The appropriation earmarked for the Ministry of Health for 2025 ($1,170.4 million) represents a $90.8 million cut from the 2024 allocation. This reduction also includes laying off thousands of healthcare workers.
According to the Health Workers’ Union (Sitrasalud), more than 2,000 people have already been dismissed this year. Additionally, salary scales have been frozen; while existing scales will remain, no new raises or positions will be granted pending a review.
Medical professionals, unions, and workers’ organizations contend that these cuts and layoffs will further undermine a system already in decline.
For the medical community, one of the most persistent grievances is the absence of a comprehensive and participatory National Health Plan.
“El Salvador grapples with the same emergencies year after year without a clear roadmap,” argued Dr. Carlos Ramos Hinds, vice president of the Medical College of El Salvador (COLMEDES), noting that the lack of effective prevention fuels the rise in chronic diseases and epidemics such as dengue.
Union representatives, along with other organizations, have also decried the secrecy surrounding epidemiological data and the opacity in the use of public funds, as seen in infrastructure projects and hospital equipment acquisitions—“many of which exhibit flaws soon after being inaugurated.”
For the Dr. Salvador Allende Health Movement (Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”), the absence of a genuine health plan has bred an atmosphere of uncertainty.
“Access to medical care seems to hinge more on having phone credit for a telemedicine appointment than on an efficient public system,” the movement states.
The movement also views with alarm the lack of a clear policy to care for vulnerable populations, such as deportees or inmates in correctional facilities, where public-sector physicians report a surge in cases of tuberculosis, HIV, and other diseases without an effective institutional response.
El Salvador con presupuesto recortado y sin un plan nacional en salud
El presupuesto asignado para el año 2025 para la cartera de Salud ($1,170.4 millones) representa un recorte de $90.8 millones respecto a la asignación de 2024, esta reducción también contempla el recorte de miles de trabajadores de la salud.
Según Sitrasalud más de 2,000 personas ya han sido despedidas en lo que va del año. Adicionalmente, se han congelado los escalafones salariales, si bien se mantendrán, no se otorgarán nuevos ascensos ni plazas hasta su revisión.
Profesionales del gremio médico, sindicatos y organizaciones de trabajadores del sector señalan que estos recortes y despidos vienen a debilitar aún más un sistema que va en detrimento.
Asimismo, para el gremio médico, uno de los reclamos más reiterados es la ausencia de un Plan Nacional de Salud integral y participativo.
“El Salvador repite año con año las mismas emergencias sin una hoja de ruta clara”, sostuvo el doctor Carlos Ramos Hinds, vicepresidente del Colegio Médico de El Salvador (COLMEDES) señalando que la falta de prevención efectiva contribuye al incremento de enfermedades crónicas y epidemias como el dengue.
La representante gremial así como otras organizaciones han denunciado también el secretismo con el que se maneja la información epidemiológica y la opacidad en el uso de fondos públicos, como en el caso de obras de infraestructura y equipamiento hospitalario, “muchas de las cuales presentan deficiencias poco después de inaugurarse”.
Para el Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende”, la falta de un verdadero plan de salud ha generado un ambiente de incertidumbre.
“El acceso a la atención médica parece depender más de tener saldo en el teléfono para ser atendido por Telemedicina que de un sistema público eficiente”, señala.
Asimismo, ven con preocupación que no existe una política clara para la atención de sectores vulnerables como la población retornada por deportación o a los centros penales, donde, de acuerdo a médicos en el sector público, se reporta un incremento de casos de tuberculosis, VIH y otras enfermedades sin que haya una respuesta institucional efectiva.