The preliminary hearing against the Alas family—accused of swindling 53 Salvadorans out of US$3.4 million—was suspended on Wednesday, 2 July 2025 at the request of the Fiscalía General de la República (Attorney General’s Office, FGR). The court rescheduled the proceeding for 10 September 2025.
According to the same source, the FGR asked for the delay because technicians still need to “extract more information from the hard drives” seized in the offices where the family held meetings with their victims. Investigators also “cannot follow the money” because it was funneled through Chivo Wallet, a crypto-asset platform.
“In the investigation the money trail goes cold once the scammers converted the funds to cash through Chivo Wallet. Banks leave a paper trail, but in this case they used the wallet to launder the money,” the source said.
The prosecution’s task is further complicated by the fact that the Alas family’s shell companies—Corporación Wings and Wings Capital—own no assets; everything was leased, leaving nothing to seize and liquidate.
“All this suggests the operation was designed from the outset to defraud,” the source added. “Prosecutors have explained that a criminal trial’s purpose is punitive, not the recovery of funds—yet that is precisely what the victims had been hoping for.”
When announcing the new hearing date, the judge declared the four defendants—Carlos Enrique Alas Martínez; his wife, Patricia Lorena González de Alas; and their children, Carlos Enrique Alas González and Patricia Lorena Alas de González—in contempt of court and issued international arrest warrants to be executed by INTERPOL.
The FGR first laid out its cryptocurrency theory when it filed charges on 7 October 2024, noting that the real loss could be far higher: of roughly 200 victims, only 50 figure in the present case, accounting for the US$3.4 million.
“Between 2021 and 2024 they defrauded a large number of people. We have 200 complaints, and today we are bringing the first group of 50 before the courts. What makes this case distinctive is the use of cryptocurrencies to transfer significant sums to wallets controlled by the family,” the lead prosecutor said at the time.
In the same brief, prosecutors highlighted the hallmarks of this fraud: bogus investment firms, alluring products or services, aggressive marketing, no tangible goods, and the use of virtual assets in pyramid-style schemes such as cryptocurrencies.
On that last point, the FGR argued that “their centralized and anonymous nature creates the perfect environment for fraudsters to design and run Ponzi or pyramid schemes.”
Uso de Chivo Wallet hace irrastreable dinero de estafados con esquema Ponzi
La audiencia preliminar contra la familia Alas por supuestamente estafar por $3.4 millones a 53 personas en El Salvador fue suspendida este miércoles 2 de julio de 2025 a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), según informaron a LA PRENSA GRÁFICA fuentes cercanas al caso. La audiencia fue reprogramada para el 10 de septiembre de 2025.
De acuerdo a la información brindada, la FGR solicitó la suspensión de la audiencia porque aún faltaba “extraer más información de los discos duros” de los dispositivos decomisados a la familia Alas en las oficinas donde realizaban las reuniones con sus víctimas. Además, que no “pueden rastrear el dinero”, ya que utilizaron una billetera de criptoactivos, la Chivo Wallet.
En la investigación de esta Fiscalía aparentemente hay una pérdida del rastro del dinero porque los estafadores lo volvieron efectivo a través de la Chivo Wallet. No quieren dar a conocer públicamente estos datos, porque el problema es que con los bancos si hay transacciones rastreables, pero en este caso el problema es que ocuparon la billetera para blanquear el dinero”, aseguró la fuente.
Añadió que otro de los problemas en la investigación del ministerio público es que las sociedades formadas por los Alas, llamadas Corporación Wings y Wings Capital, no contaban con propiedades a su nombre, ya que todo lo alquilaban. Por ende tampoco se puede recuperar el dinero por la vía del embargo de bienes.
“Esto hace creer que la operación ha sido montada con previa intención de estafar a sus víctimas”, aseguró la fuente. “La fiscalía les explicó que el proceso penal tiene por objeto la condena punitiva de la persona, pero no es recuperar dinero y es lo que la gente tenía esperanzas”, añadió.
En el anuncio de la reprogramación de la audiencia, la jueza declaró en rebeldía a los cuatro acusados, que son: Carlos Enrique Alas Martínez y su esposa Patricia Lorena González de Alas, más sus dos hijos Carlos Enrique Alas González y Patricia Lorena Alas de González. Giró órdenes internacionales de captura que deberán ser ejecutadas por la INTERPOL.
La teoría sobre la utilización de criptoactivos en esta estafa también fue fundamentada por la Fiscalía cuando presentó el requerimiento el 7 de octubre de 2024. Sostienen que la cantidad estafada podría ser mucho más alta, ya que de un aproximado de 200 víctimas, solo 50 representan la cifra del proceso actual, por $3.4 millones.
Entre el año 2021 a 2024, estafaron a una gran cantidad de personas. Tenemos un acumulado de 200 denuncias y que este día damos inicio a la judicialización con un primer grupo de 50. Y tiene un componente especial este caso, que es la utilización de criptomonedas para la transferencia de grandes cantidades de dinero hacia billeteras del grupo familiar”, indicó la fiscal del caso cuando presentaron el requerimiento.
En ese mismo documento, la Fiscalía identificó varios vectores en este tipo de estafa: empresas de inversión falsas, productos o servicios atractivos, marketing agresivo, ausencia de producto o servicio tangible y utilización de activos virtuales en esquemas piramidales como las criptomonedas.
Sobre este último factor, la FGR argumenta, que “por su naturaliza centralizada y anónima, han creado un entorno propicio para que los estafadores diseñen y ejecuten esquemas fraudulentos como los esquemas Ponzi o piramidal”.