Although the Salvadoran government has satisfied most of the conditions tied to its $1.4 billion loan, a number of commitments are lagging or remain unfulfilled. In its first review of the agreement, the IMF stipulated that the authorities must disclose comprehensive data on state-owned enterprises, including estimates of fiscal activities, ownership policies, and corporate governance. They must also spell out performance expectations, competitive neutrality, financial and risk management standards, as well as transparency and accountability mechanisms.
That obligation was due at the end of March 2025, yet the deadline slipped, the report notes. To date, the government has released information on only seven public or autonomous companies, leaving several others still in the dark. The Fund therefore expects faster progress, with plans to publish the audited financial statements of the Executive Hydroelectric Commission of the Lempa River (CEL) and the National Electric Transmission Entity (Ente), along with those of their subsidiaries, by the end of May 2026. In CEL’s case, this must include subsidiaries such as Geothermal Energy of El Salvador (LaGeo), Energy Investments (INE), Cucumacayán Electric Company (ECSA), and the Transmission Company of El Salvador (Etesal).
Bitcoin Purchases Continue Despite the Agreement
Regarding Bitcoin—a recurrent concern—the Fund reiterated in its report that Salvadoran authorities maintain their commitment not to increase crypto-asset reserves and have announced the phasing out of the state-owned electronic wallet, Chivo. “The commitment to end public involvement in Chivo by late July 2025 remains unchanged,” the document states.
However, while the organization has insisted on avoiding the use of public funds for cryptocurrency purchases, the technical team’s review detected “minor fluctuations in client bitcoin deposits, which led to a slight breach of the target for no net Bitcoin accumulation,” the IMF report notes.
As of July 10, El Salvador’s Bitcoin reserves stood at $700 million, according to the government’s National Bitcoin Office (Oficina Nacional de Bitcoin), which added that the country holds 6,233.18 coins, valued at $708.5 million. On July 14, the site bitcoin.gob.sv boasted that “El Salvador has been buying $BTC since November 2022 and now has an unrealized gain of more than $456,000,000 in its Bitcoin holdings.”
In its latest communiqué, the IMF’s Executive Board underscored “the importance of clear and consistent communication” regarding the government’s statements on Bitcoin purchases.
Other Breaches
Similarly, the Fund notes that the submission of an actuarial study of the pension system, originally due by the end of July, was delayed until September. The civil service reform, slated for July of this year, has also been extended to September 2025.
Another breach highlighted by the Fund was that the net borrowing of the Non-Financial Public Sector (SPNF) exceeded its programmed ceiling. The target was zero net debt for the SPNF by the end of March 2025, but a debt of $164 million was recorded, which the government attributed to an advance debt issuance.
Furthermore, the government was required to publish on a government website by the end of March 2025 the names and nationalities of the ultimate beneficiaries of all awarded public contracts, along with contract information, and to issue regulations to curb exceptions to competitive bidding processes. The deadline was missed; the information has since been published and the administrative guidelines were reissued as a presidential decree.
The Fiscal Sustainability Law—considered vital for narrowing the deficit and containing public debt, which hovers around 88% of GDP—was enacted on June 10, a month after the original May 9 deadline.
Gobierno cumple a medias varias metas del acuerdo con el FMI
Aunque el gobierno de El Salvador ha cubierto la mayoría de metas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha puesto para facilitar los desembolsos del préstamo de $1,400 millones, todavía hay atrasos e incumplimientos en algunas áreas.
El FMI estableció en el informe sobre la primera revisión del acuerdo que se debe publicar información completa sobre las empresas estatales, incluyendo estimaciones de actividades fiscales, políticas de propiedad y gobernanza corporativa.
También se deben detallar las expectativas de desempeño, la neutralidad competitiva, los estándares de gestión financiera y de riesgos, la transparencia y rendición de cuentas, entre otros aspectos.
Este compromiso estaba programado para cumplirse a finales de marzo de 2025, pero no se cumplió a tiempo y fue implementado con retraso, indica el informe del organismo.
Según el Fondo, el gobierno ha divulgado información solo de siete empresas públicas o autónomas, pero aún faltan otras de las cuales no detallado lo requerido.
Ante ello, el organismo indica que se espera un mayor progreso en este ámbito, con planes de publicar los estados financieros auditados de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (Ente), así como los estados financieros de las subsidiarias de dichas empresas estatales, para finales de mayo de 2026.
En el caso de CEL debe incluir a las subsidiarias como Energía Geotérmica de El Salvador (LaGeo), Inversiones Energéticas (INE), Compañía Eléctrica Cucumacayán (ECSA) y la Empresa Transmisora de El Salvador, (Etesal).
Compras de Bitcoin siguen, pese al acuerdo
En materia de Bitcoin, uno de los puntos que volvió a mencionar el Fondo en el informe es que las autoridades salvadoreñas mantienen el compromiso de no aumentar las reservas en criptoactivos y han anunciado la salida gradual del monedero electrónico estatal Chivo.
“El compromiso de finalizar la participación pública en Chivo para fines de julio de 2025 se mantiene sin cambios”, dice en el documento.
Pero aunque el organismo ha insistido en que no utilice dinero público para compras de la criptomoneda, en la revisión que hizo el equipo técnico detectó que “se han mostrado fluctuaciones menores en depósitos de clientes en bitcoin, lo que causó un incumplimiento leve de la meta de no acumulación neta de Bitcoin”, señala el informe del FMI.
Hasta el 10 de julio, las reservas de Bitcoin de El Salvador habían alcanzado los $700 millones, según publicó la Oficina Nacional de Bitcoin del Gobierno salvadoreño y agregó que el país mantiene 6,233.18 monedas, valoradas en $708.5 millones.
“El Salvador ha estado comprando $BTC desde noviembre de 2022 y ahora tiene una ganancia no realizada de más de $456,000,000 en sus tenencias de Bitcoin”, cita el sitio bitcoin.gob.sv el pasado 14 de julio.
En el último comunicado del FMI, el Directorio Ejecutivo del organismo subrayó “la importancia de una comunicación clara y coherente al respecto” de lo que el gobierno dice sobre las compras de Bitcoin.
Otros incumplimientos
De igual forma, el organismo plantea que la presentación de un estudio actuarial del sistema de pensiones esperado para finales de julio se retrasó hasta septiembre.
Además se menciona que la reforma del servicio civil está en proceso y aunque la fecha estaba para julio de este año, también se extendió el plazo hasta septiembre de 2025.
Otro de los incumplimientos que señaló el Fondo es el endeudamiento neto del Sector Público No Financiero (SPNF) superior al programado. La meta era tener cero deuda neta del SPNF a finales de marzo de 2025, pero se registró un endeudamiento de $164 millones, superando el techo establecido. El gobierno lo atribuyó a un adelanto en la emisión de deuda, se explica en el documento.
Asimismo, el gobierno debía publicar a finales de marzo 2025 en un sitio web del gobierno los nombres y nacionalidades de los beneficiarios finales de todos los contratos públicos adjudicados, junto con la información de los contratos, y emitir regulaciones que limiten las excepciones a los procesos de contratación competitivos. Pero no se cumplió en la fecha prevista y fue implementado con retraso.
Según el Fondo, la información se publicó y se emitieron las directrices administrativas, que luego se reemitieron como decreto presidencial.
También se indica que se aprobó la Ley de Sostenibilidad Fiscal el pasado 10 de junio, la cual es clave para reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda pública que ronda el 88 % del PIB; la fecha inicial era el 9 de mayo.