Judge Joan M. Azrack of the U.S. District Court for the Eastern District of New York asked the United States Department of Justice to justify the “suitability and merits” of the agreement between the government of President Donald Trump and his Salvadoran counterpart, which includes, among other things, returning nine Mara Salvatrucha (MS-13) leaders to El Salvador, among them Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias “Vampiro de Monserrat.”
The request stems from the transcript of a status hearing for Arévalo Chávez held on July 24 of this year, which addresses the U.S. government’s motion to dismiss the charges against the MS-13 leader so he could be sent to El Salvador.
According to the transcript obtained by LA PRENSA GRÁFICA, Azrack referred to press reports indicating a link between the transfer of Venezuelans to the Centro de Confinamiento del Terrorismo (Terrorism Confinement Center, CECOT) and the Salvadoran government’s request for nine top MS-13 leaders currently in U.S. custody who purportedly possess information about an alleged pact to reduce homicides in exchange for prison benefits.
“According to a press report, an email sent between U.S. and Salvadoran officials indicated that El Salvador had requested the deportation of nine specific MS-13 members and that, upon the return of these individuals, El Salvador would provide the U.S. Government a 50 percent discount on the cost of housing these Venezuelans during the second year of their confinement in El Salvador. Mr. Arévalo Chávez appears to be one of the individuals whom El Salvador specifically requested,” Azrack stated at the July 24 hearing.
The judge then said she was aware that the Venezuelans had been released (which occurred on July 18) and noted that, as a result, “the entire arrangement now appears to be moot.”
“In light of these developments (…), is the government still seeking to dismiss the charges here to send this defendant to El Salvador? And, if so, why?” Azrack asked John Durham, the U.S. prosecutor in the case.
“Why would the United States trade nine defendants alleged to be high-level MS-13 members for $3 million? Is that a good deal for the United States?” Azrack also asked, alluding to the “discount” the Salvadoran government would apply to the cost of housing the Venezuelans at the Centro de Confinamiento del Terrorismo (Terrorism Confinement Center, CECOT) were the U.S. government to agree to deport the gang members.
Durham said they would answer those questions in writing.
Azrack ordered that Arévalo Chávez remain at the Metropolitan Detention Center in Brooklyn (MDC Brooklyn), as she has not yet agreed to dismiss the charges.
Jueza pide explicaciones sobre acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para deportar a líderes de la MS-13
La jueza Joan M. Azrack, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, pidió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos que justifique la “idoneidad y los méritos” del acuerdo entre el gobierno del presidente Donald Trump y de su homólogo salvadoreño que incluyen, entre otras cosas, el retorno de nueve líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) al país centroamericano, entre ellos Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias “Vampiro de Monserrat”.
La petición se desprende de la transcripción de una audiencia de estado contra Arévalo Chávez realizada el 24 de julio del presente año, en la cual se aborda la petición del gobierno estadounidense de retirar los cargos contra el líder de la MS-13 para poder enviarlo a El Salvador.
Según la transcripción a la que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, Azrack hace alusión a informes de prensa que indican que existe un vínculo entre el envío de venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y la petición del gobierno salvadoreño de nueve máximos líderes de la MS-13 que actualmente están privados de libertad en Estados Unidos y que tendrían información sobre un supuesto pacto para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios.
“Según un informe de prensa, un correo electrónico enviado entre funcionarios de Estados Unidos y El Salvador indicó que El Salvador había solicitado la deportación de nueve miembros específicos de la MS-13 y que, tras el regreso de estos individuos, El Salvador proporcionaría al Gobierno de EE.UU. un descuento del 50 por ciento en el costo de alojamiento de estos venezolanos durante el segundo año de su confinamiento en El Salvador. El Sr. Arévalo Chávez parece ser uno de los individuos que El Salvador solicitó específicamente”, argumentó Azrack en la audiencia del 24 de julio.
Luego la jueza dijo que tenía conocimiento sobre la liberación de los venezolanos (algo que sucedió el 18 de julio) y señaló que debido a ello “todo el arreglo ahora parece ser irrelevante”.
A la luz de los acontecimientos (…) ¿el gobierno todavía está buscando desestimar los cargos aquí para enviar a este acusado a El Salvador? Y, si es así, ¿por qué?”, preguntó Azrack a John Durham, fiscal de los Estados Unidos en el caso.
“¿Por qué Estados Unidos intercambiaría a nueve acusados que se alegan son miembros de alto nivel de MS-13 por 3 millones de dólares? ¿Es eso un buen trato para Estados Unidos?”, preguntó también Azrack, en alusión al “descuento” que el gobierno salvadoreño haría sobre la estadía de los venezolanos en el CECOT en caso de que el gobierno estadounidense accediera a deportar a los pandilleros.
Durham dijo que responderían a esas preguntas por escrito.
Azrack ordenó que Arévalo Chávez se mantenga en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, pues aún no accede a retirar los cargos.