The legal team representing environmental attorney Alejandro Henríquez and pastor and community leader José Ángel Pérez filed a habeas corpus petition on Wednesday with the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice (CSJ), seeking to overturn the provisional detention imposed on their clients.
Henríquez and Pérez are charged with public disorder and violent resistance. They were detained after the 12 May rally organized by residents of the El Bosque Cooperative near President Nayib Bukele’s home to urge him to halt an eviction order against them.
Habeas corpus (exhibición personal) is a legal remedy that allows attorneys to challenge an unlawful arrest. The defense argued before the Chamber that the First Justice of the Peace Court of Santa Tecla, which ordered the detention, exceeded the constitutional limits on provisional custody.
In their filing, counsel contends that both men took part in a peaceful assembly at which police responded with disproportionate force. Video footage shows Military Police officers—an Army unit intended for internal affairs—deployed to break up the protest.
The defense also insists that the demonstration obstructed no public road because protesters stayed on the green median of the La Palma roundabout on the highway to Puerto de La Libertad.
Sworn statements from thirteen witnesses attesting to the protest’s peaceful nature were submitted, yet the court that first heard the case embraced the Prosecutor’s contention that the detainees intended to enter the Los Sueños gated community.
“There are precedents from the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) and from the Supreme Court of Justice that safeguard freedom of expression and hold that ‘public order’ cannot be invoked to criminalize legitimate assemblies,” Reverdes—the organization to which Henríquez belongs—said in a statement.
Reverdes further maintains that the detainees’ right to freedom of movement has been violated. “There is not even minimal evidence of a crime; what we do have is evidence confirming our colleagues’ innocence. Moreover, the judge failed to establish a flight risk, misreading the community ties we documented,” said Dalia González, an attorney and Reverdes activist.
This is the defense’s second attempt to secure their release. It previously appealed to the Criminal Chamber of Santa Tecla, which upheld the Justice of the Peace Court’s ruling.
The Criminal Chamber concluded that “the protest, which had remained peaceful throughout the day, ceased to be so, as megaphones were used at that hour and protesters had stoves and hammocks—everything suggests that they intended to camp for an extended period in front of the gated community.”
The magistrates inferred the existence of violence solely from the deployment of the Order Maintenance Unit (UMO) to disperse the protest.
Previous rulings by the Chamber
The Constitutional Chamber recently addressed two other habeas corpus petitions stemming from recent arrests: those of Ruth López, Cristosal’s head of Anti-Corruption, and constitutional attorney Enrique Anaya.
In López’s case, the Chamber admitted the petition but ignored the irregularities alleged by Cristosal—including López’s disappearance after arrest, missed deadlines, and reclassification of the charge. “The ruling fails to address the due-process violations, does not recognize the arbitrary detention, and endorses applying the state of exception deadlines to ordinary crimes, infringing rights the Constitution guarantees to everyone,” Cristosal said.
In Anaya’s case, the Chamber likewise admitted the habeas corpus petition to determine whether his detention violated his rights to health and legal defense. Although Anaya is charged with an economic offense, authorities have applied the state of exception deadlines. In its admission, the Chamber urged the Prosecutor’s Office to file charges within a reasonable period rather than waiting the full fifteen days allowed after the arrest.
Multiple organizations link the arrests of attorneys, activists, and human-rights defenders to an escalating crackdown on Bukele’s critics.
Presentan nuevo recurso por detención de abogado y pastor de cooperativa El Bosque
La defensa del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y del pastor y líder comunitario, José Ángel Pérez, presentó este miércoles una demanda de hábeas corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que esta modifique la detención provisional en la que se encuentran.
Ambos son acusados de los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva. Fueron detenidos luego de la concentración realizada el 12 de mayo por habitantes de la cooperativa El Bosque, en las cercanías de las residencia del presidente Nayib Bukele, para pedirle que frenara una orden de desalojo que enfrentaban.
El hábeas corpus (exhibición personal) es un recurso que permite a los abogados apelar cuando existe una detención ilegal. La defensa de Henríquez y Pérez señaló ante la Sala que el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, que ordenó la detención, excedió márgenes establecidos en la Constitución para la detención provisional.
En el recurso plantearon que el abogado y el líder comunitario participaron en una concentración de carácter pacífico, en la cual hubo uso desproporcionado de la fuerza policial. Quedó registrado en videos que elementos de la Policía Militar, diseñada para resolver asuntos internos del Ejército, llegaron a contener la manifestación.
Uno de los argumentos de los defensores es que la concentración no obstaculizó ninguna vía pública, porque los habitantes se mantuvieron en la zona verde del redondel La Palma, carretera al Puerto de La Libertad.
La defensa presentó la declaración juradas de 13 personas que testificaron la naturaleza pacífica de la concentración, pero el juzgado que conoció inicialmente el caso le dio validez a la tesis de la Fiscalía que aseguró que los detenidos tenían la intención de ingresar a la residencial Los Sueños.
“Existen criterios de la CIDH y de la Corte Suprema de Justicia que protegen el derecho a la libertad de expresión, señalando que el ´orden público´ no puede invocarse para criminalizar concentraciones legítimas”, se pronunció Reverdes, organización a la que pertenece el abogado.
También señalaron que se ha vulnerado el derecho de la libertad ambulatoria de los detenidos. “En este caso ni siquiera hay elementos, señales mínimas que indiquen la existencia de un delito. Lo que sí tenemos son elementos que reconfirman la inocencia de nuestros compañeros. En segundo lugar, la jueza no acreditó el peligro de fuga, haciendo una incorrecta valoración de los arraigos presentados por la defensa”, comentó Dalia González, abogada y militante de Reverdes.
Este es el segundo recurso que agota la defensa. Previamente presentó una apelación ante la Cámara de lo Penal de Santa Tecla, que validó lo decidido por el Juzgado de Paz.
La Cámara de lo Penal concluyó que “la protesta que se había mantenido pacífica durante el día dejó de serlo, puesto que a esa hora se utilizaron megáfonos, tenían cocinas, hamacas, todo indica que con la finalidad de asentarse un buen tiempo frente a dicha residencial”.
Los magistrados de la Cámara consideran que se prueba que existió violencia solo por el hecho de que llegó la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) a disipar la protesta.
Respuestas previas de la sala
La Sala de lo Constitucional respondió recientemente dos recursos hábeas corpus presentados por detenciones recientes: la de Ruth López, jefa Anticorrupción de Cristosal; y la de Enrique Anaya, abogado constitucionalista.
En el caso de la abogada anticorrupción, la Sala admitió el recurso, pero no se pronunció sobre las irregularidades desde la captura (desaparición de López, irrespeto de plazos y cambio de delito) denunciadas por Cristosal. “Sin embargo, la resolución omite pronunciarse sobre la violación al debido proceso, no reconoce la detención arbitraria y avala la aplicación de los plazos del régimen de excepción a delitos comunes, vulnerando con ellos derechos que la Constitución garantiza a todas las personas sin distinción”, señaló la organización en un comunicado.
En el caso de Anaya, la Sala de lo Constitucional también notificó la admisión del recurso de exhibición personal, para verificar si con su detención se le vulneró su derecho a salud y defensa. A Anaya, pese a ser acusado de un delito patrimonial, le han aplicado los plazos del régimen de excepción. En esta admisión, la Sala de lo Constitucional llamó a la Fiscalía a presentar las acusaciones en un plazo razonable, sin esperar el plazo máximo de quince días desde la detención.
Diferentes organismos asocian las capturas de los abogados, de activistas y defensores de derechos humanos a una escalada represiva contra voces críticas de Bukele.