The state of exception, in place in El Salvador since 2022, has led to numerous human rights violations by the state. National and international organizations have noted the disproportionate impact of the state of exception on the most vulnerable groups, including people with disabilities. This community, which already confronts structural barriers to fundamental rights such as education, justice, and health, has seen its situation aggravated under the current context.
Against this backdrop, Cristosal has documented and provided assistance in cases of people with disabilities who have been arbitrarily detained under the state of exception. These arrests have been carried out without the minimum safeguards set forth in the international human rights instruments to which El Salvador is a party, including those related to due process.
“Deaf people have told me that, very often, the police address them while they are walking down the street and they do not respond; at other times, when the police see them using sign language in public, they mistake them for gang members. Parents then have to file complaints because the police have violated their rights.”
— Representative of a collective that defends the rights of people with disabilities in El Salvador
This study emerges from this context, with the objective of bringing to light the human rights violations against people with disabilities detained under this regime.
It calls upon the State to provide priority attention to people with disabilities and to guarantee their right to communicate with their family members. This must be done in accordance with international human rights standards, which establish minimum conditions in correctional facilities, specially adapted to the specific needs of people with disabilities.
Invisibles, olvidadas y torturadas: la realidad de las personas con discapacidad en El Salvador
El régimen de excepción instaurado en El Salvador desde 2022 ha generado diversas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Organizaciones nacionales e internacionales han señalado el impacto desproporcionado del régimen de excepción sobre los grupos más vulnerados, entre ellos, las personas con discapacidad. Este colectivo que ya enfrenta barreras estructurales en el acceso a derechos fundamentales como la educación, la justicia y la salud, ha visto agravada su situación bajo el actual contexto.
En este marco, Cristosal ha documentado y brindado atención a casos de personas con discapacidad que han sido detenidas de forma arbitraria bajo el régimen de excepción. Estas detenciones se han realizado sin las garantías mínimas establecidas en los Instrumentos Internacionales de derechos humanos a los que El Salvador está adherido, incluyendo a las relativas al debido proceso.
Las personas sordas me han contado que realmente muchas veces la policía les habla mientras van caminando en la calle y no les responden, y en otras, cuando los ven haciendo señas en la calle, los confunden con los pandilleros y luego los padres tienen que poner demandas ya que [los policías] han violentado sus derechos.
— Representante de colectivo que vela por los derechos de las personas con discapacidad El Salvador
En este escenario surge este estudio, cuyo objetivo es visibilizar las violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad detenidas bajo este régimen, quienes han sufrido vulneraciones en este contexto.
Se busca hacer un llamado al Estado para que brinde atención prioritaria a las personas con discapacidad y garantice su derecho a comunicarse con sus familiares. Lo cual debe hacerse en seguimiento a normas internacionales de derechos humanos, que establecen condiciones mínimas en los centros penitenciarios, especialmente adaptadas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad.