José (a pseudonym used to protect his identity) had just turned fourteen when he was arrested with several schoolmates on suspicion of belonging to a gang during the state of exception. That occurred in February 2024. One month later, while in pre-trial detention, two adults sexually assaulted him at the Centro de Inserción Social (CIS) in Ilobasco, one of the facilities where minors are deprived of liberty.
On the night of March 11, 2024, the two men, who shared his cell, committed the assault. The boy immediately reported the crime to guards, who took him to the Institute of Legal Medicine (IML) for a forensic examination. A formal complaint was then filed with the Fiscalía General de la República (Office of the Attorney General, FGR), which opened a criminal case that remains unresolved.
The victim’s mother did not learn of the assault until November 2024, and therefore could not attend the first hearing, held on March 19, 2024. She was astonished when prosecutors informed her of the complaint and later by the account her son provided.
Of the two assailants, one was convicted in January 2025 and sentenced to five years in prison, three to be served behind bars and two under alternative measures. The other, who had been released after completing an earlier sentence, is being tried while at liberty.
His hearing has already been postponed four times. The most recent delay, on June 30, 2025, occurred because prosecutors failed to appear. No new date has been set. The case is being heard by the Sentencing Court of Sensuntepeque, Cabañas.
According to the family, one defendant admitted that the already-convicted assailant “likes to form groups and do that (sexual assaults) to newcomers in the prison. He said he had been forced to do it.” During that hearing, prosecutors indicated that there could be additional victims.
“Children are weaker than adults. No one understands why they are housed together, and that is where the assaults occur under the gaze of institutions that insist everything is fine. We did not find out what had happened until months later. We demand justice; those responsible must pay,” the boy’s mother said.
The convicted assailant was transferred to another Centro de Inserción Social, this one in El Espino, Ahuachapán. The facility had once been reserved for minors, but reforms to the Juvenile Criminal Law now permit adults to be housed there as well. Similar relocations are planned for other prisons.
José, the victim, was also recently moved to the same CIS in Ahuachapán, a decision his family describes as “a grave risk to his safety because he will remain in the same place as his attacker.”
LA PRENSA GRÁFICA learned of two additional sexual assaults in juvenile facilities in recent months, one at the CIS El Espino and another at the Female CIS in Ilopango. The families involved have requested anonymity and declined to comment.
This outlet also sought comment from the Dirección General de Centros Penales (General Directorate of Prisons, DGCP) regarding the boy’s transfer to the facility where his assailant is already housed, and from the Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (National Council for Early Childhood, Children and Adolescents, Conapina), which oversees the CIS network. Neither institution responded.
A Constant Danger
Specialists in juvenile justice warn that agencies charged with safeguarding adolescents provide scant follow-up and that mixing minors with adults behind bars strips the former of essential security guarantees.
“Minors, whose personalities are still developing, are more vulnerable to physical and sexual abuse by inmates and even by ‘caretakers.’ Guards in juvenile facilities are trained for disciplinary oversight and work with professionals, but when the young are moved into adult prisons, they come under the watch of guards who, seeing them as weaker and inexperienced, prey on them with ease,” said criminal attorney Roxana Cardona.
Cardona added that sexual abuse, such as the assault described here, is a constant threat in these facilities, so the authorities must remain vigilant. The danger only intensifies when minors are housed with adult inmates. “What procedures will the prisons follow in dealing with the aggressors? These crimes will end up in impunity,” she warned.
Another attorney familiar with the case, who asked to remain anonymous, stated, “Having adults housed with minors in a prison is a serious threat. In this case, the victim and his attacker simply cannot be in the same place; it exposes him to countless dangers.”
Sexual violence against minors, including girls and adolescents, has also been documented during the state of exception. At least 468 incidents of sexual violence against children and adolescents were confirmed in 2024, according to a report released this year by the Human Rights University Observatory (OUDH) of Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
As for the detention of minors, Conapina data show that as of July 2024, 645 adolescents were being held in the various adaptation centers.
Menor capturado en régimen de excepción sufrió agresión sexual bajo custodia del Estado
José (pseudónimo para proteger su identidad) acababa de cumplir 14 años cuando fue capturado junto a otros compañeros de su escuela por presuntamente pertenecer a una pandilla, en el marco del régimen de excepción. Eso sucedió en febrero de 2024 y un mes después, en detención privisional, dos sujetos que ya habían cumplido la mayoría de edad lo agredieron sexualmente mientras estaba bajo custodia del Estado en el Centro de Inserción Social (CIS) de Ilobasco, que es uno de los lugares donde están privados de libertad los menores.
