Public transport operators said that the extension of the transitional law to stabilize public transportation fares, approved by lawmakers in the Legislative Assembly last Tuesday, deepens their financial crisis, as they can no longer cover operating costs.
This regulation was approved in 2021 and has since been extended three times: in December 2022, April 2024, and August 2025. The operators said they were not consulted for any of these extensions.
LA PRENSA GRÁFICA spoke with several public transport operators, who agreed to provide statements on the condition of anonymity for fear of reprisal. They said that with current fares—$0.20 for city buses and $0.31 for minibuses, respectively—they can no longer maintain their vehicles and that the sector has been in a financial crisis for months.
“The extensions of the law have always been pushed through without any kind of study; it is more of the same, always treating the sector as previous governments did,” they said.
“This decree ensures the sector’s demise. The amounts are insufficient, and the government consistently remains in debt to us,” they added, referring to the fact that the government is currently three to four months behind on the economic compensation they receive in exchange for not raising fares.
In mid-April, Vice Minister of Transportation Nelson Reyes said the government had caught up on subsidy payments to the operators, depositing more than $18 million. However, the sources affirmed, they have not been paid since.
“I insist, they have no interest whatsoever in taking the sector into account for the discussion of this law. The decree that maintains the fares is killing us slowly, just as they have been doing,” they reiterated.
The sources said they have been saddled with the current fares for 20 years and that the compensation they receive—$500 per bus and $250 per minibus—was also not analyzed but was instead “imposed.” “The truth is that (the amounts) leave us little room to meet the standards the public expects from our transport units,” they stressed.
The operators mentioned they have sent proposals for fare adjustments to officials at the Ministerio de Obras Públicas (Ministry of Public Works, MOP) and the Viceministerio de Transporte (Vice Ministry of Transportation, VMT), and even to the Legislative Assembly, but they asserted that all have been shelved.
“It was the same story: we were told it could not be done (adjusting the fare), that we were crybabies, and nothing came of it.” The sources did not specify with whom they met, and they have not been called back since.
In recent months, the MOP has announced it is spearheading a modernization of public transportation in the country, including the incorporation of new systems like the Metrocable. Additionally, 1,500 buses acquired through an in-kind loan with the Chinese company Yutong CO.LTD are expected to arrive in the country by the end of this year.
The head of Public Works, Romeo Rodríguez, has mentioned in interviews that current public transport operators will be included in the modernization plans, but so far, the operators are unclear if they will be taken into account.
They added that there is a climate of fear in the sector about publicly stating that the compensation has not been paid or making any kind of complaint. “No one wants to speak out for fear of being arrested.” They said this intensified following the arrests of several operators on May 5 after a meeting with the VMT. Five were detained at that moment, and the number later rose to 14.
RETIREMENT OF VEHICLES
The operators consulted estimated that by 2026, more than 8,000 vehicles in the sector will be out of service and will not be replaced due to a lack of liquidity. “We calculate that between 9,000 and 12,000 units will no longer be circulating next year. In this scenario, our service on the routes deteriorates; that is, since we do not have enough vehicles, the time between one and the next increases significantly, creating an opening for unregulated competition.”
“User complaints will be even greater early next year due to the lack of service,” they added.
On Thursday, LA PRENSA GRÁFICA sent an email to the Minister of Public Works to ask why there is a new delay in the compensation payment to transport operators, whether they have considered meeting with them soon to discuss fare adjustments, and if they will be included in the new transportation systems being promoted. As of press time, there was no response.
“El decreto que mantiene las tarifas nos mata a pausas”, dicen transportistas
Empresarios del transporte público de pasajeros dijeron que la prórroga a la Ley transitoria para la estabilización de tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros, que los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el pasado martes, agrava más su situación financiera, pues ya no pueden cubrir costos de operación.
Esta normativa se aprobó en el 2021 y desde entonces se ha prorrogado en tres ocasiones: diciembre de 2022, abril de 2024 y agosto de 2025. En todas las extensiones, los transportistas no han sido llamados, dijeron, para brindar sus opiniones al respecto.
