The 425th inmate to die behind bars has a name: Humberto Adonay Escobar Mónico, 38. His family has filed a homicide complaint with the Attorney General’s Office (FGR) and with the Office of the Human Rights Ombudsman (PDDH), demanding an investigation into possible torture in custody.
On May 22, Humberto was arrested alongside his wife after entering from Guatemala with cosmetics valued at $900. Both presented a receipt for their purchases, but the authorities deemed it insufficient and arrested them for smuggling goods. That is the account from the deceased’s family, who requested anonymity out of fear of reprisals. At the time of his death, he had spent 47 days in the prison system.
On May 27, the initial hearing took place at the Justice of the Peace Court in Candelaria de la Frontera, Santa Ana. Although, according to the family, the judge himself described the offense as minor, he ordered them jailed because they lacked a documented address. Humberto and his partner lived in his father’s home in a San Salvador district.
Humberto’s family managed to hire a private attorney and went to great lengths to prove that the couple were not criminals and that the $900 in cosmetics was part of a business venture they were pursuing. These efforts paid off: the First Court of Instruction of Santa Ana scheduled a special hearing at which, after posting bail, both Humberto and his partner were to be released.
Humberto’s hearing was scheduled for July 9. But the date came too late, as that was the day he was buried in a public cemetery in San Salvador. According to relatives, his partner, imprisoned in Apanteos, remains unaware.
Humberto’s death was reported last week by the human rights organization Socorro Jurídico Humanitario (Legal Humanitarian Aid, SJH), which has since documented two more cases, pushing the tally of inmates who have died during the state of exception to 427.
An Unrecorded Homicide
Officially, Humberto’s death was logged at 11:35 p.m. on July 6. The document given to the family by the Institute of Forensic Medicine (IML) records that time and lists pulmonary edema—fluid accumulation in the lungs—as the cause of death.
But the family insists Humberto died before noon, around 10:00 a.m., as that was roughly when he was removed from sector 6 of Mariona prison and taken to Zacamil Hospital in Mejicanos. Yet, as has occurred in numerous cases, inmates are no longer treated by doctors because they arrive already deceased. Authorities then notify the Institute of Forensic Medicine and the Attorney General’s Office to perform the legal examination.
According to multiple testimonies gathered by El Diario de Hoy, inmates are often removed from prisons already dead and transported under the guise of an emergency so that forensic examinations need not be carried out inside the facilities.
Humberto’s family was not notified until 10:00 a.m. on Sunday, July 7. A woman contacted the father to inform him that his son had died and that he needed to go to the Institute of Forensic Medicine in San Salvador to identify and claim the body. Upon arrival, they were told it was a natural death.
Humberto suffered from diabetes and hives, but at the time of his arrest, these conditions were under control, and the prison provided his medications, according to the family’s inquiries—which makes his death seem all the more suspicious.
Once the body was released and upon examining it, their suspicions were confirmed: at first glance, they observed abrasions on the nose with bruising, as well as a blow to the right side of the chest featuring a deformity and indentation, along with a swollen area and a hematoma measuring about ten centimeters long by four centimeters wide.
At the Office of the Human Rights Ombudsman, the family has asked that the case be investigated as aggravated homicide “and for the human-rights violations consisting of torture and cruel, inhuman and degrading treatment, as well as extrajudicial killing,” a relative said. The complaint names as suspects the Minister of Justice, Gustavo Villatoro; the Director General of Prisons, Osiris Luna Meza; the warden of La Esperanza Prison (Mariona); and the guards on duty in sector 6 between July 4 and 6 of this year.
They have also reported the case to the Attorney General’s Office. There, officials said they had already opened a file, though Humberto’s death was not recorded as a homicide in the Police’s daily statistics.
“Irresponsible judges should not be dispatching people for trifling offences, common crimes, into that overburdened prison system… How can they send people there to die? It is horrifying,” one of Humberto’s relatives lamented.
Comerciante muerto en penal de Mariona tenía múltiples golpes
El muerto número 425 dentro de las cárceles tiene nombre: se llamaba Humberto Adonay Escobar Mónico, de 38 años. Su familia ha denunciado su caso como un homicidio ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y pide que se investigue una posible tortura en prisión.
