“With the last breath God allows me I will keep denouncing the arbitrary acts of the Salvadoran State—specifically those of the dictator Nayib Bukele—for as long and as far as I can,” declared Ingrid Escobar, director of Socorro Jurídico Humanitario (Legal Humanitarian Aid, SJH). The activist says she has been subjected to political persecution and has had to leave the country.

From exile, Escobar vows to keep exposing what she calls the government’s use of the state of exception as both a cover for corruption and a tool for subjugating the public—keeping Salvadorans too afraid to speak out, demand that wrongdoing be corrected, or insist that corrupt officials be prosecuted for siphoning off taxpayers’ money.

The human-rights defender promises to keep documenting every abuse: arbitrary detentions, extrajudicial killings, and the cruel, inhuman and degrading treatment she attributes to officials such as Osiris Luna, Gustavo Villatoro, Nayib Bukele and others involved in the capture of innocent Salvadorans. These victims, she says, have committed no crime yet are being branded as gang members.

“My allegation is simple: crime was not curbed by some brilliant statesman’s security plan. The drop in homicides came from a criminal pact between Bukele’s government—certain officials included—and gang leaders,” she asserted. “Yes, the murder rate fell, but only because of that pact.”

She added that the state of exception targets not only criminals but the entire population, including more than 30,000 innocent people—among them human-rights defenders—who are now jailed simply for denouncing repeated abuses.

“In El Salvador we have an unconstitutional president who now owns beachfront estates, private stretches of coast, and a Bukele family with enough purchasing power to snap up historic buildings downtown—properties worth US$1.4 million and homes reclaimed for more than US$300,000,” she said.

Escobar noted that whenever human-rights defenders raise their voices—through national or international media or peaceful demonstrations—they face threats, arbitrary arrests and police harassment.

She warned that a crackdown on journalists is imminent. “Several have already left the country because they know that sooner rather than later the authorities will turn up at their homes with some fabricated excuse to haul them away and put them on trial.”

Escobar cited the Cooperativa El Bosque case as the opening salvo in this new wave of repression. “The irresponsible prosecutor charged them with public disorder and resisting arrest, but what truly enraged Bukele was the audacity of people who dared to approach the king’s throne, where he lives and wants to build a presidential residence so he can cling to power,” she said.

The SJH director explained that the intensifying persecution forced her into exile. In May she learned that the Police (PNC) planned to arrest her arbitrarily because of her work and her defence of human rights.

“I did not leave out of cowardice,” she stressed. “I had to decide while in extreme vulnerability due to my health. Since February I have undergone a battery of tests and was scheduled for surgery this June. Leaving the country interrupted that treatment; I will undergo the operation this weekend, here where I am now.”

SJH reported that on 4 June, starting at 10:30 a.m., Police officers on motorcycles surveilled and intimidated Escobar’s home and those of her close relatives—the very day of the initial hearing in the case against attorney Ruth Eleonora López.

“We hold Nayib Bukele and the Police directly responsible for anything that may happen to Ingrid or her family. These brazen tactics aim to silence dissenting voices by weaponising state institutions,” SJH declared.

Diario Co Latino: https://www.diariocolatino.com/hasta-el-ultimo-suspiro-voy-a-denunciar-los-actos-arbitrarios-del-estado-ingrid-escobar/

Hasta el último suspiro voy a denunciar los actos arbitrarios del Estado: Ingrid Escobar

“Hasta el último suspiro que tenga, y Dios me permita la vida, yo voy a denunciar los actos arbitrarios del Estado de El Salvador, específicamente del dictador Nayib Bukele, hasta el último momento que se pueda, hasta donde se pueda”, afirmó la directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, quien ha sido víctima de persecución política y debió abandonar el país.

Según Escobar, desde donde esté seguirá denunciando que el Régimen de Excepción es una medida utilizada por el gobierno para la corrupción, pero al mismo tiempo para mantener sometido al pueblo con miedo de opinar, de pedir corregir los errores, pedir que se procesen a los funcionarios delincuentes del gobierno, quienes están a manos llenas llevándose los impuestos de los salvadoreños.

La defensora de los Derechos Humanos dijo que seguirá denunciando todos los actos arbitrarios, las detenciones arbitrarias, las muertes extrajudiciales, los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el sistema penal, en especial de funcionarios como Osiris Luna, Gustavo Villatoro, Nayib Bukele y todos los demás que están involucrados en la captura de víctimas inocentes en El Salvador, que sin deber absolutamente nada a la justicia, ni haber cometido ningún acto ilícito, están siendo criminalizados como si fueran pandilleros.

“Mi denuncia va a ir enfatizada en que no existe ningún estadista con un excelente plan que haya detenido la delincuencia en nuestro país, lo que existió es un pacto criminal entre el gobierno de Bukele y ciertos funcionarios con líderes de las pandillas que permitió la baja de homicidios, que está bien, pero a causa de un pacto”, sostuvo.

Asimismo, señaló que el Régimen de Excepción no va dirigido únicamente para delincuentes, sino por el contrario, a todos los salvadoreños, incluidos más de 30.000 inocentes, entre ellos defensores de derechos humanos, que por estar en la actividad de denunciar las reiteradas violaciones están criminalizados y encarcelados.

“En El Salvador hay un presidente inconstitucional que ahora es dueño de ranchos de playas, partes de playas privadas, una familia Bukele que ahora tiene la capacidad adquisitiva de comprar edificios históricos en el centro de San Salvador, edificios valorados en 1.4 millones de dólares, casas recuperadas de más de 300 mil dólares”, expresó.

La directora del SJH indicó que cuando los defensores de derechos humanos alzan su voz, los invitan a distintos medios de comunicación, nacionales e internacionales, se reúnen para una manifestación pacífica, vienen las amenazas y detenciones arbitrarias, y acoso policial.

Escobar advirtió que se viene una escalada contra los periodistas, hay varios quienes ya salieron del país, porque saben que muy pronto llegarán a sus viviendas con cualquier mentira para llevárselos y ser procesados.

“El caso de la Cooperativa El Bosque fue el inicio de la escalada represiva en contra de los defensores, la fiscalía irresponsable les imputa los delitos de desórdenes públicos y resistencia, pero todo el gran dolor de Bukele es la osadía que la gente haya llegado cerca del trono del rey, donde él vive y quiere construir la residencia presidencial porque quiere perpetuarse en el poder”, agregó.

A la vez, aseguró que se vio obligada a salir del país debido al incremento de persecución en su contra. En el mes de mayo obtuvo información que la Policía Nacional Civil (PNC) la quería capturar arbitrariamente, debido a su trabajo en la organización y ser defensora de derechos humanos.

“No fue por cobarde que salí del país, tuve que tomar una decisión en un momento de enorme de vulnerabilidad para mi salud. Desde febrero de este año me sometí a una serie de exámenes, diagnósticos y este mes de junio sería intervenida quirúrgicamente, debido a que salí fuera del país no pude seguir con el tratamiento, este fin de semana seré operada aquí donde me encuentro”, manifestó.

SJH denunció que el 4 de junio de este año, desde las 10:30 a.m. elementos de la PNC aborde de motocicletas hicieron acciones de hostigamiento y vigilancia en la vivienda de Ingrid Escobar, así como donde residen los familiares cercanos a ella, justamente el día de la audiencia inicial en el caso de la abogada Ruth Eleonora López.

“Hacemos responsable directamente a Nayib Bukele, así como a la PNC por cualquier cosa que pueda sucederle a ella o su círculo familiar. Este tipo de acciones descaradas buscan callar a las voces disidentes haciendo uso de las instituciones del Estado”, manifestó el SJH.

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