The organization Socorro Jurídico Humanitario (Legal Humanitarian Aid) reported that the International Criminal Court, based in the Netherlands, has confirmed receipt of the report it filed documenting human rights violations by the Salvadoran state.
The organization stated that it submitted “a comprehensive report on the grave human rights violations committed by the state of El Salvador against innocent civilians.”
Among the crimes outlined by Legal Humanitarian Aid are enforced disappearance, extrajudicial killings, torture, arbitrary detentions, and cruel, inhuman, and degrading treatment within El Salvador’s prisons.
Ingrid Escobar, a representative of the organization, told El Diario de Hoy that the Rome Statute permits them, as a civil society organization, to submit reports to the prosecutor of the International Criminal Court to alert the office to the possible commission of a crime.
“We are saying: look, in El Salvador these crimes against humanity and international offenses are being committed, and here we are sending you the evidence,” Escobar remarked.
She added that the evidence included in the report consists of a brief with general information on the context of the state of exception, the names of individuals who died in custody during the state of exception, and an analysis of these deaths.
“It may not be sufficient for the prosecutor; however, there is a key premise: the case does not close, but rather the file remains open for continued submission of information,” Escobar anticipated.
Furthermore, the Legal Humanitarian Aid representative believes that some organizations fail to activate these mechanisms due to lack of awareness and encouraged their use. “This is the mechanism for notifying or initiating an online process, and sometimes it goes unused due to unfamiliarity—any organization can activate it,” she said.
The state of exception suspends constitutional guarantees for those facing prosecution. It began in March 2022, following a weekend in which 87 homicides occurred. Since then, organizations have denounced dozens of cases of arbitrary arrests and killings inside Salvadoran prisons.
Another Death
Legal Humanitarian Aid also reported another death of a person deprived of liberty during the state of exception. He is the 433rd victim, according to the organization’s records.
The death occurred in May 2022, but the deceased’s family only recently informed the organization, as they feared reporting it at the time of the incident.
“These are individuals who were accused of unlawful associations, with no more evidence than an ‘anonymous tip,’ and who were denied their right to a fair trial before death came for them. The latest victim was recently reported to Legal Humanitarian Aid and is a man who died in May 2022, but his family was too afraid to report it,” the organization posted on X.
Legal Humanitarian Aid issued a call to families who have lost loved ones under similar circumstances to contact them so that the cases can be documented and presented to human rights protection systems.
International Law
Article 7 of the Rome Statute of the International Criminal Court defines as crimes against humanity: torture; imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; and rape.
It also includes the enforced disappearance of persons, which in some cases under the state of exception occurs when individuals are detained and held incommunicado from their families or lawyers.
In addition, Article 25 of the same Statute provides that “anyone who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and may be punished in accordance with this Statute.”
Corte Penal Internacional recibe informe sobre violaciones a derechos humanos en El Salvador
La organización Socorro Jurídico Humanitario informó que la Corte Penal Internacional, con sede en Países Bajos, les notificó que recibieron el escrito en el que la organización documentó violaciones a derechos humanos por parte del Estado salvadoreño.
La organización aseguró que envió “un informe completo sobre las graves violaciones a derechos humanos de parte del Estado de El Salvador contra población civil inocente”.
Entre los delitos planteados por Socorro Jurídico están desaparición forzada, muertes extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de las cárceles de El Salvador.
Ingrid Escobar, representante de la organización, dijo a El Diario de Hoy que el Estatuto de Roma les permite a ellos como sociedad civil enviar informes al fiscal de la Corte Penal Internacional en el que le anuncian sobre la posible comisión de un delito.
“Estamos diciendo: mire en El Salvador se están cometiendo estos crímenes de lesa humanidad y estos delitos internacionales y aquí les mandamos la prueba”, mencionó Escobar.
Añadió que entre las pruebas incluidas en el informe está un escrito con la información general del contexto del régimen de excepción, los nombres de personas fallecidas en penales durante el régimen de excepción y un análisis de estas muertes.
“Puede ser que no sea suficiente para el fiscal, sin embargo hay una premisa y es que no queda cerrado el caso, sino que el expediente queda abierto para seguir enviando información”, adelantó Escobar.
Además, la representante de Socorro Jurídico considera que algunas organizaciones no activan estos mecanismos por desconocimiento y alentó a utilizarlos. “Este es el mecanismo de notificar o de iniciar un proceso en línea y a veces por desconocimiento no se activan y cualquier organización puede activarla”, dijo.
El régimen de excepción suspende garantías constitucionales para las personas procesadas. Inició en marzo de 2022, tras un fin de semana en el que hubo 87 asesinatos. Desde entonces, organizaciones han denunciado decenas de casos de capturas arbitrarias y asesinatos dentro de las cárceles salvadoreñas.
Una nueva muerte
Socorro Jurídico informó, además, sobre una nueva muerte de un privado de libertad durante el régimen de excepción. Se trata de la víctima 433, según los registros de la organización.
La muerte ocurrió en mayo de 2022, pero la familia del fallecido informó recientemente a la organización porque tenían miedo de reportarlo cuando sucedió el hecho.
“Se trata de personas que fueron acusadas de agrupaciones ilícitas, sin más pruebas que una ‘llamada anónima’ y que no tuvieron derecho a ser oídas y vencidas en un juicio justo, antes les llegó la muerte. La última víctima fue reportada recientemente al Socorro Jurídico y es un hombre que murió en mayo de 2022, pero la familia tenía mucho miedo de reportarlo”, publicó la organización en la red social de X.
Socorro Jurídico hizo un llamado a las familias que han perdido un ser querido en estas mismas circunstancias a que se comuniquen con ellos para poder documentar el caso y presentarlo a sistemas de protección de derechos humanos.
La normativa internacional
El artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional establece como delito de lesa humanidad la tortura y el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, así como la tortura y la violación.
También incluye la desaparición forzada de personas, que en algunos casos del régimen de excepción ocurre cuando las personas son detenidas, pero no se les muestran a sus familias o abogados.
Además, el artículo 25 del mismo Estatuto establece que “quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto”.