The Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) advertises on its social networks 56 agromarkets and a wholesale hub as places where the public can obtain food at lower prices. The logistics and stockpiling behind that promise draw no less than $50 million from the public purse.
The budget line “Supply and Food Security,” which finances the agromarkets, received $22.9 million in the 2025 budget.
Yet on 18 March, at the administration’s behest, the Legislative Assembly shifted another $20 million sitting in the Finance Ministry’s budget “to bolster agromarket logistics, launch wholesale hubs, and cover other operating expenses.”
Then, on 29 May 2025, the government asked for another budget tweak. Of the $40 million reallocated from Finance to MAG, $30 million went to the Agricultural Trade Development Center to bankroll the Agricultural Package Program “Bono Agrícola, BAG,” and $10 million shored up the agromarkets’ supply chain. The Center already had $6 million of its own.
All of this money comes from the State’s general fund—taxes paid by Salvadorans—even though many never shop at these outlets.
A January 2025 poll by the University Institute of Public Opinion (Iudop) at José Simeón Cañas Central American University found that only two out of every 100 people visited the government’s agromarkets daily. Some 25.5 percent—about 25 in 100—went once or twice a week; 26.2 percent reported going “rarely,” and 46.3 percent—46 in 100—had never gone at all.
Promotion
On 30 June 2024, MAG announced it would roll out “Supply Points” in three areas of La Libertad Department and five of San Salvador to sell fruit and vegetables “at fair prices,” a rebranding of the agromarkets launched a year earlier.
On 5 July 2024, during a nationwide broadcast, President Nayib Bukele accused importers, distributors, and wholesalers of hiking basic-food prices without justification, hinting that they could be prosecuted for other offenses. He also promised 20 new outlets with lower prices.
Long before that speech, however, MAG had already pocketed two cash infusions for the Supply and Food Security line—$40 million in April 2024 and $27.9 million in May—funded by income-tax and VAT receipts.
In December 2024 another $9 million were assigned to finance “logistical services for the 55 Strategic Agromarkets and the wholesale hubs installed nationwide, and the opening of five new agromarkets,” again from income-tax revenue.
Push to Scrap VAT on Basic Staples Goes Nowhere
The New Ideas-controlled Legislative Assembly routinely rubber-stamps government requests, sometimes at lightning speed, yet refuses even to open debate on bills from other parties.
On 9 July 2024 lawmaker Marcela Villatoro of ARENA proposed amending the VAT Law to exempt products in the basic food basket. New Ideas withheld the votes needed to place the motion on the agenda and send it to committee.
Villatoro argued that the agromarkets were nowhere near enough to rein in soaring staple-food prices.
Instead, on 17 July last year the ruling bloc passed a new “Special Law to Promote Competitiveness and Facilitate Access to Products in the Expanded Basic Basket,” setting the Central American Import Tariff (DAI) at zero for 120 products for ten years, through 31 July 2034.
A predecessor law—the “Special Transitory Law to Combat Price Inflation of Basic Products” enacted in 2022—had offered similar relief before being repealed by the new legislation. The updated list adds powdered milk, cheese, vegetables, and condiments.
Even so, the high cost of living remains one of the public’s chief complaints, according to the Iudop survey.
On 29 May of this year Villatoro again proposed amending the VAT Law, this time to freeze staple-food prices for a year by waiving the tax. As with her earlier initiatives, New Ideas refused to back the motion.
Agromercados, un subsidio que sale del bolsillo de todos los salvadoreños
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) publicita en sus redes sociales los 56 agromercados y una central de abastos como los puntos donde la población puede adquirir productos alimenticios a precios más bajos, cuya logística y abastecimiento representa al menos $50 millones del fondos públicos.
La línea presupuestaria Abastecimiento y Seguridad Alimentaria bajo la que operan los agromercados tuvo una asignación de $22.9 millones en el presupuesto 2025.