El pasado 22 de mayo, Humberto fue capturado junto a su esposa, tras ingresar de Guatemala con cosméticos por valor de 900 dólares. Ambos mostraron un recibo de sus compras, pero eso no pareció suficiente a las autoridades, quienes los capturaron por contrabando de mercadería. Lo anterior es lo que afirma la familia del fallecido, que pidió no ser identificada por temor. Cuando murió, tenía 47 días de haber ingresado al sistema penitenciario.
El 27 de mayo anterior, en el Juzgado de Paz de Candelaria de la Frontera, Santa Ana, les realizaron la audiencia inicial. A pesar de que, según la familia, el mismo juez dijo en la audiencia que era un delito menor, los envió a prisión por no tener arraigo domiciliar. Humberto y su pareja vivían en la casa de su padre, en un distrito de San Salvador.
La familia de Humberto logró pagar un abogado particular; además sus familiares hicieron todo lo posible por demostrar que la pareja no eran delincuentes, y que los 900 dólares en cosméticos era parte de un emprendimiento que ambos estaban realizando. Estos esfuerzos dieron resultados, pues lograron que el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana programara una audiencia especial en la que supuestamente, tras una fianza, tanto Humberto como su pareja, recobrarían su libertad.
La audiencia para Humberto fue programada para el 9 de julio anterior. Pero resultó una fecha tardía, pues ese día lo enterraron en un cementerio público de San Salvador. Según familiares, la pareja de él, encarcelada en Apanteos, no lo sabe
La muerte de Humberto fue reportada la semana anterior por la organización de derechos humanos Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que después de ese caso ha sumado otros dos, con lo que la cantidad de reos muertos durante el régimen de excepción subió a 427.
Un homicidio no registrado
Oficialmente, la muerte de Humberto fue registrada a las 23:35 (11:30 p.m.) del 6 de julio. El documento entregado a la familia por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) consigna esa hora; y como causa de muerte, un edema pulmonar, es decir, acumulación de líquidos en los pulmones.
Pero la familia asegura que Humberto murió antes del mediodía, aproximadamente a las 10:00 de la mañana, pues fue aproximadamente a esa hora que lo sacaron del sector 6 del penal de Mariona hacia el hospital Zacamil, de Mejicanos. Pero igual que ha pasado con muchos casos, los reos ya no son atendidos por médicos porque llegan muertos. Luego notifican a Medicina Legal y a la Fiscalía para que hagan el reconocimiento legal.
Sin embargo, en muchos casos, según diversos testimonios que ha obtenido El Diario de Hoy, en realidad a los reos ya los sacan muertos de los penales y hacen el simulacro de que los llevan de emergencia; de esa manera evitan que los reconocimientos forenses se hagan dentro de los presidios.
A la familia de Humberto le avisaron hasta las 10:00 a.m. del domingo 7 de julio. Una mujer se comunicó con el padre para indicarle que su hijo había muerto y que debía ir a reconocer el cuerpo y retirarlo a Medicina Legal de San Salvador. Al llegar le dijeron que se trataba de muerte natural.
Humberto padecía de diabetes y urticaria, pero cuando fue capturado tenía esas enfermedades controladas y en el centro penal le daban sus medicinas, según ha investigado la familia, por lo que su muerte les parece sospechosa.
Una vez que les entregaron el cadáver, y al proceder a revisarlo, sus sospechas fueron confirmadas: a simple vista observaron que presentaba escoriaciones (raspones) en la nariz con moretones y también un golpe en la parte derecha del tórax, con una deformación y hundimiento y otra parte abultada así como un hematoma (moretón) de unos diez centímetros de largo por cuatro de ancho.
En la PDDH, la familia ha pedido que se investigue el caso como homicidio agravado “y por las violaciones a derechos humanos consistente en tortura y actos inhumanos crueles y degradantes así como muerte extrajudicial”, según indicó un familiar. En la denuncia se ha dejado como sospechosos al Ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, al director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, al director del Centro Penal La Esperanza (Mariona), y a los custodios que estuvieron de turno en el sector 6, entre el 4 y 6 de julio de este año.
En la Fiscalía también han denunciado el caso. Allí les dijeron que ya tenían abierto un expediente, aunque la muerte de Humberto no fue consignada como homicidio en las estadísticas diarias de la Policía Nacional Civil.
“Los jueces irresponsables no deberían de estar mandando a gente por delitos de poca monta, delitos comunes, a ese sistema penal que está saturado… ¿Cómo es que mandan a la gente a morir ahí? Es horrible”, se quejó una familiar de Humberto.