Fue la noche del 11 de marzo de 2024 cuando los dos sujetos, que compartían la misma celda, cometieron la acción. De inmediato, el joven interpuso la denuncia con los custodios y lo llevaron al Instituto de Medicina Legal (IML) donde le realizaron el peritaje para consignar la agresión. Luego se hizo la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), quienes iniciaron un proceso penal, mismo que hasta hoy en día sigue sin resolverse en su totalidad.
La madre de la víctima no supo de la agresión hasta noviembre de 2024, por lo que no pudo estar en la primera audiencia del hecho, que se llevó a cabo el 19 de marzo de 2024. Su sorpresa fue grande luego que la Fiscalía le informó de la denuncia y luego con los detalles proporcionados por su hijo.
De los dos agresores, uno ya fue condenado en enero de este 2025 a cinco años de prisión, de los cuales deberá pagar tres años en detención y los otros dos con medidas sustitutivas. El otro, que salió de prisión tras pagar una condena por un proceso previo, sigue con el proceso en libertad.
La audiencia contra él ya se aplazó cuatro veces. La última fue el 30 de junio de este 2025, cuando no se llevó a cabo ante la ausencia de Fiscalía, y de momento no hay nueva fecha para realizarla. Este proceso se lleva en el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas.
De acuerdo con el testimonio de la familia de la víctima, uno de los imputados confesó que al agresor ya condenado “le gusta hacer grupos y hacerles eso (agresiones sexuales) a los muchachos que van entrando (al centro penal). Dijo que él fue obligado a hacer eso”. Debido a ello la Fiscalía mencionó en dicha audiencia que pueden existir más casos de agresiones a menores.
Los niños son débiles en comparación a los adultos. No se entiende por qué están unidos y ahí se dan las agresiones, ante la mirada de las instituciones que dicen que todo está bien. Nosotros no nos dimos cuenta de lo que pasó hasta los meses. Pedimos justicia, que los que han hecho esto paguen”, mencionó la madre del menor agredido.
El agresor ya condenado fue trasladado a otro Centro de Integración Social (CIS), esta vez el de El Espino, en Ahuachapán, el cual antes era exclusivo para menores de edad pero tras las reformas a la Ley Penal Juvenil ahora alberga también a personas adultas. Esa medida también se tomará en otros centros penales.
Pero además José, el agregido, también fue trasladado recientemente al mismo CIS de Ahuachapán, lo que representa, según su familia, “un grave riesgo para su integridad, porque seguirá en un mismo lugar con su agresor”.
LA PRENSA GRÁFICA conoció de otros dos casos de agresiones sexuales en centros penales de menores ocurridos en los últimos meses, uno en el CIS El Espino y otro en el CIS Femenino en Ilopango, pero las familias decidieron mantenerlos en anonimato y no brindar declaraciones al respecto.
Este medio también buscó una versión de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) acerca del traslado del menor a otro centro penal donde ya se encontraba el agresor. También se buscó una versión del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), quienes tienen jurisdicción en los CIS, pero en ambos casos no hubo respuesta.
Un riesgo latente
Sobre estas agresiones, especialistas en este tipo de procesos judiciales advierten sobre la falta de seguimiento de parte de instituciones encargadas de velar por el bienestar de los adolescentes, así como la falta de garantías a la seguridad al mezclar menores con adultos en los centros penitenciarios.
Los menores, por ser personas que se están formando en su personalidad, son más vulnerables a los abusos físicos , sexuales, de los reclusos, incluso de los ‘cuidadores’. Los custodios que se encuentran en los centros de resguardo de menores están capacitados para ejercer un control disciplinario, cuentan con profesionales, pero al trasladarlos a penales de adultos se encuentran con custodios que por considerarlos débiles, con menos experiencia, son presa muy fácil de abusar de ellos”, mencionó Roxana Cardona, abogada penalista.
Cardona agregó que en estos centros penitenciarios se corre el riesgo de que existan abusos sexuales, como este caso, por lo que las autoridades deben estar vigilantes. Sin embargo, el riesgo es mayor cuando se mezclen con reos mayores de edad “¿Qué procedimiento se dará dentro de los penales con los agresores? Serán delitos que quedaran en la impunidad”, añadió.
Otra abogada que conoce el caso pero que prefirió el anonimato, mencionó que “es una seria amenaza que personas adultas convivan con menores en un centro penitenciario. En lo que respecta a este caso, no puede ser que el agresor y la víctima estén en el mismo lugar, eso lo expone a muchas amenazas”.
Las agresiones contra menores de edad, entre ellas niñas y adolescentes, también han sido documentadas en el marco del régimen de excepción. Al menos 468 hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes fueron confirmados en el año 2024, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) publicado este año.
Respecto a las capturas de menores y de acuerdo con datos del Conapina, hasta julio de 2024 se encontraban 645 adolescentes en los distintos centros de adaptación.