Between January and May 2025 the Salvadoran government drew a total of $264.1 million from the savings that workers accumulate in the Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) for their eventual retirement.
In May alone, through the issuance of Certificados de Obligaciones Previsionales (Pension Obligation Certificates, COP), it raised another $47.3 million to pay the pensions of retirees from the old system—ISSS and INPEP—according to data from the Banco Central de Reserva (Central Reserve Bank, BCR).
That transaction pushed the stock of debt accumulated since 2023 to $2,394.4 million, a figure that keeps climbing, although the monthly placements have been far steadier this year.
If the $8,394.77 million piled up between 2006 and December 2022 through Certificados de Inversión Previsional (Pension Investment Certificates, CIP) is added, the liability reaches $10,789.19 million.
In 2024 the government borrowed as much as $150 million in March—well above the amount required to cover pensions under the old system, especially after the 30 percent benefit increase announced by President Nayib Bukele in December 2022.
Over the course of 2024 it borrowed a total of $1,032 million, twice the sum usually taken in previous years, prompting the British investment bank Barclays to suspect that the pension system was bankrolling other areas of government.
By contrast, in 2025 the monthly withdrawals have stayed below $50 million, except for March, when the administration secured $77.37 million.
These amounts mirror the pre-2023 average and follow the International Monetary Fund’s (IMF) instructions in the wake of the $1,400 million financing agreement.
“The effort to mobilize official support must continue, with the aim of reducing reliance on bank financing and pension funds and strengthening private-sector credit,” the Fund said in its latest review of the arrangement, concluding that the main fiscal targets have been met.
Economist Rafael Lemus notes that the government’s average COP placement this year is $52 million, which would put the annual total somewhere between $632 million and $700 million.
More noteworthy, he argues, is that the drop stems from the administration’s tighter fiscal planning for the year, thanks to the resources already released by the IMF and other multilateral lenders. That, he says, shows the government no longer needs the pension fund to bankroll other expenditures, as it did in 2023 and 2024.
“Today it is quite clear that the financing needs are smaller,” Lemus said, adding that Barclays was right to suspect the money was not being used solely for pensions.
Gobierno salvadoreño ha tomado $264.1 millones del fondo de pensiones en 2025
Entre enero y mayo de 2025, el Gobierno salvadoreño ha tomado un total de $264.1 millones del fondo de ahorro que los trabajadores acumulan en las AFP para su futura jubilación.
En mayo, a través de la colocación de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), el gobierno tomó otros $47.3 millones que sirven para pagar las pensiones de los jubilados del sistema anterior (ISSS e INPEP), según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).
Con este monto, el saldo de la deuda que se ha acumulado desde 2023 hasta la fecha suma $2,394.4 millones, un monto que crece rápidamente, pero que particularmente este año ha tenido una mayor estabilidad en la colocación mensual.
Y si se agrega la deuda de $8,394.77 millones que se acumuló desde 2006 hasta diciembre de 2022 a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP) la deuda alcanza los $10,789.19 millones.
En 2024, el gobierno llegó a prestar hasta hasta $150 millones en marzo, una cifra que sobrepasaba las estimaciones de lo que se requiere para pagar pensiones del sistema anterior, de acuerdo al número de jubilados y beneficios, como el aumento del 30% que el presidente Nayib Bukele anunció en diciembre de 2022.
En 2024,el gobierno tomó prestados un total de $1,032 millones, el doble de lo que usualmente prestaba en años anteriores, al punto de que el banco de inversión británico Barclays señaló sospechas de que el sistema de pensiones estaba financiando al gobierno en otras áreas.
Sin embargo, en 2025, los préstamos de dinero se han mantenido en un rango no mayor a los $50 millones, exceptuando marzo, cuando solicitó $77.37 millones.
Estos montos son similares al promedio de colocación que el gobierno tenía antes de 2023 y van en línea con lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le ha pedido al gobierno, tras el acuerdo de financiamiento de $1,400 millones.
“Los esfuerzos para movilizar el apoyo oficial deben continuar, con el objetivo de reducir la dependencia del financiamiento bancario y de los fondos de pensiones, y respaldar el crédito del sector privado”, señaló el organismo en su más reciente revisió del acuerdo, en el que calificó que se han alcanzado los principales objetivos fiscales.
Por su parte, el economista Rafael Lemus explicó que el promedio de colocación de COP que ha hecho el gobierno este año es de $52 millones, lo que parece indicar que la colocación anual rondará los $632 a $700 millones.
Pero para él, lo más destacable es que esta disminución de los fondos tiene que ver más con el hecho de que el gobierno ya tiene ordenada la planificación fiscal de este año, con los fondos que el FMI y los organismos internacionales le han liberado, lo que evidencia que ya no necesita del fondo de pensiones para financiar otros gastos que sí realizó entre 2023 y 2024.
“Hoy queda bastante claro que las necesidades son más pequeñas”, afirmó el economista, haciendo alusión a que Barclays tuvo razón cuando sospechó que el dinero no sólo se usaba para pensiones.