In the courts there are matters that are self-evident and credible. Others demand intricate investigations and may linger in doubt, though the norm is to defer to the judge’s ruling. Yet certain cases strain credulity. The cases of Alejandro Henríquez and José Ángel Pérez fall squarely into that latter category.

We watched José Ángel’s arrest unfold on social media. There was no threat to public safety, nor any aggressive resistance to the detention. Alejandro Henríquez acted as any lawyer would, defending his client. He is a young attorney, a champion of human rights, an advocate for ordinary people. It is entirely routine for a lawyer to challenge authorities if they perceive a violation of their client’s rights. To claim suspicion that they intended to storm a private property is not a grounded suspicion—it is sheer flights of unbridled fancy. They have been thrown into prison, stripped of the presumption of innocence.

In the absence of violence—and in this instance, none appears to have occurred—charges of resisting authority typically carry penalties that can be commuted to community service. Yet despite the murky basis for the resistance accusation, the court has also placed the information under seal and barred them from receiving prison visits.

Ruth E. López’s case bears similar hallmarks, though the charges differ. These are not akin to those of certain military figures from the past, who committed heinous crimes and were granted freedom during protracted trials. For human rights defenders, severity trumps all other considerations, even when the alleged offenses are minor—or, to many, nonexistent.

Implausible cases invariably spark outrage. It is no surprise that in surveys, a sizable portion of respondents say they are afraid to voice criticism. They also provoke dismay among reputable institutions dedicated to human rights, which intervene only to be ignored despite offering views rooted in international legal standards formally recognized by El Salvador. And they lend credence to claims of judicial dependence or, at minimum, the judges’ deficient legal acumen. While some courageous lawyers do not hesitate to air their critiques, many handling cases of any stripe opt against publicizing theirs, citing—by their own admission—“precaution.”

This state of affairs serves no one, least of all those imprisoned. Ideally, the Prosecutor’s Office would reassess the events and drop the charges. Prolonging the ordeal and keeping the information under seal only erodes the cases’ credibility further. In general, placing information under seal in judicial matters is a limitation on the right to information that should be invoked solely in extraordinarily grave instances that imperil national security, hinder the investigation, or endanger the parties or due process. None of that appears to be at stake here.

One can grasp why judges and prosecutors bristle at public criticism. However, the best antidote to criticism is dialogue, coupled with a measure of rationality and transparency that seems absent from the judicial process. Two months ago, on May 29 of this year, the Conferencia Episcopal de El Salvador (Episcopal Conference of El Salvador) urged the government “not to persecute human rights defenders merely for fulfilling that role.” It further called for any such detainees to have their cases reviewed and to be released immediately. This plea carries weight, as no one issues such recommendations without genuine concern that individuals risk imprisonment solely for defending rights.

Reflection, the reversal of these dubious judicial predicaments, and greater dialogue with civil society are essential paths to forging the social cohesion and participation in projects for the common good.

Diario Co Latino: https://www.diariocolatino.com/los-casos-poco-creibles/

Los casos poco creíbles

En los casos judiciales hay situaciones obvias y creíbles. Otras requieren investigaciones complejas y pueden dejar dudas, aunque lo normal sea aceptar el criterio del juez. Pero hay algunos casos que resultan poco creíbles. Los casos de Alejandro Henríquez o José Ángel Pérez son un ejemplo de estos últimos.

Vimos en las redes la detención de José Ángel. No había amenaza a la seguridad ni una resistencia agresiva a la detención. Alejandro Henríquez se comportó como abogado defendiendo a su representado. Es un abogado joven, defensor de derechos, acompañante de gente sencilla. Es normal que el abogado discuta si siente que a su representado le están violando algún derecho. Decir que se sospechaba que querían entrar violentamente en una propiedad privada no es una sospecha, es simplemente un acto de imaginación desbocada. Los han metido en la cárcel y no les han dado el derecho a la presunción de inocencia.

Cuando no hay violencia, y en el caso que comentamos parece que no la hubo, los casos de resistencia a la autoridad tienen penas que se pueden normalmente sustituir por servicios sociales. A pesar de ser un caso en el que la acusación de resistencia no está clara, el juzgado han decretado además reserva de información y no pueden recibir visitas en la cárcel.

El caso de Ruth E. López tiene rasgos semejantes, aunque el delito del que se le acusa sea distinto. No son casos como los de algunos militares del pasado que cometieron graves crímenes y fueron durante largo tiempo juzgados en libertad. En el caso de los defensores de derechos humanos la dureza pesa más que cualquier otra consideración a pesar de que no se puede hablar de delitos graves sino de delitos leves  para muchos inexistentes.

Los casos poco creíbles causan siempre conmoción. No es raro que en las encuestas una buena parte de los encuestados digan que tienen miedo a expresar críticas. También despierta estupor en instituciones serias, defensoras de derechos humanos, que intervienen sin ser escuchadas a pesar de tener opiniones fundadas en normativa jurídica internacional reconocida formalmente por El Salvador. Y por supuesto hacen creíbles las afirmaciones de la falta de independencia judicial o, al menos, el bajo nivel jurídico de los jueces. Aunque hay abogados valientes que no dudan en hacer sus críticas, muchos de los que están llevando casos, del nivel que sea, prefieren no exteriorizar sus críticas en público, según ellos mismos, “por precaución”.

Esta situación no es buena para nadie. Y menos para quienes está presos. El ideal es que la Fiscalía hiciera una evaluación de lo sucedido y retirara los cargos. Prolongar la situación y mantener la reserva de información hace cada vez menos creíbles los casos. En general la reserva de información en casos judiciales es una limitación al derecho a la información que solo se debe tomar en casos sumamente graves que afecten a la seguridad nacional, perjudiquen la investigación o pongan en peligro la seguridad de las partes o el debido proceso. Nada de eso parece estar en juego.

Uno puede entender que tanto a jueces como a fiscales les moleste que la ciudadanía les critique. Pero para evitar la crítica no hay nada mejor que el diálogo y una cierta racionalidad y transparencia que no parece existir en el proceso judicial. Hace dos meses, el 29 de Mayo de este año, la Conferencia Episcopal de El Salvador solicitaba al gobierno “que no se persiga a los defensores de derechos humanos por el simple hecho de ejercer esa función”. Y añadía que si hubiera algunos presos, sus casos debían ser estudiados y sus personas puestas en libertad de inmediato. La petición es muy seria, pues nadie hace este tipo de recomendación o petición si piensa que nadie tiene peligro de verse privado de libertad por defender derechos.

La reflexión, la reversión de la situaciones judiciales poco creíbles y más diálogo con la sociedad civil son caminos indispensables para construir la necesaria cohesión social y la participación en proyectos de realización común.

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