The Ministry of Education (MINED) acknowledged in its 2024-2025 activity report that delays in payments to construction companies have hindered progress on school construction and infrastructure improvement programs.
On page 162 of the document submitted to the Asamblea Legislativa (Legislative Assembly), the ministry lists the difficulties it faced in meeting school construction targets.
There, the ministry reports that “delays in payments to construction companies have impeded the physical progress of improvement works at educational centers.”
It also notes another obstacle: “limited participation and availability of suppliers of products or services.”
The ministry does not elaborate on this difficulty elsewhere in its activity report, making it impossible to determine, for example, how many projects have experienced payment delays or the total amount involved.
It only states that “the situation has been monitored through coordination with the corresponding financial units to expedite payment processes.”
This news outlet requested an opportunity for comment from MINED communications staff to clarify the difficulty mentioned by the ministry in its activity report. However, by press time, there had been no response to the request.
In its report, MINED also confirms what the Banco Centroamericano de Integración Económica (Central American Bank for Economic Integration, CABEI) published: that the “Mi Nueva Escuela” (My New School) program, which contemplates infrastructure improvements at 156 schools, shows just 3.57% progress after three years of implementation.
As the sole detail on the program’s progress between 2024 and 2025, the ministry states that it contracted design and construction for 41 schools, carried out improvements at 27 schools, and prepared project dossiers for another 45.
In addition to the CABEI loan, the Government is also carrying out a loan from the Banco Interamericano de Desarrollo (Inter-American Development Bank, IDB) for school improvements. Reported progress there stands at 1.63%.
Effects
The delay in executing school improvements prompted the government this February to promote provisions allowing it to bypass the Ley de Compras Públicas (Public Procurement Law)—a law approved at the request of the Executive Branch itself—to award school infrastructure projects.
The Assembly approved provisions that include tax exemptions and exemption from liability for officials in the event of irregularities or for direct, no-bid contracting, regardless of the project’s cost.
To justify these measures, Deputy Minister of Education Edgar Alvarenga argued at the time that the institution faced problems due to insufficient participation by companies in bidding processes.
However, Alvarenga only referred to the low participation of companies and did not mention what was later included in the activity report: the delayed payments to construction firms.
“We need to expedite these interventions. The current processes, the geographic location of the sites, and the materials are creating limitations that prevent us from receiving more bids,” Alvarenga said on February 10 before the Comisión de Hacienda (Finance Committee).
Alongside these provisions, the Assembly also authorized any state institution to redirect funds from its budget to interventions at schools, even if that is not its remit.
MINED’s report makes no mention of these provisions. Nor does it clarify whether any projects were contracted under them between March (when they were approved) and May (when the reporting period closed).
The activity report was submitted to the Legislative Assembly on July 31. The Comisión de Niñez y Desarrollo Social (Committee on Children and Social Development) recommended its approval on Thursday, August 21, without reading the report or summoning any officials for testimony.
As a result, Cesia Rivas, secretary general of the Vamos party, questioned the lack of transparency in the government’s handling of the matter.
“One can see a parade of proposals that claim to optimize and deliver results, but that is not what happens. And that cycle—of non-payment, of no bids—is a cycle of excuses. Why does it only happen in education?” she questioned.
“It is shameful that the report says only 3% has been executed. We must call out the lack of transparency and the failure to exercise oversight over those who finance these programs,” Rivas added.
Ministerio de Educación reconoce atrasos en pagos a empresas constructoras de escuelas
El Ministerio de Educación (MINED) reconoció en su memoria de labores del período 2024-2025 que retrasos en los pagos a empresas constructoras han dificultado avanzar en los programas de edificación y mejoras de la infraestructura escolar.
En la página 162 del documento presentado a la Asamblea Legislativa se enlistan las dificultades enfrentadas para alcanzar las metas de construcción de escuelas.
Ahí, el ministerio reporta que “los retrasos en los pagos a las empresas constructoras han obstaculizado el avance físico de las obras de mejora en los centros educativos”.
