Berty Manuel Acevedo Parada, one of the lawyers designated by the Attorney General’s Office (FGR) to prosecute human rights defender Ruth Eleonora López Alfaro for the crime of illicit enrichment, is the son of Deputy Attorney General Cándida Dolores Parada de Acevedo.
The official, who publicly goes by Candy de Acevedo, is married to Manuel Antonio Acevedo López, head of the Presidential General Staff, a fact that can be verified in the civil registry of the San Salvador municipal government.
In other words: the prosecutor accusing attorney López is the son of the deputy attorney general and the head of the Presidential General Staff.
Between 2000 and 2003, according to records from the Official Gazette, the now-Deputy Attorney General worked as a lawyer representing workers who had initiated legal proceedings against their former employers for wrongful termination.
From 2007 to 2017, she served as Deputy Attorney for Family Affairs, and since 2016, has been an alternate councilor on the National Council of the Judiciary (CNJ). In that same year, she was appointed Deputy Attorney General. Since then, her salary, according to payrolls from the Salvadoran Social Security Institute (ISSS), has been $3,425.
In 2018, a complaint was filed against her with the Government Ethics Tribunal (TEG) for allegedly attending, during work hours, an interview that the Legislative Assembly conducted with the then-Attorney General, Sonia Corte de Madriz. The investigation, however, revealed that she had requested leave from her duties, according to case file 136-A-18.
At that same institution, she was also reported, along with ten other officials, for allegedly preventing a group of minors under the care of centers run by the Salvadoran Institute for the Integral Development of Children and Adolescents (ISNA) from being transferred to medical centers or Ministry of Health (MINSAL) facilities after they contracted the coronavirus.
The TEG, however, dismissed this complaint as inadmissible.
Prosecutor Acevedo Parada joined the Attorney General’s Office (FGR) in 2016, when Douglas Meléndez was Attorney General. Three years later, he earned a law degree from José Matías Delgado University (UJMD). He currently serves in the Financial Investigations Unit (UIF).
Two years later, his wife, Katherine Andrea Rivas Gamero, began working for the Attorney General’s Office. Since last year, she has been employed by the Court of Accounts of the Republic (CCR) with a salary of nearly $3,000. Her position is unknown.
The prosecutor’s father led the attempted coup against the Legislative Assembly on February 9, 2020, when then-President Bukele sought to pressure lawmakers into approving a $109 million loan that the Central American Bank for Economic Integration (BCIE) had offered the Salvadoran state to finance phase two of the Territorial Control Plan.
López Alfaro was arrested on May 18 of this year in front of her home in Antiguo Cuscatlán, La Libertad. According to information released by her family, she was preparing for bed when agents of the police (PNC) knocked on her door, claiming a traffic accident had occurred.
It was, however, a ruse to lure her out and handcuff her.
Initially, the Attorney General’s Office announced on its social media channels that López, who served as head of the Anti-Corruption and Justice department at the NGO Cristosal, would be charged with embezzlement.
She was, however, ultimately charged with illicit enrichment.
López spent several weeks in the holding cells of the PNC’s Traffic Division but was transferred in early July to the Izalco Prison Farm in Sonsonate.
The human rights defender was declared a prisoner of conscience by Amnesty International. Amnesty also named attorney Alejandro Henríquez and pastor José Ángel Pérez, who were arrested for participating in a peaceful protest with residents of the El Bosque Community.
Fiscal que acusa a Ruth López es hijo de la procuradora general adjunta
Berty Manuel Acevedo Parada, uno de los abogados designados por la Fiscalía General de la República (FGR) para acusar por el delito de enriquecimiento ilícito a la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López Alfaro, es hijo de la procuradora general adjunta, Cándida Dolores Parada de Acevedo.
La funcionaria, que públicamente se presenta como Candy de Acevedo, es esposa de Manuel Antonio Acevedo López, jefe del Estado Mayor Presidencial, lo que puede verificarse en el registro civil de la alcaldía municipal de San Salvador.
Es decir: el fiscal que acusa a la abogada López es hijo de la procuradora general adjunta y del jefe del Estado Mayor Presidencial.
Entre los años 2000 y 2003, según registros del Diario Oficial, la ahora procuradora adjunta se desempeñaba como abogada de trabajadores que habían emprendido procesos legales contra sus exempleadores por despidos injustificados.
Entre 2007 a 2017 se desempeñó como procuradora adjunta de Familia y, desde 2016, ha sido consejera suplente en el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). En este último año fue nombrada procuradora general adjunta. Desde entonces su salario, según las planillas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), es de 3 mil 425 dólares.
En 2018 fue denunciada en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por supuestamente asistir, en horario laboral, a una entrevista que la Asamblea Legislativa realizó a la entonces procuradora general, Sonia Corte de Madriz. La investigación, sin embargo, reflejó que había solicitado permiso para ausentarse de sus labores, de acuerdo con el proceso con referencia 136-A-18.
En esa misma institución también fue denunciada, junto a diez funcionarios más, por supuestamente impedir que un grupo de menores de edad bajo resguardo en centros del Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) fueran trasladados a centros de atención médica o a establecimientos del Ministerio de Salud (MINSAL) después de que contrajeron el coronavirus.
El TEG, sin embargo, declaró improcedente esta denuncia.
El fiscal Acevedo Parada entró a la Fiscalía General de la República (FGR) en 2016, cuando era fiscal general Douglas Meléndez. Tres años después se graduó como licenciado en ciencias jurídicas por la Universidad José Matías Delgado (UJMD). En la actualidad se desempeña en la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Dos años más tarde comenzó a trabajar para la Fiscalía su esposa, Katherine Andrea Rivas Gamero, quien desde el año pasado trabaja en la Corte de Cuentas de la República (CCR) con un salario de casi 3 mil dólares. Se desconoce el cargo que desempeña.
El padre del fiscal Acevedo lideró el amago de Golpe de Estado a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, cuando el entonces presidente constitucional Bukele intentó presionar a los diputados para que aprobaran un préstamo de 109 millones de dólares que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ofreció al Estado salvadoreño para financiar la fase dos del Plan Control Territorial.
López Alfaro fue capturada el 18 de mayo del año que transcurre frente a su casa en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. De acuerdo con la información que su familia ha divulgado, ella estaba preparándose para acostarse cuando los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tocaron a su puerta asegurando que había ocurrido un accidente de tránsito.
Era, sin embargo, una mentira para hacerla salir y esposarla.
En un primer momento, la Fiscalía General publicó en sus redes sociales que López, quien se desempeñaba como jefa del área de Anticorrupción y Justicia de la oenegé Cristosal, iba a ser imputada por el delito de peculado.
Pero finalmente fue acusada por enriquecimiento ilícito.
López permaneció algunas semanas en las bartolinas de la División de Tránsito de la PNC, pero a principios de julio fue trasladada a la Granja Penitenciaria de Izalco, en Sonsonate.
La defensora fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional. También fueron nombrados el también abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, capturados por participar en una protesta pacífica con habitantes de la Comunidad El Bosque.