El Salvador has increasingly turned to international policing mechanisms to extend its anti-gang campaign beyond its borders since President Nayib Bukele declared a state of emergency in March 2022, a new InSight Crime report has revealed.
As a result, the country has issued hundreds of Interpol red notices, leading to the capture of Salvadoran nationals across Latin America, the United States, and Europe. A May 2025 report by the National Civil Police (PNC) of El Salvador stated that 1,556 alleged gang members have been detained abroad and subsequently returned under this policy.
Red notices, while not arrest warrants, serve as international alerts requesting the location and provisional detention of individuals for possible extradition. With more than 800 such notices currently in circulation, El Salvador has four times as many active alerts as Argentina, the second-highest country in the region, the report by InSight Crime points out.
The arrests are an extention of a domestic campaign that has transformed the country’s security and justice systems. More than 85,000 people have been detained since March 2022, equivalent to 1.5% of the national population, pushing the prison population past 110,000. At least 350 people have died in custody during this period, according to police data.
While the government argues these measures have severely weakened gangs, human rights organizations have documented arbitrary detentions, suspension of legal defense rights, and widespread due process violations.
International cooperation has varied. Countries such as Guatemala, Honduras, and Mexico have complied with red notices, but Spain has rejected extradition requests, citing the high risk of human rights abuses in Salvadoran prisons.
One recent case illustrates these dynamics in play. On March 24, 2025, Colombian authorities detained Salvadoran citizen Mateo Sebastián Pintor Rodríguez at José María Córdova International Airport in Rionegro, Antioquia, after a red notice was triggered at immigration control. According to Caracol Televisión, El Salvador accuses him of fraud and extortion, and Colombian police confirmed the arrest was based on the notification.
However, the investigation by InSight Crime reviewed court records and other evidence suggesting Sebastián had previously been acquitted of extortion in El Salvador and does not appear in police intelligence files as a gang member.
“Sebastián’s case reveals how the erosion of procedural guarantees in El Salvador has opened the door to the persecution of Salvadorans — even beyond the country’s borders — under false or manipulated charges,” explains InSight Crime. “This persecution has also recently targeted human rights defenders, political opponents, and journalists seeking exile.”
La ofensiva antipandillas de El Salvador traspasa fronteras y genera dudas sobre el debido proceso
Desde que el presidente Nayib Bukele decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha recurrido cada vez más a mecanismos de cooperación policial internacional para extender su ofensiva antipandillas más allá de sus fronteras, según revela un nuevo informe de InSight Crime.
Como resultado, el país ha emitido cientos de notificaciones rojas de Interpol, lo que ha derivado en la captura de ciudadanos salvadoreños en toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Un informe de mayo de 2025 de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador indica que 1.556 presuntos pandilleros han sido detenidos en el extranjero y posteriormente repatriados bajo esta política.
Las notificaciones rojas, si bien no constituyen órdenes de arresto, funcionan como alertas internacionales que solicitan la localización y la detención provisional de personas con miras a una posible extradición. Con más de 800 de estas notificaciones actualmente en circulación, El Salvador tiene cuatro veces más alertas activas que Argentina, el segundo país de la región con el mayor número, según destaca el informe de InSight Crime.
Las detenciones son una extensión de una ofensiva interna que ha transformado los sistemas de seguridad y justicia del país. Más de 85.000 personas han sido detenidas desde marzo de 2022, lo que equivale al 1,5% de la población nacional y ha elevado la población carcelaria por encima de los 110.000 reclusos. Al menos 350 personas han fallecido bajo custodia en este período, de acuerdo con datos policiales.
Aunque el gobierno sostiene que estas medidas han debilitado severamente a las pandillas, organizaciones de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias, la suspensión del derecho a la defensa y vulneraciones generalizadas del debido proceso.
La cooperación internacional ha sido dispar. Países como Guatemala, Honduras y México han acatado las notificaciones rojas, pero España ha rechazado solicitudes de extradición, aduciendo el alto riesgo de abusos a los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas.
Un caso reciente ilustra estas dinámicas en acción. El 24 de marzo de 2025, las autoridades colombianas detuvieron al ciudadano salvadoreño Mateo Sebastián Pintor Rodríguez en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia, tras activarse una notificación roja en el control migratorio. Según Caracol Televisión, El Salvador lo acusa de fraude y extorsión, y la policía colombiana confirmó que el arresto se basó en dicha notificación.
Sin embargo, la investigación de InSight Crime revisó expedientes judiciales y otras pruebas que apuntan a que Sebastián ya había sido absuelto de extorsión en El Salvador y no figura en los archivos de inteligencia policial como pandillero.
“El caso de Sebastián revela cómo la erosión de las garantías procesales en El Salvador ha allanado el camino para la persecución de salvadoreños —incluso más allá de las fronteras del país— bajo acusaciones falsas o manipuladas”, explica InSight Crime. “Esta persecución también se ha dirigido recientemente contra defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas que buscan exilio”.