Karen Valladares, Cristosal’s coordinator in Honduras, states that the Salvadoran government is waging a systematic crackdown on human-rights defenders, journalists, and civil-society organizations—a campaign already rippling through the region.
On Sunday, 22 June, Cristosal reported that the Constitutional Chamber of El Salvador’s Supreme Court (CSJ) admitted a habeas corpus petition on behalf of lawyer Ruth López, detained since 19 May.
Yet in its statement the regional human-rights organization condemned the court for refusing to classify the arrest as arbitrary or to subject it to rigorous judicial scrutiny, thereby legitimizing the abuse of rights and the discretionary use of the state of exception in force since March 2022.
López was taken into custody through subterfuge and without a clear judicial warrant; neither she nor her attorneys ever received the purported administrative order. She was held incommunicado for more than seventy-two hours and denied legal counsel during the crucial initial stages of the case.
Prosecutors later reclassified the charge from embezzlement to illicit enrichment, and the entire proceeding remains information under seal, blocking access to public records.
“Although it is a positive—and increasingly rare—development that the habeas corpus petition was accepted, it is lamentable that the Constitutional Chamber has ruled that the grave due-process violations committed during Ruth’s arrest lack constitutional relevance,” the organization stressed.
According to Cristosal, the chamber’s decision endorses applying the state of exception time limits to ordinary offenses, trampling constitutional guarantees of liberty and due process enshrined in Articles 12(2) and 13(2) of El Salvador’s Constitution.
The ruling therefore sanctions violations of fundamental rights not only against López but also against the thousands detained under a state of exception that has been renewed unconstitutionally for more than thirty-nine months and whose repeal the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) has demanded.
THE ENRIQUE ANAYA CASE
Another emblematic instance of criminalization involves constitutional lawyer Enrique Anaya. After an initial hearing, San Salvador’s Seventh Court of Peace ordered him to stand trial while being held on remand.
The Office of the Attorney General accuses him of money laundering and assets laundering for acts allegedly committed between 2015 and 2024. At the prosecution’s request, the case is entirely under seal, preventing media and independent observers from attending the hearing and raising doubts about the transparency of the proceeding.
Defense counsel Jaime Quintanilla announced that he will appeal, arguing that Anaya has strong community ties and should be allowed to face trial in freedom. “We regard the entire process as illegal,” he told reporters after the hearing.
Anaya, an outspoken critic of President Nayib Bukele and his administration, was arrested on 7 June at his home in Santa Tecla. Footage shows him handcuffed and surrounded by a heavy Police contingent that included plain-clothes and uniformed officers.
He has publicly denounced irregularities in other cases against defenders, such as that of attorney Ruth López, and has labeled the government authoritarian and dictatorial.
REGIONAL IMPACT OF THE CRACKDOWN
Criminalization of human-rights defenders is hardly confined to El Salvador. In Honduras, advocates likewise confront persecution and stigmatization amid rampant impunity and scant judicial safeguards.
Valladares notes that developments in El Salvador exert direct pressure on Honduras, creating a political contagion across the region. Nayib Bukele’s security and control model is increasingly touted as a blueprint by other Central American governments.
The model, she warns, comes hand in hand with restrictive policies targeting NGOs, civil-society organizations, journalists, and independent media, which face repression, the closing of civic space, and smear campaigns whenever they denounce corruption or abuses.
In Honduras the plight of defenders is equally alarming and reveals a structural crisis defined by impunity, violence, and the absence of state protection. Valladares points out that between 2020 and 2025 at least sixty-five defenders have been killed, of whom ninety-five percent of the cases remain unpunished, and that in 2024 alone more than 2,700 attacks on defenders were recorded, especially against those safeguarding land and common goods.
She warns that this pattern of criminalization and repression extends to Guatemala and beyond, precipitating forced migration and exile among defenders who flee state-sponsored persecution and insecurity.
Criminalización: la lucha de defensores de derechos humanos en El Salvador y su impacto regional
El clima de criminalización en El Salvador contra los defensores de derechos humanos alcanza niveles críticos, marcado por detenciones arbitrarias, procesos judiciales opacos y un régimen de excepción que limita garantías fundamentales, generando un ambiente de temor y represión que amenaza la labor de quienes defienden la justicia y la democracia en el país.
La coordinadora de Cristosal en Honduras, Karen Valladares, denunció que en El Salvador se ha intensificado un proceso sistemático de criminalización y represión contra defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones civiles, con impactos concretos y crecientes en la región.
