El Salvador ranks among the countries facing acute food stress according to the United Nations (UN), prompting community and social organizations to sound the alarm on the urgent need to rethink the development model and bolster domestic food production.
On Monday, during an interview on radio YSUCA, Adalberto Blanco and Rubén Quintanilla of the Mesa por la Soberanía Alimentaria (Table for Food Sovereignty) and the Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (Permanent Table for Risk Management) highlighted how the current situation weaves together structural, social, and climatic factors, leaving thousands of families with limited or no access to adequate nutrition.
In the view of the interviewees, despite official rhetoric touting economic stability, the reality in Salvadoran households paints a starkly different picture.
“Food prices remain sky-high, far exceeding pre-pandemic levels,” Blanco asserts.
He explains that while overall inflation has eased, the consumer price index for food products continues to climb, intensifying the strain on low-income households.
Most Vulnerable Populations
Rural communities, particularly peasant farmers, bear the brunt of the impact. Many families scrape by on one or two meals a day, forgoing proteins and other essential nutrients, as various studies have revealed.
This situation is fueling a rise in malnutrition, particularly among children and the elderly, the interviewees emphasize.
According to a March 2023 survey by the Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Dr. Guillermo Manuel Ungo Foundation, Fundaungo), more than 70 percent of Salvadorans stopped buying certain foods due to price hikes; 58.3 percent reduced portion sizes at meals; 69.9 percent skipped purchasing meat, chicken, or fish at least once; 53.7 percent forwent fruits or vegetables; 37.8 percent, staple grains; and 18.2 percent of households went without a meal at least once.
Similar findings emerged in the survey “La población salvadoreña evalúa la situación del país al cierre del 2024,” conducted by the University Institute of Public Opinion (Iudop) at the Dr. José Simeón Cañas Central American University (UCA). The instrument revealed that 66.5 percent of Salvadorans have stopped buying meats and sausages; 37.8 percent have given up dairy products and eggs; while 18.8 percent no longer consume grains like beans, cereals such as corn, rice, and other flours; and 11.3 percent have stopped buying fruits and vegetables.
The Mesa Nacional por la Soberanía Alimentaria (National Table for Food Sovereignty) adds that rural youth, in turn, are fleeing the countryside amid a dearth of opportunities.
“Fewer and fewer young people are working in agriculture,” Quintanilla warns.
The toxic mix of meager incomes, precarious employment, land insecurity, and scant public investment has turned rural areas into expulsion zones, perpetuating the migration cycle, the experts contend.
Structural Causes
They further argue that the prevailing economic model stands as a primary driver of the country’s food crisis, favoring exports and imports over nurturing domestic production.
“We import more than we produce and subsidize commercialization, not production or the end consumer,” Blanco denounces.
The shift from the state’s agricultural package to an agricultural voucher has slashed support for small-scale producers by 40 percent, severely curtailing access to seeds and fertilizers, he adds. For the interviewee, this policy has spawned shortages, price surges, and heightened reliance on private inputs.
They also challenge the allocation of prime farmland to monocrops like sugarcane—which guzzles vast amounts of water and agrochemicals—while shrinking the acreage for vital food crops such as corn and beans.
Community-Led Actions
Faced with this grim landscape, the experts assert that communities can confront the crisis through a focus on communal resilience and food sovereignty. Actions such as reviving national agriculture via agroecological models that safeguard the environment and enhance soil and water quality; coupled with strengthening community seed systems to promote the preservation and exchange of native varieties, thereby curbing market dependency, will help mitigate the fallout.
They also recommend promoting social organization and joint efforts among communities, civil society, local governments, and private actors. Another key step involves championing public policies geared toward equipping populations to anticipate threats, respond effectively, and rebound swiftly.
“Agriculture can generate jobs, restore ecosystems, and yield returns of up to 12 or 13 dollars for every dollar invested,” Quintanilla underscores. For this to materialize, he maintains, it demands “political will, institutional coherence, and a long-term vision.”
In Blanco’s words, the food crisis “is not just a rural issue. We all eat. We all require proper nutrition. The food crisis is catching up to us all.”
In that vein, he notes, tackling El Salvador’s food crisis demands more than stopgap measures: it requires overhauling the development model, empowering communities, and securing the human right to food with social justice and equity.
Crisis alimentaria se agrava y golpea a los más vulnerables en El Salvador
El Salvador está en la lista de países con estrés alimentario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por lo que desde organizaciones comunitarias y sociales se advierte sobre la necesidad urgente de que se replantee el modelo de desarrollo y se fortalezca la producción nacional de alimentos.
El lunes, durante la entrevista de radio YSUCA, Adalberto Blanco y Rubén Quintanilla, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria y la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo, señalaron que la situación actual combina factores estructurales, sociales y climáticos que están dejando a miles de familias con acceso limitado o nulo a una alimentación adecuada.
