The recent approval by El Salvador’s Legislative Assembly of a constitutional reform that modifies key elements of the political and electoral system is the latest example of a worrying trend towards the use of legislative power, without effective checks and balances, to introduce structural changes to the Constitution and other basic legislation that put human rights at risk.

The approval of these reforms confirms the warnings issued by Amnesty International in May 2024 and February 2025 regarding the process used to approve reforms to Article 248 of the Constitution. These reforms removed the requirement for constitutional amendments to be ratified by two separate legislative assemblies. This change has significantly reduced the time available for public engagement, weakened the system of checks and balances, and eliminated a key safeguard that formally allowed for greater public scrutiny.

“The warnings we have issued in recent months have been confirmed by the manner in which the Constitution has again been modified without proper debate or public consultation. This practice seeks to concentrate power in the executive branch and increases the risk of human rights violations and the implementation of further reforms in the future without regard to the voices or rights of the population,” said César Marín, Amnesty International’s deputy regional director for the Americas.

Since the ruling party obtained absolute control of the Legislative Assembly in 2021, it has driven multiple legal and constitutional reforms through fast-track procedures that lack transparency and effective public engagement, thereby seriously eroding judicial independence, eliminating accountability mechanisms and suspending fundamental rights under a state of emergency in place for over three years. This has resulted, among others, in the arbitrary detention of human rights defenders simply for making their voices heard.

“The manner in which constitutional reforms are being approved in El Salvador reveals a pattern of authoritarian practices that seek to undermine the conditions necessary for the full enjoyment of human rights, including the right to freedom of expression, participation in public affairs, and access to justice in cases of abuse of power. This is evidenced by the fact that, after decades, we have had to designate individuals such as Ruth López, Alejandro Henríquez and José Ángel Pérez prisoners of conscience in the country,” Marín added.

Amnesty International reiterates the obligation of the Salvadoran state to guarantee the right to participate in public affairs. This includes ensuring that reforms of this

nature are subject to adequate periods of debate and public scrutiny. It is therefore imperative that the authorities reverse the measures that have led to the closure of civic space and that stigmatize and criminalize those who exercise their right to freedom of expression by voicing public dissent against state policies.

In light of this situation, the organization calls on the international community to closely monitor the situation in El Salvador, demand that the Salvadoran state fulfil its international human rights obligations, support those who continue to defend human rights both within and outside the country and require the immediate and unconditional release of those detained simply for defending human rights.

Amnesty International: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/08/el-salvador-reformas-a-la-constitucion-sin-garantias-de-participacion-ni-deliberacion-publica-ponen-en-riesgo-los-derechos-humanos/

El Salvador: Reformas a la Constitución sin garantías de participación ni deliberación pública ponen en riesgo los derechos humanos.

La reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador que modifica elementos sustantivos del sistema político y electoral representan el ejemplo más reciente de una preocupante tendencia hacia el uso del poder legislativo, sin contrapesos efectivos, para introducir cambios estructurales a la Constitución y a otras normas fundamentales que ponen en riesgo los derechos humanos.  

La aprobación de estas reformas confirma las advertencias que Amnistía Internacional emitió en mayo de 2024 y febrero de 2025, por el proceso implementado durante la aprobación de las reformas al artículo 248 de la Constitución, las cuales eliminaron el requisito de que las modificaciones constitucionales fueran ratificadas por dos legislaturas distintas. Este cambio redujo significativamente el tiempo para el análisis público, debilitó el sistema de balances y contrapesos y eliminó una salvaguarda clave que permitía, al menos formalmente, mayor escrutinio social. 

“Las señales de alarma que hemos dado los últimos meses se confirman con la forma en que, una vez más, se ha modificado la Constitución sin procesos deliberativos adecuados ni consulta pública. Esta práctica busca concentrar el poder en el ejecutivo, e incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos y de que se impongan otras reformas en el futuro sin tomar en cuenta a la población y sus derechos.” afirmó César Marín, director regional adjunto para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde que el partido oficialista obtuvo el control absoluto de la Asamblea Legislativa en 2021, éste ha impulsado múltiples reformas legales y constitucionales de forma exprés, sin transparencia ni participación pública efectiva, debilitando gravemente la independencia judicial, eliminando mecanismos de rendición de cuentas y suspendiendo, durante más de tres años, derechos fundamentales bajo un régimen de excepción. Entre otras consecuencias, esto ha derivado en la  detención arbitraria de personas defensoras de derechos humanos tan solo por levantar su voz. 

“La manera en que se están aprobando las reformas constitucionales en El Salvador revela un patrón de prácticas autoritarias que busca debilitar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la libertad de expresión, a participar en los asuntos públicos, y de acceso a la justicia frente al abuso del poder. Esto en la realidad se manifiesta con el hecho que, tras décadas, hayamos tenido que declarar personas presas de conciencia en el país, como a Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.”  añadió Marín.

Amnistía Internacional reitera la obligación del Estado salvadoreño de garantizar el derecho a la participación en asuntos públicos, lo que implica asegurar que este tipo de reformas cuenten previamente con el tiempo necesario para la deliberación y el escrutinio público. Para ello, es indispensable que las autoridades reviertan las medidas que han cerrado el espacio cívico y bajo las cuales se estigmatiza y criminaliza a quienes en ejercicio de su libertad de expresión disienten públicamente de las políticas estatales. 

Frente a este panorama, la organización hace un llamado la comunidad internacional a mantener un monitoreo constante sobre la situación en El Salvador, exigir al Estado Salvadoreño que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respaldar a quienes desde dentro y fuera del país siguen defendiendo los derechos humanos, así como exigir la liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas simplemente por defender los derechos humanos.  

Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2025/08/el-salvador-reformas-a-la-constitucion-ponen-en-riesgo-los-derechos-humanos/