El domingo 22 de junio Cristosal informó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió el recurso de hábeas corpus a favor de la abogada Ruth López, detenida desde el 19 de mayo.
Sin embargo, a través del comunicado la organización defensora de derechos humanos en Centroamérica denunció que la CSJ omitió reconocer la detención como arbitraria y no ejerció un control judicial riguroso sobre la misma, legitimando así la violación de derechos y el uso discrecional del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
La detención de López se realizó mediante engaños y sin orden judicial clara, con una supuesta orden administrativa que no fue entregada ni a ella ni a sus abogados, además de que permaneció incomunicada por más de 72 horas, sin acceso a defensa legal en las etapas iniciales del proceso.
Posteriormente, la Fiscalía modificó el delito imputado, pasando de peculado a enriquecimiento ilícito, mientras que el proceso judicial mantiene reserva total, limitando el acceso a información pública.
“Si bien es un acto positivo e inusual en el actual contexto que el habeas corpus haya sido admitido, es lamentable que la Sala de lo Constitucional sostenga que no tienen trascendencia constitucional las graves violaciones al debido proceso que se produjeron durante la captura de Ruth”, enfatizó la organización en su comunicado.
La resolución de la Sala de lo Constitucional, de acuerdo con la organización, avala la aplicación de los plazos del régimen de excepción a delitos comunes, vulnerando derechos constitucionales como el derecho a la libertad y al debido proceso, establecidos en los artículos 12 inciso 2 y 13 inciso 2 de la Constitución salvadoreña.
Esto implica una legitimación de violaciones a derechos fundamentales en perjuicio no solo de López, sino de miles de personas detenidas bajo este régimen, que ha sido prolongado de forma inconstitucional por más de 39 meses y cuya derogatoria ha sido demandada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
CASO ENRIQUE ANAYA
Otro caso emblemático de criminalización es el del abogado constitucionalista Enrique Anaya, a quien el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó este día instrucción formal con detención provisional tras la audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República lo acusa de lavado de dinero y activos, señalando que los hechos investigados habrían ocurrido entre 2015 y 2024. El proceso se mantiene bajo reserva total a petición de la Fiscalía, lo que ha impedido el acceso de medios y observadores independientes a la audiencia, generando cuestionamientos sobre la transparencia del caso.
La defensa, representada por Jaime Quintanilla, anunció que apelará la medida, señalando que existen arraigos suficientes para que Anaya pueda seguir el proceso en libertad. “Todo el proceso lo catalogamos como ilegal”, declaró a medios de comunicación al término de la audiencia.
Enrique Anaya, conocido por sus críticas abiertas al presidente Nayib Bukele y su gobierno, fue detenido el 7 de junio en su residencia en Santa Tecla, en un operativo que involucró agentes vestidos de civil y uniformados, y que fue documentado en videos donde se le observa esposado y custodiado por un fuerte dispositivo policial.
Anaya ha denunciado públicamente irregularidades en procesos judiciales contra otros defensores, como la abogada Ruth López, y ha calificado al gobierno como autoritario y dictatorial.
IMPACTO REGIONAL DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA
En un contexto comparativo, la criminalización de defensores de derechos humanos no es exclusiva de El Salvador. En Honduras, defensores y defensoras también enfrentan persecución y estigmatización por su labor, en un ambiente donde la impunidad y la falta de garantías judiciales son comunes.
Karen Valladares, señala que la situación en El Salvador tiene un impacto directo en Honduras, generando un efecto contagioso a nivel político en la región. El modelo de seguridad y control implementado por el gobierno de Nayib Bukele, es visto como un ejemplo a seguir por otros gobiernos centroamericanos.
Sin embargo, este modelo, advierte la defensora de derechos humanos, viene acompañado de políticas restrictivas hacia organizaciones no gubernamentales y organizaciones de Sociedad Civil, periodistas y medios independientes, que enfrentan represión, cierre de espacios cívicos y campañas de estigmatización cuando denuncian corrupción o irregularidades.
En Honduras, la situación de los defensores de derechos humanos es igualmente alarmante y refleja una crisis estructural marcada por la impunidad, la violencia y la falta de protección estatal. Valladares destaca que entre 2020 y 2025 se han registrado al menos 65 asesinatos de defensores, de los cuales el 95% permanece impune, y que en 2024 se documentaron más de 2,700 agresiones contra defensores, especialmente aquellos que defienden la tierra y los bienes comunes.
Valladares advirtió que este patrón de criminalización y represión no es exclusivo de ambos países, sino que se extiende a Guatemala y la región, generando migración forzada y exilio de defensores por la inseguridad y persecución estatal.