A juicio de los entrevistados, a pesar del discurso oficial que apunta a una supuesta estabilidad económica, la realidad en los hogares salvadoreños pinta un panorama muy distinto.
“Los precios de los alimentos siguen siendo altos, muy por encima de los niveles previos a la pandemia”, afirma Blanco.
Explica que aunque la inflación general ha disminuido, el índice de precios al consumidor en productos alimenticios continúa en ascenso, agravando el impacto en la economía de los hogares de bajos ingresos.
Poblaciones más vulnerables
Las comunidades rurales, especialmente campesinas, son las más afectadas.
Muchas familias sobreviven con una o dos comidas al día, sacrificando el consumo de proteínas y otros nutrientes esenciales, según han revelado diferentes estudios.
Esta situación provoca un aumento de la malnutrición, especialmente en niños, niñas y personas mayores, resaltan los entrevistados.
Según la encuesta de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), de marzo de 2023, más del 70% de los salvadoreños dejó de comprar algunos alimentos por el aumento de precios; el 58.3% redujo la cantidad servida en cada comida; el 69.9% dejó de comprar al menos una vez carne, pollo o pescado; el 53.7% dejó de comprar frutas o verduras; el 37.8%, granos básicos; y el 18.2% de los hogares se quedaron sin poder realizar un tiempo de comida al menos una vez.
Los datos fueron similares en la encuesta “La población salvadoreña evalúa la situación del país al cierre del 2024”, del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de la Universidad Centroamericana Dr. José Simeón Cañas (UCA).
El instrumento reveló que el 66.5 % de salvadoreños ha dejado de comprar carnes y embutidos; el 37.8 % ha renunciado a la compra de productos lácteos y huevos; mientras que el 18.8 % ya no consume granos como frijoles, cereales como el maíz, arroz y otras harinas; mientras que el 11.3 % ha dejado de comprar frutas y verduras.
La Mesa Nacional por la Soberanía Alimentaria, añade que la juventud rural, por su parte, está abandonando el campo ante la falta de oportunidades.
“Cada vez hay menos jóvenes trabajando en la agricultura”, advierte Quintanilla.
La combinación de bajos ingresos, empleo precario, inseguridad territorial y escasa inversión pública ha convertido al campo en una zona de expulsión, alimentando el ciclo migratorio, opinan los expertos.
Causas estructurales
Asimismo señalan que el modelo económico vigente es una de las principales causas de la crisis alimentaria en el país, en el que se prioriza la exportación y la importación de alimentos en lugar de fomentar la producción nacional.
“Importamos más de lo que producimos y subsidiamos la comercialización, no la producción ni al consumidor final”, denuncia Blanco.
La transición del paquete agrícola del Estado a un bono agropecuario ha reducido en un 40% el apoyo a pequeños productores, afectando gravemente el acceso a semillas y fertilizantes, añade.
Para el entrevistado, esta medida ha generado escasez, encarecimiento y una mayor dependencia de insumos privados.
Cuestionan además el uso de las mejores tierras para monocultivos como la caña de azúcar (que demanda altos niveles de agua y agrotóxicos) y se reduce el espacio disponible para cultivos alimentarios esenciales, como maíz y frijol.
Acciones desde las comunidades
Ante este escenario, los expertos señalan que es posible enfrentar la crisis desde las comunidades, con un enfoque basado en la resiliencia comunitaria y la soberanía alimentaria.
Acciones como recuperar la agricultura nacional, apostando por modelos agroecológicos que protejan el medio ambiente y mejoren la calidad del suelo y del agua; además de fortalecer los sistemas comunitarios de semillas, promoviendo la conservación e intercambio de variedades criollas para reducir la dependencia del mercado van a contribuir a reducir su impacto.
Asimismo recomiendan promover la organización social y el trabajo conjunto entre comunidades, sociedad civil, gobiernos locales y actores privados.
Otra de las acciones es apostar por políticas públicas orientadas a preparar a la población para enfrentar amenazas, responder ante ellas y recuperarse con rapidez.
“La agricultura puede generar empleo, mejorar los ecosistemas y devolver hasta 12 o 13 dólares por cada dólar invertido”, subraya Quintanilla. Para que esto sea posible, sostiene, se requiere “voluntad política, coherencia institucional y una visión a largo plazo”.
En palabras de Blanco la crisis alimentaria “no es solo un problema del campo. Todos comemos. Todos necesitamos una buena alimentación. La crisis alimentaria nos está alcanzando a todos”.
En tal sentido acota, abordar la crisis alimentaria en El Salvador exige algo más que medidas paliativas: implica transformar el modelo de desarrollo, empoderar a las comunidades y garantizar el derecho humano a la alimentación con justicia social y equidad.