The prolonged detention of Ruth López, an anticorruption lawyer and vocal critic of President Nayib Bukele’s government, “reflects an alarming erosion of the rule of law in El Salvador,” declared Margaret Satterthwaite, the UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, on Wednesday.

“Due process is not optional. Judicial independence is not negotiable. And the rights to liberty, legal defense, and protection from arbitrary detention are non-derogable, even under a state of exception. The prolonged detention of Ruth López reflects an alarming erosion of the rule of law in El Salvador,” the expert posted on X.

Satterthwaite stated she had conveyed her “grave concern” to the Salvadoran government that López “has been criminalized in retaliation for her work as a lawyer and human rights defender.” She added that “her arbitrary detention, incommunicado confinement, and the criminal proceedings against her appear to violate the most basic principles of due process and judicial independence.”

The rapporteur expressed alarm that on July 6, López “was transferred to the maximum-security prison in Izalco, again held incommunicado and despite a court order citing medical concerns,” and further noted that it is troubling that on July 21, the Probity Section of the Supreme Court “reportedly initiated an audit of her asset declarations from 2016.”

“This investigation—conducted nine years after the declaration was filed and two months after her arrest—appears to be a tactic to manufacture administrative legitimacy in order to bolster criminal charges, which could constitute a violation of the principle of legality,” the expert warned.

Upon leaving a hearing on June 4, López declared to dozens of journalists that she was a “political prisoner” and that the case stemmed from her anticorruption efforts within the humanitarian organization Cristosal, where she headed the Anticorruption Unit.

“I am innocent; I am a political prisoner. All the accusations stem from my legal work, from my exposés of corruption in this government!” López shouted as police hustled her through a scrum of reporters.

On July 28, the United States-based American Bar Association honored López with its International Human Rights Award.

The Prosecutor’s Office initially accused López of embezzlement via its X account, but upon filing the formal charges, it shifted to illicit enrichment and has placed the case under seal.

Cristosal has recently announced that it is shutting down its operations in El Salvador, denouncing what it calls an “escalating crackdown” by the Bukele administration on activists.

The Bukele administration has faced mounting criticism in recent weeks over the arrests of at least five activists and other critics of his administration.

According to testimony from several humanitarian organizations last week at a public hearing before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), about 130 activists and journalists have had to leave El Salvador to protect their safety.

Destino Panamá: https://www.destinopanama.com.pa/2025/07/detencion-de-abogada-refleja-erosion-de-estado-de-derecho-salvadoreno-dice-experta-de-onu/

Detención de abogada refleja erosión de Estado de derecho salvadoreño, dice experta de ONU

La detención prolongada de Ruth López, abogada anticorrupción y crítica del Gobierno de Nayib Bukele, «refleja una alarmante erosión del Estado de derecho en El Salvador», dijo el miércoles la relatora para Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite.

«El debido proceso no es opcional. La independencia judicial no es negociable. Y los derechos a la libertad, la defensa legal y la protección frente a la detención arbitraria son inderogables, incluso bajo un régimen de excepción. La detención prolongada de Ruth López refleja una alarmante erosión del Estado de derecho en El Salvador», publicó la experta en X.

Satterthwaite indicó que ha manifestado al Gobierno salvadoreño su «grave preocupación por el hecho de que haya sido criminalizada en represalia por su labor como abogada y defensora de derechos humanos» y agregó que «su detención arbitraria, el confinamiento en régimen de incomunicación y el proceso penal en su contra parecen violar los principios más básicos del debido proceso y la independencia judicial».

La letrada se mostró alarmada que el 6 de julio «fue trasladada al penal de máxima seguridad de Izalco, nuevamente incomunicada y a pesar de una orden judicial que citaba preocupaciones médicas», además dijo que es preocupante que el 21 de julio, la Sección de Probidad de la Corte Suprema «habría iniciado una revisión patrimonial de sus declaraciones de 2016».

«Esta investigación —realizada nueve años después de haberse presentado dicha declaración y dos meses después de su detención— parece ser una táctica para fabricar legitimidad administrativa a fin de sustentar cargos penales, lo que podría constituir una violación del principio de legalidad», alertó la experta.

Al salir de una audiencia, realizada el 4 de junio, López afirmó ante decenas de periodistas que era una «presa política» y que el proceso se debe a su trabajo contra la corrupción gubernamental desde la organización humanitaria Cristosal, donde ha sido jefa del área Anticorrupción.

«¡Soy inocente, soy una presa política. Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno!», gritó López mientras era custodiada por varios policías entre empujones con la prensa.

El 28 de julio, López, fue reconocida con el Premio Internacional de Derechos Humanos de la American Bar Association, con sede en Estados Unidos.

La Fiscalía acusó inicialmente a López de peculado desde su cuenta de X, pero al presentar la acusación formal lo cambió por enriquecimiento ilícito y además ha puesto el caso bajo secreto.

Cristosal anunció recientemente el cierre de operaciones en El Salvador, denunciando una “escalada represiva” por parte del gobierno de Nayib Bukele contra activistas.

El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.

Según denunciaron la semana pasada diversas organizaciones humanitarias en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos 130 activistas y periodistas han tenido que salir de El Salvador para resguardar su integridad.

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