“We anticipate that the solidarity fund of the defined-contribution pension system will exhaust its reserves within our forecast horizon,” states the credit rating agency Standard & Poor’s (S&P Global) in its latest report on El Salvador, which updated the country’s credit rating.
The agency is referring to the Cuenta de Garantía Solidaria (Solidarity Guarantee Account, CGS), which is part of the Pension Fund and is financed largely by contributions from workers affiliated with the Administradoras de Fondos de Pensiones (Pension Fund Administrators, AFP), through 6% of the monthly withholdings from their paychecks.
This account, or common fund, serves to pay retirees once their individual savings are depleted. Prior to the December 2022 reform, the state contributed budget funds to the CGS, but the legislative change eliminated that obligation.
In addition, S&P confirmed that the government has borrowed a substantial portion of employees’ contributions. “Defined-contribution pension assets under management represented 46% of gross domestic product (GDP) in 2024, of which 80% was lent to the government,” the report states.
El Diario de Hoy reported in February of this year that between January 2023 and June 2024, according to financial statements from the Pension Fund as recorded by the AFP, along with data from the Banco Central de Reserva (Central Reserve Bank, or BCR), the government took 80% of the collected resources.
The rating agency recalls that in 2023, due to a lack of alternative financing options, the Salvadoran government restructured its accumulated debt with the Pension Fund ($8,395.73 million) through an agreement with the AFP to issue long-term certificates, which included a four-year grace period for interest and principal payments.
The pension debt accumulated after the reform totals $2,130.23 million as of June 2025, according to BCR data, bringing the total—including prior debt—to $10,525.96 million.
In 2027, the grace period ends and payments on the debt owed to workers—who have been lending from their savings so the government can pay pensions to retirees under the old system—must resume.
Indeed, another key concern for the rating agency is how the government will manage to repay that debt.
“We anticipate that the government will approve a pension reform in 2026, but there is no clarity on how it will address the pension system’s debt to the AFP,” S&P states in its analysis.
El Salvador signed an agreement with the International Monetary Fund (IMF) in February 2025, under which the authorities must present an actuarial study of the pension system this year—that is, a mathematical and statistical projection to evaluate the risks and sustainability of the country’s pension system.
This will serve as the basis for a new pension reform that the government must present in February 2026, one year before the grace period expires.
The IMF had already warned in March of this year that, based on its projections, the Solidarity Guarantee Account would be depleted in 2027 as a consequence of the pension reform in effect since January 2023, since the 30% increase in pensions effectively strained that common account.
“As a result, the AFP have already begun drawing on the CGS to pay pensions, and the stock of assets in the CGS started declining in 2023. According to staff projections, CGS assets would be exhausted around 2027,” the Fund alerted, in the context of its agreement with the Salvadoran government.
A few months later, the rating agency S&P once again highlights the warning that the Solidarity Guarantee Account’s resources will run out ahead of schedule.
The agency also alerts in its report that the end of the grace period for interest payments on the debt to the private pension fund in 2027 “will increase the interest burden and offset any potential rise in the primary surplus.”
In response, it posits: “Our base-case scenario assumes that interest payments will peak above 20% of general government revenues at the end of the grace period for public pension system debt held by the AFP.”
S&P forecasts that general government net debt will rise from 84% in 2024 to 91% of GDP by 2028, noting that a significant portion of the deficit and the projected debt increase relates to pension obligations.
It also points out that “the public pension system will continue to rely on defined-contribution pension administrators (AFP) to finance its deficits.”
And it continues: “El Salvador has a deficit-ridden defined-benefit pension system that is closed to new contributors. To finance the pension deficit, the law requires the AFP to acquire pension certificates in an amount equivalent to 30% of GDP by 2024, which we include in our debt indicators.”
The rating agency states in its report that it will analyze any potential debt swap or liability management operation on a case-by-case basis “and whether there is a significant probability of default absent the operation.”
Calificadora S&P advierte que se agotará la reserva de pensiones
«Prevemos que el fondo solidario del sistema de pensiones de contribución definida agote sus reservas durante nuestro horizonte de pronóstico», señala la calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P Global) en su más reciente informe sobre El Salvador en el que actualizó la nota crediticia del país.
La agencia se refiere a la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), la cual es parte del Fondo de Pensiones y se nutre en gran parte de las cotizaciones de los trabajadores afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), mediante el 6% de las cuotas que les descuentan mes a mes.