LA PRENSA GRÁFICA habló con algunos empresarios del transporte público de pasajeros, quienes accedieron a brindar declaraciones bajo condición de anonimato por temor a represalias, y dijeron que con la tarifa actual -que en la zona urbana es de $0.20 y $0.31 en buses u microbuses, respectivamente– ya no pueden dar mantenimiento a las unidades y que el sector lleva meses en una crisis financiera.
“Las prórrogas a la ley siempre se han hecho sin estudios de ningún tipo, es más de lo mismo, siempre manteniendo la misma forma de ver al sector como los anteriores gobiernos”, mencionaron.
“La desaparición del sector ya es un hecho con este decreto. Los montos son insuficientes y sobre todo manteniendo siempre una deuda, por que no se paga a tiempo”, añadieron refiriéndose que, a la fecha, el Gobierno les adeuda entre tres y cuatro meses del pago de la compensación económica que reciben a cambio de no aumentar las tarifas.
A mediados de abril pasado, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, dijo que el Gobierno se había puesto al día en el pago del subsidio con los empresarios, depositándoles más de $18 millones. Sin embargo, desde entonces, afirmaron las fuentes, no se les volvió a pagar.
“Insisto, no les interesa en lo más mínimo tomar en cuenta al sector para la discusión de esa ley. El decreto que mantiene las tarifas nos mata a pausas, tal como lo han venido haciendo”, reiteraron.
Las fuentes dijeron que las tarifas actuales las arrastran desde hace 20 años y que la compensación que reciben -$500 por bus y $250 por microbús- no fue tampoco analizada, sino más bien “impuesta”. “La verdad es que (los montos) no nos dan mucho margen para cumplir los estándares que la población quisiera dentro de las unidades de transporte”, subrayaron.
Los empresarios mencionaron que han enviado propuestas sobre el ajuste de la tarifa, tanto a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) como del Viceministerio de Transporte (VMT) y hasta a la Asamblea Legislativa, pero todas, aseguraron, se han engavetado.
Mencionaron que la última vez que se reunieron fue antes de las vacaciones de agosto donde intentaron tocar el tema, pero no encontraron terreno fértil. “Fue la misma historia, nos dijeron que no se puede (ajustar tarifa), que somos llorones, no se llegó a nada”. Las fuentes no detallaron con quiénes se reunieron y desde entonces tampoco han sido convocados.
El MOP ha anunciado en meses anteriores que impulsa una renovación del transporte público en el país, con la incorporación de nuevos sistemas como el metrocable, además se espera que a finales de este año ingresen al país 1,500 buses adquiridos por un préstamo en especie con la empresa china Yutong CO.LTD.
El titular de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, ha mencionado en entrevistas que los actuales operadores del transporte público serán incluidos en los planes de modernización, pero hasta el momento los empresarios no tienen claro si serán tomados en cuenta.
Agregaron que en el sector se vive un clima de temor a decir públicamente que no se les ha pagado la compensación y hacer cualquier tipo de denuncias. “Nadie quiere opinar por miedo a que se lo lleven (detenido)”. Dijeron que esto se agudizó tras las capturas de empresarios el pasado 5 de mayo luego de una reunión con el VMT. En ese momento detuvieron a cinco de ellos, luego la cifra se elevó a 14.
VENCIMIENTO DE UNIDADES
Los empresarios consultados estimaron que para el 2026 el sector ya no contará con más de 8,000 unidades que no serán renovadas debido a la falta de liquidez. “Nosotros calculamos que entre 9,000 y 12,000 unidades ya no estarán circulando el otro año. Con este panorama nosotros gastamos nuestras rutas, o sea, como no tenemos unidades, entonces el espacio que pasa una y otra se abre demasiado y surge la competencia desleal”.
“Las quejas de los usuarios, a principios del otro año, serán aún mayores ante la falta de servicio”, añadieron.
LA PRENSA GRÁFICA envió este jueves un correo electrónico al ministro de Obras Públicas para consultarle por qué hay un nuevo atraso en el pago de la compensación a los transportistas, si han contemplado reunirse con ellos próximamente para tratar sobre el ajuste de la tarifa y si serán incluidos en los nuevos sistemas de transporte que impulsan, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.