Además, señala que otro obstáculo encontrado es la “limitada participación y oferta de proveedores de productos o servicios”.
El ministerio no desarrolla dicha dificultad en ningún otro punto de su memoria de labores y que permita conocer, por ejemplo, cuántos proyectos han tenido problemas de retraso en pagos o a cuánto ascienden los mismos.
Únicamente consigna que “se ha dado seguimiento a la situación mediante la coordinación con las unidades financieras correspondientes para agilizar los procesos de pago”.
Este medio gestionó, a través de personal de comunicaciones del MINED, un espacio de consulta para poder aclarar la dificultad expresada por el ministerio en su memoria de labores. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo ninguna respuesta a la solicitud hecha.
En su informe, el MINED también confirma lo publicado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en el sentido de que el programa “Mi Nueva Escuela”, que contempla la mejora de infraestructura de 156 escuelas, presenta un avance de apenas el 3.57 % luego de tres años de ejecución.
Como único detalle de los avances del programa entre 2024 y 2025, el ministerio menciona que se contrataron diseños y construcciones para 41 centros educativos, así como también se ejecutaron mejoras en 27 centros escolares y se elaboraron carpetas para otros 45 centros escolares.
Además del préstamo del BCIE, el Gobierno también ejecuta un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejora de escuelas. En este, el avance reportado es del 1.63 %.
Efectos
El retraso en la ejecución de mejoras a centros escolares llevó al Gobierno, en febrero de este año, a promover disposiciones que le permiten evadir la Ley de Compras Públicas -aprobada a petición del mismo Ejecutivo- para asignar proyectos de infraestructura escolar.
La Asamblea aprobó disposiciones que incluyen exoneración de impuestos, exoneración de responsabilidad para funcionarios en caso de ocurrir anomalías o por las contrataciones realizadas de forma directa, sin importar el monto de la obra.
Para justificar estas medidas, el viceministro de Educación, Edgar Alvarenga, argumentó en ese momento que la institución enfrentaba problemas debido a que no había participación suficiente de las mismas en los procesos de licitación.
No obstante, Alvarenga solo se refirió a la poca participación de las empresas y no mencionó lo que posteriormente fue incluido en la memoria de labores: los retrasos en los pagos a constructoras.
“Tenemos la necesidad de agilizar las intervenciones. Los procesos que se han estado manejando, la ubicación en territorio, los materiales, están generando algunas limitaciones para poder tener más ofertas”, dijo Alvarenga el 10 de febrero, ante la Comisión de Hacienda.
Junto con las disposiciones mencionadas, la Asamblea también aprobó que toda institución del Estado pudiera redirigir fondos de su presupuesto para intervenciones en centros escolares, aunque esta no fuera su área de trabajo.
En la memoria del MINED no hay ninguna mención a las disposiciones en cuestión. Tampoco aclara si se realizó alguna contratación de proyecto haciendo uso de las mismas entre marzo (cuando fueron aprobadas) y mayo (cuando se cerró el período que abarca el informe).
El informe de labores fue entregado a la Asamblea Legislativa el pasado 31 de julio. La Comisión de Niñez y Desarrollo Aocial emitió dictamen favorable para aprobar su contenido el pasado jueves 21 de agosto, sin leer el informe ni tampoco citar a ningún funcionario.
Debido a ello, la secretaria general del partido Vamos, Cesia Rivas, cuestionó la falta de transparencia en el manejo del tema por parte del Gobierno.
“Uno puede ver cómo desfilan propuestas que dicen que buscan optimizar y que haya resultados, pero vemos que no pasa eso. Y ese círculo, que por falta de pago, que porque no licitan, es un círculo de excusas. ¿Por qué solo pasa en educación?”, cuestionó.
“Es vergonzoso que el informe diga que solo se ha ejecutado el 3 %. Debemos advertir la falta de transparencia y de ejercer un control de quienes financian estos programas”, agregó Rivas.