Temporary Decree 803, now in force in El Salvador and set to expire on 25 August, establishes special transitional rules for prosecuting defendants arrested under the state of exception, according to criminal attorney Roxana Cardona.
Cardona maintains that the decree has kept individuals allegedly tied to criminal structures behind bars with no substantive evidence, relying solely on police assessments.
She also denounced prosecutors’ growing reliance on “criteriados”—cooperating witnesses who receive procedural benefits—to accuse third parties without any guarantee of truthfulness. Women have borne the brunt of this practice, often branded as collaborators simply because they are related to gang members.
In Cardona’s view, the decree amounts to “preemptive punishment”: pre-trial detention has become the rule, dragging the justice system back to the inquisitorial model that dominated the 1970s. She further criticised the trend of transferring ordinary cases to organised-crime courts, a manoeuvre she says arbitrarily hardens proceedings.
Cardona likewise faulted the Constitutional Chamber of the Supreme Court for legitimising the state of exception in cases where it is unwarranted. The Chamber has dismissed habeas corpus petitions on the grounds that the state of exception applies universally, even when defendants have no link to gang-related offences.
This practice, Cardona concluded, erodes legal certainty and public confidence in the judiciary.
Régimen actual instaura una “pena anticipada” y revive el modelo inquisitivo, según abogada penalista
En El Salvador hay un decreto transitorio que vencería el 25 de agosto próximo y que es conocido como 803. Según dijo la abogada penalista, Roxana Cardona, contiene disposiciones transitorias especiales para ordenar el procesamiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción.
Para Cardona, el decreto ha permitido que personas vinculadas a estructuras criminales sin pruebas suficientes, sigan detenidas, basándose únicamente en criterios policiales.
También denunció que en muchos casos se está recurriendo a “criteriados” para acusar a terceros sin garantías de veracidad. Esto ha afectado principalmente a mujeres señaladas como colaboradoras por el simple hecho de tener vínculos familiares con miembros de pandillas.
Para la abogada penalista, Roxana Cardona, con este decreto se ha instaurado una “pena anticipada” y la prisión preventiva se ha convertido en la norma, retrocediendo al modelo inquisitivo que predominaba en los años 70. Además, criticó la tendencia a trasladar casos comunes a juzgados de crimen organizado, lo cual constituye una forma de endurecer arbitrariamente los procesos.
Desde el ámbito jurídico, también Cardona cuestionó a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, por legitimar la aplicación del régimen de excepción en procesos que no corresponden, al rechazar recursos de habeas corpus con el argumento de que el régimen aplica de forma general, incluso cuando no hay vinculación con delitos de pandillas.
La abogada Roxana Cardona dijo que esta práctica erosiona la seguridad jurídica y la confianza en el sistema judicial.