In a joint statement marking the International Day in Support of Victims of Torture, Tutela Legal “María Julia Hernández” (María Julia Hernández Legal Aid), the Comisión de Trabajo en Derechos Humanos (Commission for Human Rights Work) and the Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (Madeleine Lagadec Center for the Promotion of Human Rights) denounced the state of exception (régimen de excepción), under which thousands of people have been jailed—many of them arbitrarily, according to multiple organizations—and numerous inmates have died behind bars.
The groups called on the authorities to “abolish the provisions that allow detainees to remain in administrative custody for up to fifteen days” and to replace them with a forty-eight-hour limit. They also demanded that the government “ensure that every detention is promptly recorded both in the place of custody and in a central register accessible to attorneys and relatives” and that it “enforce the fundamental legal safeguards of detainees, sanctioning law-enforcement officers who violate them.”
Humanitarian organizations report receiving more than 6,400 complaints of human-rights violations—chiefly arbitrary detentions and torture—since the three-year-old state of exception was launched against the gangs. They also attribute roughly 340 deaths in state custody to the crackdown, most of the victims showing signs of violence.
The Comisión de Trabajo en Derechos Humanos pressed the Salvadoran state to ratify the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, pending since 2016, so that “the torture taking place inside the prison system can be investigated.”
Piden prevenir detenciones arbitrarias en El Salvador en Día de las Víctimas de la Tortura
Miembros de organizaciones de derechos humanos de El Salvador pidieron este jueves que se adopten medidas en el país centroamericano para prevenir las detenciones arbitrarias “sin orden de detención” y garantizar que las personas arrestadas “gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales”.
Las ONG, entre estas la organización Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos y el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos ‘Madeleine Lagadec’, se pronunciaron en contra de la implementación de un régimen de excepción, por medio del cual se registran miles de detenciones -muchas de ellas arbitrarias según diversas organizaciones- y muertes en cárceles.
En este contexto, en su pronunciamiento, que coincide con el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las organizaciones pidieron “abolir las disposiciones según las cuales las personas detenidas pueden permanecer en detención administrativa por períodos de hasta 15 días” y “efectuar las enmiendas necesarias para introducir en su lugar un período máximo de 48 horas”.
Solicitaron “velar por que se haga constar sistemáticamente la detención en un registro en el lugar de privación de libertad y en un registro central de personas detenidas a las que sus abogados y familiares puedan acceder” y “velar por el respeto de las salvaguardias legales fundamentales de las personas detenidas, sancionando a los agentes de las fuerzas del orden que incurran en su incumplimiento”.
Diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, en el marco del régimen de excepción implementado desde hace tres años contra las pandillas.
Además, reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos pidió al Estado salvadoreño que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, pendiente desde 2016, para que “se investiguen las torturas que están ocurriendo dentro de los centros penitenciarios”.