Human rights organizations and defense attorneys representing the 252 Venezuelans who were held in the Terrorism Confinement Center (Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, CECOT) will file a lawsuit before the International Criminal Court (ICC) and the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) against the Salvadoran State, alleging torture and other abuses suffered while in custody.
Attorneys told LA PRENSA GRÁFICA that the humanitarian swap brokered by the United States and Venezuela does not absolve El Salvador of responsibility. Since last weekend, they have been interviewing the former inmates to catalog every violation and incorporate it into the legal brief.
Walter Márquez, counsel and representative of the Venezuelan NGO Fundación El Amparo, stated that his clients will seek reparations for the torture they allegedly endured in CECOT and argued that the case also involves crimes such as enforced disappearance.
“That court order releasing them does not exonerate the Salvadoran Government, which perpetrated the grave crime of unlawful imprisonment, torture and inhuman treatment, and enforced disappearance—an array of offenses set forth in the Rome Statute of the International Criminal Court. The humanitarian solution came too late; these Venezuelans have already suffered profound moral, spiritual and material harm,” he asserted.
Upon returning to their native country, some Venezuelans reported being victims of torture and mistreatment, which included being shot with pellets, beatings, cuts, threats, sexual abuse, and receiving substandard food.
Salvadoran human-rights groups had previously documented torture and deaths inside the country’s prisons. Legal Humanitarian Aid (Socorro Jurídico Humanitario, SJH), for example, has recorded the deaths of 430 inmates, citing blunt-force trauma, lacerations, denial of medical care and other abuses.
According to criminal lawyer and human-rights defender Jayme Magaña of Alas por la Libertad (Wings for Freedom), the conduct violated Article 7 of the Rome Statute, which defines crimes against humanity, as well as the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the International Covenant on Civil and Political Rights.
“Everything they have disclosed so far points to severe physical and psychological torture. Even as they boarded the planes home, guards fired pellets—no live rounds, but the marks are visible. We are organizing all of this evidence; the complaint is ready,” Magaña said.
She added that sexual assault inside Salvadoran prisons—against both men and women—“is becoming State policy,” calling it “part of the torture manual in the Americas, a practice that had not been employed this way in three decades.”
LA PRENSA GRÁFICA requested comment from the Presidential House (Capres) and the Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH) regarding the impending lawsuit and the allegations raised by the Venezuelans. Neither institution had replied by the time this article went to press.
On March 15, 2025, the first group of Venezuelans arrived from the United States and was placed in detention at CECOT. A second flight later arrived, bringing the total to 252 Venezuelans, who were charged with belonging to criminal organizations. On July 18 of this year, the United States and Venezuela confirmed their release under a humanitarian accord.
Investigation Opened
On Monday, July 21, the Venezuelan Public Prosecutor’s Office announced that it will open an investigation of the president of El Salvador, the minister of Justice and Public Security, Gustavo Villatoro, and the director-general of prisons, Osiris Luna, for the alleged torture and cruel treatment inflicted on the 252 Venezuelans.
“I call on the International Criminal Court, the United Nations Human Rights Council and the relevant bodies across the Americas and the world to do the same,” Venezuelan Attorney General Tarek William Saab said, according to international media reports.
Saab cited testimonies from several returnees who described abuse by personnel of the Directorate-General of Prisons (DGCP), allegations the Salvadoran authorities have denied.
Alistan demanda ante Corte Penal Internacional contra el Estado salvadoreño por venezolanos en el CECOT
Organizaciones de derechos humanos y abogados defensores de los 252 venezolanos que estuvieron detenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT) presentarán una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado salvadoreño por las torturas y afectaciones que recibieron mientras estaban en prisión.
Según comentaron abogados a LA PRENSA GRÁFICA, el hecho de que los venezolanos hayan salido del CECOT tras un canje humanitario, en acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, no hará que desistan de interponer la demanda. Sostienen que desde el pasado fin de semana iniciaron con las entrevistas hacia los exprivados de libertad, para conocer las vulneraciones que vivieron e incluirlas en el escrito legal.
Walter Márquez, abogado y también representante de la Fundación El Amparo de Venezuela, mencionó que los venezolanos pedirán una indemnización por daños morales y materiales tras denunciar actos de tortura que supuestamente recibieron mientras estaban en detención en el CECOT, a la vez que considera que se cometieron delitos como desaparición forzada y otros.
Esa resolución (libertad) no exime de responsabilidad al Gobierno (de El Salvador) quien cometió el crimen de encarcelación grave, de torturas y tratos inhumanos, desaparición forzada. Una serie de crímenes establecidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Hay una solución humanitaria, pero se generaron muchos daños morales, espirituales y materiales para estos venezolanos”, indicó.
Algunos venezolanos relataron al llegar a su país natal que fueron víctimas de torturas, malos tratos, que incluyeron impactos de perdigones, golpes, cortes, amenazas, abuso sexual y alimentación de mala calidad.
Organizaciones de derechos humanos en El Salvador ya habían denunciado casos de torturas y muertes en los centros penales del país, entre los que está el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) que ha documentado la muerte de 430 privados de libertad, entre los que se encuentran informes de golpes y cortaduras, falta de atención médica y otros.
De acuerdo con la abogada penalista y defensora de derechos humanos Jayme Magaña, quien forma parte de la organización Alas por la Libertad, se vulneró el artículo 7 del Estatuto de Roma, que habla sobre los crímenes de lesa humanidad; así como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Por todo lo que ellos (venezolanos) han dicho hasta ahora, fueron víctimas de graves torturas físicas, psicológicas, incluso al momento de regresar y abordar los aviones recibieron balas, no munición viva, pero mostraron dónde cayeron en su cuerpo. Todo esto se tiene que organizar para presentar la demanda, porque ya está lista”, expuso Magaña.
La abogada expuso que las agresiones sexuales en los centros penitenciarios, tanto contra hombres como mujeres, se está convirtiendo “en una política de Estado” porque considera “es parte del manual de la tortura en las Américas. Les están enseñando a hacer eso, que no se hacía desde hace 30 años de esa manera”.
LA PRENSA GRÁFICA pidió una versión a Casa Presidencial (Capres) y la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) sobre la posible demanda al Estado salvadoreño, así como su versión sobre señalamientos a las vulneraciones que han denunciado los venezolanos; sin embargo, al cierre de esta nota aún se esperaba su respuesta.
El 15 de marzo de 2025 arribó el primer grupo de venezolanos procedentes de Estados Unidos y fueron puestos en detención en el CECOT. Luego arribó otro vuelo con el cual completaron 252 venezolanos, siendo acusados de pertenecer a grupos criminales. El 18 de julio de este año, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela confirmaron la salida de estos sudamericanos tras un trato humanitario.
Abrió investigación
El Ministerio Público de Venezuela anunció este lunes 21 de julio que abrirá una investigación contra el presidente de El Salvador así como el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y al director general de centros penales, Osiris Luna, por la presunta tortura y tratos crueles hacia los 252 venezolanos.
Hago un llamado a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a los organismos correspondientes, tanto de América como del mundo, para que hagan lo mismo”, mencionó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, según retoman medios internacionales.
Saab agregó el testimonio de algunos de los venezolanos que estuvieron en detención en el CECOT y que describieron los malos tratos recibidos por personal de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), algo que las autoridades salvadoreñas han negado.