María’s finances no longer allow her to purchase packages of basic supplies or food and take them to the Centro Penal de Izalco (Izalco Prison) in Sonsonate, where her two sons and a brother are held under the state of exception. As a result, this August she will be unable to bring them the basic supplies they need.
She says the arrests of her relatives have so severely impacted her family’s finances that she has had to mortgage her home to get some money for the most recent packages. However, her lenders have refused to give her more, telling her she already owes too much.
“I have reached the point of mortgaging my home to see if I can get money and continue paying for the packages. I went to the people I mortgaged my home with to see if they would lend me more money, but they said no, because I already owe them too much. I understand their position, because I have been unable to repay what they lent me,” María said.
Originally from communities in the Bajo Lempa, Usulután, the two young men were rearrested on July 13 of this year for the same crime for which the Juzgado de Menores de Usulután (Usulután Juvenile Court) had granted them alternatives to detention in 2023: illicit association.
The two are Santos Rafael Bran Gómez and his brother, José Samuel Majano Gómez, who, according to organizations representing victims of the state of exception in Bajo Lempa, have no ties to criminal groups.
“This continues to affect me, because it is time to deliver their packages and I will not be able to. We do not have enough resources for their packages, and we endure here, even skipping meals to save up, but I still could not gather enough to buy them necessities, like their personal hygiene items. I feel terrible that I cannot help them. There is no work here,” she added.
According to the mother, on July 23 of this year, the Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (Office of the Human Rights Ombudsman, PDDH) confirmed that her sons had been transferred to the Izalco Prison, 155 kilometers from Jiquilisco. Since then, she has received no further information from the authorities. They only told her to return in the second week of September to ask for any updates on their case.
“This affects me a great deal, not just psychologically; my health has also deteriorated. The financial toll is also immense, because the day to deliver the packages is approaching, and I cannot go because I do not have the money for my sons and my brother,” María added.
Collectives of relatives of victims of the state of exception in the Bajo Lempa communities of Usulután view these rearrests with alarm and fear that additional ones may target young people who have received release orders after being processed under the state of exception. They note that they are only aware of the rearrests of José Samuel and Santos Rafael, but other cases may exist that families have not disclosed.
On August 19 of this year, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) published its first resolution recognizing the social, economic, and emotional harms suffered by relatives and close associates of those deprived of liberty, and it urges member states to protect their rights.
Karla (a pseudonym) has her younger brother, a minor, detained at the Centro de Integración Social (CIS) El Espino (El Espino Social Integration Center), in Ahuachapán, accused of illicit association. She is from Chalatenango. She believes the IACHR resolution is important for shedding light on their situation.
“The ideal thing would be for them to allow us to communicate with the child, for families to have that connection, which is currently forbidden. They do not give us any of his documents, not even his school grades. It is a difficult situation for the entire family. I hope they will allow us to have contact and communication with him,” she said.
Family visits for those deprived of liberty have been prohibited in El Salvador since March 2020, a policy originally enacted under the COVID-19 pandemic emergency and later intensified with the implementation of the state of exception in March 2022.
“He llegado al punto de embargar mi vivienda para pagar paquetes”, relata la madre de dos capturados en régimen de excepción
A María las cuentas no le permiten adquirir paquetes de insumos básicos o de alimentos y llevarlos al Centro Penal de Izalco, en Sonsonate, donde se encuentran capturados sus dos hijos y un hermano, en el marco del régimen de excepción. Por eso en este mes de agosto no podrá llevarles los enseres básicos que necesitan.
Ella cuenta que las capturas de sus familiares ha impactado la economía de su familia, a tal punto que ha tenido que embargar su vivienda para tener un poco de dinero con el cual pagó los paquetes recientemente. Sin embargo, quienes le prestaron el dinero le dijeron que ya no pueden darle más, porque ya les debe mucho.
He llegado al punto de embargar mi vivienda para ver si puedo conseguir dinero y seguir pagando los paquetes. Fui donde las personas con quienes he embargado mi vivienda para ver si me seguían dando más dinero, pero me dijeron que ya no, porque ya les debo demasiado. Entiendo a las personas, porque no he podido pagar lo que me han prestado”, mencionó María.
Originarios de comunidades en el Bajo Lempa, Usulután, los dos jóvenes fueron recapturados el 13 de julio de este año bajo el mismo delito por el que el Juzgado de Menores de Usulután les otorgó medidas alternas a la detención en 2023: agrupaciones ilícitas.
Se trata de Santos Rafael Bran Gómez y su hermano, José Samuel Majano Gómez, quienes según organizaciones de víctimas del régimen de excepción del Bajo Lempa no tienen vínculos con grupos criminales.
“Me sigue afectando esto, porque toca ir a pasar paquetes y no lo haré. No tenemos el recurso suficiente para pasarles paquetes a ellos y uno acá va aguantando, esforzándonos para no hacer dos tiempos de comida y recolectar para pasar los paquetes, pero no pude recolectar lo necesario para comprarle las cosas, como lo higiénico de ellos. Me siento afectada en ese aspecto por no ayudarles. Acá no hay trabajo”, agregó.
De acuerdo con la madre, el 23 de julio de este año la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) le confirmó que sus hijos fueron trasladados al Centro Penal de Izalco, a 155 kilómetros de Jiquilisco. Después de eso no ha tenido más información de parte de las autoridades. Solo le dijeron que se haga presente en la segunda semana de septiembre para conocer si hay alguna novedad en su caso.
“Eso me afecta bastante, no solo psicológicamente, sino que también se me han desarrollado las enfermedades. También en lo económico, porque ya va tocando el día para ingresar los paquetes y no voy a ir porque no tengo dinero para pasar el paquete a mis hijos y mi hermano”, agregó María.
Los colectivos de familiares de víctimas del régimen de excepción en las comunidades del Bajo Lempa, en Usulután, ven con preocupación estas recapturas y temen que puedan realizarse otras más con jóvenes que tienen su carta de libertad tras ser procesados en el marco del régimen de excepción. Exponen que solamente conocen los casos de recapturas de José Samuel y Santos Rafael, pero podría existir otros de los cuales las familias no han dado a conocer.
El 19 de agosto de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo pública su primera resolución en la que reconoce las afectaciones sociales, económicas y emocionales que sufren los familiares y personas con vínculos afectivos de los privados y privadas de libertad, e insta a los Estados miembro a proteger sus derechos.
Karla (seudónimo) tiene a su hermano menor de edad detenido en el Centro de Integración Social (CIS) El Espino, en Ahuachapán, acusado de agrupaciones ilícitas. Es originaria de Chalatenango. Considera que la resolución de la CIDH es importante para visibilizar la situación en la que se encuentran.
Es lo ideal que nos permitieran tener ese vínculo de comunicación con el niño, con los familiares, lo cual actualmente no se permite. No nos dan ningún documento, ni siquiera el de sus notas en sus estudios. Es una situación difícil para toda la familia. Ojalá se permita tener ese contacto y comunicación con el niño”, externó.
En El Salvador no se permiten las visitas familiares a los privados de libertad desde marzo de 2020 bajo la emergencia de la pandemia del Covid-19, y luego esto se intensificó con la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022.