Just hours after approving constitutional amendments that pave the way for indefinite presidential reelection, extend the presidential term to six years, and eliminate elections for lawmakers to the Central American Parliament (PARLACEN), the Legislative Assembly ratified them on the same Thursday night.
Lawmaker Christian Guevara produced certified copies of the publications in the Official Gazette for agreements 2 and 3, and therefore requested a waiver of ordinary legislative procedure.
“Here is certificate 20,980 attesting to Constitutional Reform Agreement No. 2, and certificate 20,981 attesting to Constitutional Reform Agreement No. 3,” he announced, adding that the documents empowered him “to move procedurally” for their ratification.
It bears recalling that Nuevas Ideas had previously amended Article 248 to allow constitutional reforms to be ratified by a single legislature with a three-fourths vote, thus eliminating the need to wait for a new legislative session.
Another constitutional reform approved this year eliminated public financing for political parties.
Another Extension of the State of Exception
Caleb Navarro also moved to approve the forty-first extension of the state of exception. This suspension of constitutional guarantees has been in effect since March 2022.
For the previous extension, the government justified it by citing how coordination with international authorities had bolstered actions against transnational crime, “enabling the arrest in Guatemala of gang members with ties to other countries and the disruption of communication channels used to orchestrate criminal activities from abroad.”
“Combating the gang phenomenon can only be waged with extraordinary measures commensurate with the complexity of its criminal operations,” the decree in question asserts.
Furthermore, the Fiscalía General de la República (Office of the Attorney General) had recently arrested high school students in San Salvador, accusing them of crimes linked to organized crime. The President of the Legislative Assembly, Ernesto Castro, devoted a substantial portion of the debate to justifying the extension on the grounds of those arrests.
The state of exception suspends the constitutional rights and guarantees enshrined in Article 7, regarding the right to free association and peaceful assembly; Article 12, which stipulates that a detained person must be immediately informed of their rights and the reasons for their detention without being forced to testify; Article 13, which limits administrative detention to 72 hours; and Article 24, which prohibits the interference and interception of telecommunications.
Widespread Calls for Repeal
Citizens, human rights organizations, international bodies, churches, and other entities have repeatedly demanded the repeal of the state of exception, citing reasons such as arbitrary arrests, deaths in state custody, torture, and the regime’s exploitation for political persecution.
On July 23, the Fundación para el Debido Proceso (Foundation for Due Process, DPLF), Amnesty International, the Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Center for Justice and International Law, CEJIL), the Organización Mundial Contra la Tortura (World Organisation Against Torture, OMCT), and the Red Centroamericana de Periodistas (Central American Network of Journalists)—during a hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), which the State declined to attend—denounced, among other issues, the perpetuation of the regime.
They reported that harassment and surveillance have escalated into a strategy of criminalizing human rights defenders and journalists; that the criminal justice system is being weaponized—enabled by the lack of judicial independence—to prolong the state of exception; and that repressive legal reforms continue to be adopted.
“Under the pretext of combating gangs, ambiguous criminal offenses such as belonging to illicit groups are wielded against defenders and journalists with no ties whatsoever to organized crime,” the denunciation charged.
Regarding deaths in state custody, Socorro Jurídico Humanitario (Legal Humanitarian Aid) reports that at least 425 inmates have perished under the state of exception.
Asamblea ratificó reformas constitucionales en la misma noche
A pocas horas de haber aprobado los acuerdos de reforma a la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial indefinida, ampliar el periodo presidencial a seis años y eliminar la elección de diputaciones del PARLACEN, la Asamblea Legislativa las ratificó en la misma noche de jueves.
El diputado Christian Guevara presentó las certificaciones de publicaciones en el Diario Oficial de los acuerdos 2 y 3, por lo que pidió la dispensa de trámites.
“Aquí está la constancia 20980 que hace constar sobre el acuerdo de reforma constitucional número dos y la constancia 20981 que hace constar el acuerdo reforma constitucional número tres”, dijo, agregando que eso le facultaba “para solicitar procesalmente” que fueran ratificados.
Cabe recordar que Nuevas Ideas reformó anteriormente el artículo 248 que permite que las reformas a la Carta Magna se puedan rarificar por una misma legislatura, con votos de las tres cuartas partes de diputados, y así no tener que esperar el cambio de legislatura.
Otra reforma constitucional aprobada este año fue eliminar la deuda política.
Otra prórroga al régimen
Caleb Navarro también pidió aprobar la cuadragésima primera prórroga al régimen de excepción. Esta condición de pérdida de garantías constitucionales está vigente desde marzo de 2022.
Para la pasada prórroga, el gobierno justificó que la coordinación con autoridades internacionales fortaleció las acciones contra el crimen transnacional, “permitiendo la detención en Guatemala de pandilleros con nexos en otros países y la interrupción de canales de comunicación utilizados para ordenar actividades delictivas desde el exterior”.
“El combate del fenómeno de las pandillas solo puede hacerse con acciones extraordinarias que guarden la debida proporción a la complejidad de su funcionamiento criminal”, manifiesta el referido decreto.
Además, recientemente la Fiscalía General de la República había capturado a estudiantes de institutos nacionales en San Salvador, a quienes se les acusó de crímenes vinculados al crimen organizado. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dedicó una gran parte de la discusión a justificar la prórroga por esas detenciones.
El régimen suspende los derechos y garantías constitucionales regulados en los artículos 7, referente al derecho de la libre asociación, a la reunión pacífica; 12 sobre que la persona detenida debe ser informada de manera inmediata sobre sus derechos y de las razones de su detención sin tener que ser obligada a declarar; 13 sobre que la detención administrativa no excederá de las 72 horas y el artículo 24, el cual prohíbe la interferencia e intervención de las telecomunicaciones.
Múltiples llamados
Ciudadanos, organizaciones defensoras de derechos humanos, organismos internacionales, las iglesias y otras entidades más han solicitado en múltiples ocasiones la derogación del régimen de excepción por motivos como capturas arbitrarias, muertes bajo custodia del Estado, torturas y el uso del régimen de excepción para persecución política.
Este 23 de julio la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Centroamericana de Periodistas ante una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —a la que el Estado decidió no asisitir— se denunció, entre otras cosas el mantenimiento del régimen.
Se denunció que el hostigamiento y la vigilancia escalan a una estrategia de criminalización contra defensores de derechos humanos y contra periodistas, que se hace uso indebido del sistema penal ( beneficiado de la falta de independencia del Órgano Judicial), la prolongación del régimen de excepción y la aprobación de reformas legales represivas.
“Bajo la excusa del combate a las pandillas, se hace uso de tipos penales ambiguos como pertenecer a agrupaciones ilícitas contra personas defensoras y periodistas sin vínculo alguno con el crimen organizado”, se denunció.
Sobre las muertes bajo custodia del Estado, Socorro Jurídico Humanitario cuenta que son al menos 425, los reos muertos bajo régimen de excepción.