pues en 2015 se reportaron 1,880 casos. En total, desde ese año y hasta el mes de junio de este 2025, las autoridades documentaron 9,465 casos de desaparición.

* Hasta el 18 de junio

Por su parte, la Fiscalía reportó más casos bajo la categoría de privación de libertad, pues según su informe de labores del periodo del 1 de junio de 2024 al 31 de mayo de 2025, recibieron 340 casos, más uno de secuestro. En el mismo periodo, pero de los años 2023 y 2024, tuvieron un total de 366 casos de privación de libertad y 13 secuestros. No informan sobre cuántos han sido resueltos y cuántos siguen activos.

La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) en su informe de labores del periodo 2024-2025 si bien no expone casos de desapariciones, menciona acerca de su labor en esta área y dice que “uno de los temas prioritarios para esta Procuraduría se centra en la búsqueda de personas desaparecidas; a este respecto, si bien se han logrado resultados destacables, muchos procesos de búsqueda continúan pendientes de acciones concretas por parte de autoridades fiscales y judiciales competentes”.

LPG: https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Familiares-de-desaparecidos-reciben-poco-apoyo-para-labores-de-busqueda-en-El-Salvador-20250829-0029.html