Esta cuenta o fondo común sirve para pagar a los jubilados cuando se les acaban sus ahorros individuales. Antes de la reforma de diciembre de 2022, el Estado aportaba dinero del presupuesto a la CGS, pero con el cambio a la ley esa obligación quedó eliminada.
Además, S&P confirmó que el gobierno ha tomado prestado buena parte de las cotizaciones de los empleados. «Los activos de pensiones de contribución definida bajo gestión representaron el 46% del PIB en 2024, de los cuales el 80% se prestó al gobierno», dice en el informe.
El Diario de Hoy publicó en febrero de este año que entre enero de 2023 y junio de 2024, según datos de los estados financieros del Fondo de Pensiones registrado por las AFP, así como información del Banco Central de Reserva (BCR), el Gobierno tomó el 80% de los recursos recaudados.
La calificadora recuerda que en 2023, debido a la falta de alternativas de financiamiento, el gobierno salvadoreño reestructuró la deuda acumulada con el Fondo de Pensiones ($8,395.73 millones), mediante un acuerdo con las AFP para emitir certificados a largo plazo, lo que incluyó un período de gracia de cuatro años para el pago de intereses y capital.
La deuda de pensiones acumulada tras la reforma asciende a $2,130.23 millones, hasta junio de 2025, según datos del BCR, lo cual sumado a la deuda anterior es de $10,525.96 millones.
En 2027 vencerá el plazo para reanudar los pagos de la deuda con los trabajadores, quienes han estado prestando de sus ahorros para que el gobierno pague las pensiones de los jubilados del antiguo sistema.
De hecho, otro de los puntos importantes que inquieta a la calificadora es cómo hará el gobierno para pagar esa deuda.
«Prevemos que el gobierno aprobará una reforma previsional en 2026, pero no hay claridad sobre cómo abordará la deuda del sistema previsional con las AFP», dice S&P en su análisis.
El Salvador firmó en febrero de 2025 un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el cual se estableció que las autoridades deben presentar este año un estudio actuarial del sistema de pensiones, es decir, una proyección matemática y estadística para evaluar los riesgos y la sostibilidad del sistema previsional del país.
Esto servirá de base para una nueva reforma de pensiones que el gobierno debe presentar en febrero de 2026, un año antes que termine el plazo de gracia.
El FMI también ya había advertido en marzo de este año que, según sus proyecciones, la Cuenta de Garantía Solidaria se agotará en 2027, como consecuencia de la reforma de pensiones vigente desde enero de 2023, ya que el aumento del 30% de las pensiones en realidad impactó en esa cuenta común.
«Como resultado, las AFP ya han comenzado a recurrir a la CGS para pagar las pensiones y el stock de activos en la CGS comenzó a disminuir en 2023. Según las proyecciones del staff, los activos de la CGS se agotarían alrededor de 2027», alertó el Fondo, en el marco del acuerdo con el gobierno salvadoreño.
Y unos meses después, la calificadora S&P pone de nuevo sobre la mesa la advertencia de que los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria se acabarán antes de lo previsto.
Pero también la agencia alerta en su informe que la finalización del período de gracia para pagar intereses de la deuda con el fondo de pensiones privados en 2027 «incrementará la carga de intereses y contrarrestará cualquier posible aumento del superávit primario».
Ante ello, plantea: «Nuestro escenario base supone que los pagos de intereses alcanzarán un máximo superior al 20% de los ingresos del gobierno general al final del período de gracia de la deuda del sistema público de pensiones en manos de las AFP».
S&P prevé que la deuda neta del gobierno general aumentará del 84% en 2024 al 91% del PIB para 2028, pues plantea que una parte significativa del déficit y del aumento de las proyecciones de deuda se relaciona con las obligaciones pensionales.
También señala que «el sistema público de pensiones seguirá dependiendo de las administradoras de pensiones de contribución definida (AFP) para financiar sus déficits».
Y prosigue: «El Salvador cuenta con un sistema de pensiones definidas deficitario, cerrado a nuevos contribuyentes. Para financiar el déficit pensional, la ley obliga a las AFP a adquirir certificados de pensión por un valor equivalente al 30% del PIB para 2024, los cuales incluimos en nuestros indicadores de deuda».
La calificadora afirma en su informe que analizará cualquier posible canje de deuda u operación de gestión de pasivos caso por caso «y si existe una probabilidad significativa de impago sin la operación».