Julio Alfredo Rodríguez Ramírez, a teacher arrested on August 4, 2025, for an alleged common crime, is the 435th victim in the prisons under the state of exception, according to the tally of documented cases maintained by Socorro Jurídico Humanitario (SJH) since March 2022.
Information corroborated by SJH indicates that Rodríguez was arrested based on an anonymous tip and, at the time of his detention, had a bacterial infection that required clinical treatment, which he never received.
His family was notified of his death on August 15, ten days after he was transferred to the Centro Penal La Esperanza (La Esperanza Prison), known as Mariona.
“Julio was being held pending investigation, a close friend of his and his family told us. He was already ill, but upon arriving at the penitentiary, he was denied the medical attention he needed. By the time they tried to take him to the hospital, it was too late,” explained Ingrid Escobar, director of SJH.
The human rights defender stressed that the last three documented deaths of incarcerated individuals were due to inadequate medical care, and that all three cases involved arrests for common crimes, unrelated to gang affiliations.
“In one of these cases, the family reported that the body also showed signs of having been beaten. Another case involved an arrest because the young man had not presented a receipt for the goods he was carrying. In all three recent cases, the individuals had been admitted to prison only a few days earlier,” Escobar added.
Socorro Jurídico Humanitario considers the recent deaths a warning that the penitentiary system has already collapsed.
“There is no installed capacity to continue admitting more people, whether for illicit associations or common crimes. It must be remembered that people are deprived of their liberty, but not of other rights—least of all the right to life,” the specialist underscored.
The organization, which works with the families of those arbitrarily detained, asserts that in Izalco prison there are at least 10,000 people with serious illnesses who are not receiving care, posing a high risk of more fatalities.
Last week, families belonging to the Movement of Victims of the Regime (Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR) petitioned to have the security measure declared unconstitutional.
Un profesor es la víctima más reciente en una cárcel del régimen de excepción
Julio Alfredo Rodríguez Ramírez, un profesor que fue detenido el 4 de agosto de 2025 por un supuesto delito común, es la víctima 435 de las cárceles del régimen de excepción, según el conteo de casos documentados que lleva el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) desde marzo de 2022.
La información corroborada por el SJH es que Rodríguez había sido detenido por una llamada anónima y cuando se lo llevaron tenía una bacteria que debía ser tratada clínicamente, lo cual no se hizo.
Su familia fue notificada de su muerte el 15 de agosto, 10 días después de haber sido trasladado al Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.
“Julio estaba privado de libertad en vías de investigación, según nos comentó una amiga cercana a él y su familia. Él ya iba enfermo, pero al llegar al centro penal no le dieron la atención médica que necesitaba. Cuando lo intentaron llevar al hospital ya fue demasiado tarde”, explicó Ingrid Escobar, directora del SJH.
La defensora de derechos humanos hizo incapié en que las últimas tres muertes de privados de libertad documentadas han sido por deficiencias en la atención a su salud y que los tres casos son arrestos por delitos comunes, es decir, que no estaban ligados a pandillas.
“En uno de estos casos la familia denunció que el cuerpo presentaba además signos de haber sido golpeado. Otro de los casos fue un arresto porque el joven no había presentado una factura del producto que llevaba. En los tres casos recientes las personas llevaban muy pocos días de haber sido ingresado a centros penales”, añadió Escobar.
Socorro Jurídico considera que las muertes recientes son una alerta de que el sistema penitenciario ya está colapsado.
No hay capacidad instalada para seguir recibiendo más personas, ni por agrupaciones ilícitas ni por delitos comunes. Hay que recordar que a la gente se le priva de la libertad, pero no de otros derechos, menos el de la vida”, subrayó la especialista.
La organización que colabora con familiares de personas capturadas de forma arbitraria sostiene que en el penal de Izalco hay al menos 10,000 personas con enfermedades graves y que no están siendo atendidas, lo que representa un riesgo alto de tener más víctimas mortales.
La semana pasada familiares agrupados en el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) pidieron declarar inconstitucional la medida de seguridad.