The Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movement of Victims of the State of Exception, MOVIR) marched to the Legislative Assembly on Wednesday to demand that legislators refuse to renew the transitional decree that allows the Fiscalía General de la República (Attorney General’s Office, FGR) to bundle together detainees from the state of exception by criminal structure and try them en masse.
Enacted in 2023, the decree empowers the FGR to launch a transitional procedure that groups defendants by organization in cases that are still in the investigative phase before different courts. Prosecutors may do so whenever they “deem” that the detainees belong to the same criminal structure, thereby determining which court will hear the case. The measure has paved the way for opening criminal proceedings against large numbers of people for the same offenses without individualizing their cases—what human-rights organizations have denounced as summary trials.
MOVIR also noted that the decree gives the FGR up to twenty-four months to pursue these cases, a period during which people with no proven link to any criminal group remain behind bars.
The decree is set to expire in August 2025, and the movement is acting early to prevent any extension. As of last Tuesday’s plenary session, the government had not submitted a request to prolong the measure.
“Because of an anonymous phone call or the need to meet arrest quotas, innocent people—collateral victims of the very state of exception—have seen their pretrial detention stretched far beyond the legal limit,” said MOVIR member Samuel Ramírez.
Roxana Cardona, an attorney who represents MOVIR, added: “Civil society, advocacy groups, and relatives of detainees are deeply concerned about any attempt to expand this decree. It may be easy to lump actual gang members together, but innocent victims get swept up too. We therefore insist that the two-year limit set by the decree not be extended and that investigations weigh both exculpatory and inculpatory evidence.”
Cardona recalled that MOVIR challenged the decree’s constitutionality before the Supreme Court of Justice in 2023, but the petition has yet to be heard.
The transitional provision stipulates that, at the prosecutor’s request, the presiding judge must either retain jurisdiction or transfer the case to the appropriate court based on the defendants’ alleged membership in the same criminal structure. Within ten working days, the judge must summon defense attorneys, who then have fifteen working days to request the inclusion of evidence or motions they deem pertinent.
Once those deadlines expire, the Law Against Organized Crime takes over. If prosecutors still have not specified the criminal organization to which a defendant allegedly belongs, the judge must issue a final dismissal.
MOVIR’s petition was sent to the Legislative Assembly’s Board of Directors as well as to the Committees on Legislation and Governance and on National Security.
MOVIR pide que no se prorrogue decreto que permite acusaciones masivas
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) marchó este miércoles hacia la Asamblea Legislativa para pedir que no se prorrogue la medida transitoria que permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) agrupar a los detenidos en el régimen de excepción por estructuras criminales y así efectuar juicios colectivos.
El decreto que rechaza el movimiento data de 2023 y faculta a la FGR para que lleve a cabo un procedimiento transicional con el objeto de agrupar por estructura a imputados en procesos en instrucción en diferentes tribunales.
Lo anterior puede efectuarse cuando “se considere” que los detenidos pertenecen a una misma estructura criminal, a efecto de determinar la sede judicial que conocerá de su proceso. Eso habilitó abrir procesos penales a varias personas por un mismo tipo de delitos, sin individualización de casos, lo que en su momento las organizaciones de derechos humanos calificaron como juicios sumarios.
Sobre todo, MOVIR recordó que la medida faculta a la Fiscalía para contar con un plazo de hasta 24 meses y que en este tiempo hay personas que, sin que se les encuentren pruebas de relación con alguna estructura criminal, continúan detenidas.
El plazo del decreto vencería en agosto de 2025, por lo que el Movimiento se anticipa a pedir que no vaya a ser extendida la medida por más tiempo. Hasta la plenaria del pasado martes no hubo ninguna iniciativa del gobierno que pida la prórroga al decreto.
“Aquellos que por una llamada anónima, por llenar cuotas, sin ningún vínculo pandilleril, las víctimas inocentes o víctimas colaterales del mismo régimen, a ellos su detención provisional fue alargada más de lo establecido”, denunció Samuel Ramírez, integrante de MOVIR.
“Es de nuestra preocupación, como sociedad civil, organizaciones y familiares, que se amplíe dicho decreto, ya que para los pandilleros, miembros de las estructuras pandilleriles será fácil agruparlos; pero a las víctimas inocentes no. Es por ello que deseamos que estos dos años establecidos vía decreto, no se amplíe más y que dichas investigaciones se haya investigado tanto lo favorable como lo desfavorable”, indicó la abogada, Roxana Cardona, quien asiste a MOVIR.
Cardona recordó que desde que se aprobó la disposición en 2023 mostraron su rechazo por la misma y que presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ); pero que a la fecha siguen sin obtener respuesta.
A su vez, la disposición transitoria establece que conforme la solicitud del fiscal, el juez continuará con el conocimiento o remitirá la causa al tribunal correspondiente que tramitará el proceso en contra de los imputados, en razón de su supuesta pertenencia a una misma estructura criminal.
Asimismo, emplazará en el término de diez días hábiles, a la defensa técnica de los imputados, para que en el plazo de quince días hábiles se pronuncien sobre los elementos y diligencias que consideren necesarias sean incorporadas al proceso.
La medida especial señala que una vez agotado dicho plazo, se aplicarán las reglas dispuestas en la Ley contra el Crimen Organizado. Si finalizado el plazo, el fiscal no se pronuncia sobre la determinación de la agrupación ilícita a la que supuestamente pertenece el imputado, el juez debe dictar sobreseimiento definitivo.
La solicitud fue dirigida a la junta directiva de la Asamblea Legislativa y a las comisiones de Legislación y Gobierno y a la de Seguridad Nacional.