Pero el 18 de marzo, a petición del gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó transferirle $20 millones disponibles del presupuesto del Ministerio de Hacienda, “para fortalecer la capacidad logística de abastecimiento de los agromercados, la implementación de Centrales de Abastos y dar cobertura a otros gastos operativos”.
Luego, el 29 de mayo 2025, el gobierno pidió otra reforma. En esa oportunidad se reorientaron $40 millones del presupuesto de Hacienda al MAG; de esos, $30 millones para que el Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario tuviera cobertura presupuestaria para el Programa de Paquetes Agrícolas “Bono Agrícola, BAG” y otros $10 millones para fortalecer la capacidad logística de abastecimiento de los agromercados. El Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario ya tenía $6 millones presupuestados.
Los recursos provienen del fondo general del Estado y se obtienen de los impuestos que pagan los salvadoreños, aunque no toda la población acuda a dichos puntos para comprar sus alimentos.
De hecho, en enero de 2025 el encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) indicó que solo dos de cada 100 personas acudían todos los días a los agromercados del gobierno. El 25.5 % de las personas encuestadas, 25 de cada 100, acudían una o dos veces a la semana.
Mientras que el 26.2 % respondió que visitó un agromercado “rara vez” y el 46.3 %, es decir, 46 personas de cada 100, nunca habían ido a un agromercado para comprar alimentos.
Promoción
El 30 de junio de 2024, el MAG anunció que instalarían “Puntos de Abastecimiento” en tres zonas del departamento de La Libertad y cinco de San Salvador para vender frutas y verduras “a precios justos”, una nueva forma de llamar a los agromercados que se implementaron desde un año antes.
El 5 de julio de 2024, en una cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele acusó a los importadores, distribuidores y mayoristas de alimentos de subir los precios de los productos de la canasta básica de manera injustificada, insinuando que podían proceder contra ellos por otros delitos y también se anunció que habilitarían 20 puntos de venta con precios más bajos.
Pero, mucho antes del anuncio, en abril y mayo de 2024, el MAG recibió dos refuerzos presupuestarios en la línea de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria, uno por $40 millones y otro por $27.9 millones, provenientes de la recaudación del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
Para diciembre de 2024 se le asignaron otros $9 millones para financiar “servicios logísticos de los 55 Agromercados Estratégicos y las Centrales de Abastos instaladas a nivel nacional, y la apertura de 5 nuevos AgroMercados”, provenientes de la recaudación del Impuesto sobre la Renta.
Ignoran quitar IVA a canasta básica
La Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas acostumbra aprobar las peticiones del gobierno, incluso de manera exprés; pero no admite ni en la etapa de estudio las propuestas de otros partidos.
El 9 de julio de 2024 la diputada Marcela Villatoro, de ARENA, propuso una reforma a la Ley del IVA para que se elimine dicho impuesto a los productos de la canasta básica; pero la petición no obtuvo el respaldo de Nuevas Ideas para que entrara la pieza de correspondencia en agenda y se estudiara en la comisión respectiva.
En ese momento, señaló que la medida de los agromercados era insuficiente para resolver el problema de los altos costos de los productos de la canasta básica.
En cambio, lo que sí hizo la bancada oficialista el 17 de julio del año pasado fue aprobar una nueva “Ley especial para promover competitividad y facilitar acceso a productos de la canasta básica ampliada”, que establece el Arancel Centroamericano de Importación (DAI) cero para 120 productos, por un plazo de diez años (vigente hasta el 31 de julio de 2034).
Esta medida ya había sido aplicada en la “Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos”, emitida en 2022 y derogada con la nueva ley; pero incluyeron otros productos como leche en polvo, quesos, hortalizas y aderezos.
No obstante, el alto costo de la vida sigue siendo uno de los principales problemas identificados por la población, según la encuesta del Iudop.
El 29 de mayo de este año, la diputada Villatoro propuso de nuevo que se reformara la Ley del IVA para que se congelaran por un año los precios de los productos de la canasta básica, a través de la exoneración de impuestos. Y como ocurre con sus propuestas, tampoco fue apoyada por Nuevas Ideas.