Enrique Anaya was detained by police earlier this month on money laundering allegations just days after calling Bukele a “dictator” on live TV. His arrest has been the subject of an outcry by human rights defenders.
“Unfortunately, the result was not what we had hoped for,” Anaya’s attorney, Jaime Quintanilla, said, adding that the case would now proceed into an investigative phase. He said they expected to hear more in the coming weeks.
Upon Anaya’s arrest, authorities did not provide details about the allegations against him despite posting a photo of the constitutional lawyer in handcuffs surrounded by armed police.
Advocates, legal experts and international watchdogs have warned that Bukele has grown emboldened by his alliance with President Trump. He has moved to silence critics through recent arrests and a new foreign agents law that sent chills through nongovernmental organizations that receive overseas funding. Anaya’s June 10 arrest was just the latest example.
Another judge issued a similar decision against prominent human rights attorney Ruth Leonora López earlier this month. That judge ordered López, another outspoken Bukele critic, held for six months on charges of illegal enrichment.
Anaya’s legal team insists that he is innocent and that the detention was purely political. Quintanilla said it also violated his client’s rights because he was not brought before a judge within 72 hours of his arrest as required by the country’s constitution.
Rather, Anaya was held for 14 days and instead appeared to be detained under emergency provisions that Bukele has used to crack down on the country’s gangs and detain alleged gang members with little access to due process. Tuesday was the first time Anaya appeared before a judge.
Quintanilla said this was illegal because Anaya was accused of a crime unconnected to gang violence. He had appealed to the country’s Supreme Court, using a habeas corpus petition, which was partially granted Saturday, leading to Tuesday’s hearing.
He had hoped that Anaya would be set free, but the detained lawyer was walked out of court in handcuffs surrounded by police. He nodded to reporters with his cuffed hands held to his chest.
Speaking to reporters during a break in the hearing, Quintanilla said he could not share further details about what occurred in the courtroom because the case is sealed, but said that prosecutors presented charges, the defense responded and the judge ultimately allowed Anaya to speak.
Anaya “obviously described what he has suffered during his detention, what has happened to him and matters specific to the case that cannot be disclosed,” Quintanilla said.
The defense attorney said Anaya’s medical condition is critical and blamed it on “overcrowding and confinement.” He mentioned that Anaya suffers from a chronic illness but did not provide further details.
Bukele has long faced criticism of what watchdogs say are clear human rights violations. But with recent moves by the Bukele administration, they see a worrisome escalation by the popular president, who enjoys extremely high approval ratings due to his gangs crackdown.
By suspending fundamental rights, Bukele has severely weakened gangs but also locked up 87,000 people for alleged gang ties, often with little evidence or due process. A number of those detained were also critics.
Bukele and his New Ideas party have taken control of all three branches of government, stacking the country’s Supreme Court with loyalists. Last year, he ran for reelection despite a constitutional ban, securing a resounding victory.
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La Policía detuvo a Anaya a comienzos de mes bajo sospecha de lavado, apenas unos días después de que calificara a Bukele de “dictador” en televisión en vivo. Su arresto desató un clamor entre defensores de derechos humanos.
«Lamentablemente, el resultado no fue el que esperábamos», declaró su abogado, Jaime Quintanilla, y añadió que la causa entra ahora en fase de instrucción. Esperan novedades en las próximas semanas.
Al momento de la captura, las autoridades no ofrecieron detalles sobre los señalamientos, aunque sí difundieron una fotografía del constitucionalista esposado y rodeado de agentes armados.
Defensores, juristas y organismos internacionales advierten que Bukele se ha envalentonado gracias a su alianza con el presidente Trump. El mandatario ha optado por acallar voces críticas mediante detenciones recientes y una nueva ley de agentes extranjeros que sembró temor entre las ONG que reciben financiamiento del exterior. La captura de Anaya, el 10 de junio, es el ejemplo más reciente.
A comienzos de mes, otro juez dictó una resolución similar contra la destacada abogada de derechos humanos Ruth Leonora López, también férrea crítica de Bukele: le impuso seis meses de detención provisional por presunto enriquecimiento ilícito.
La defensa de Anaya sostiene que él es inocente y que su encarcelamiento responde únicamente a motivaciones políticas. Quintanilla agregó que la detención vulneró los derechos de su cliente, pues no fue presentado ante un juez dentro de las 72 horas que establece la Constitución.
En vez de ello, Anaya permaneció detenido 14 días, al parecer bajo las disposiciones de emergencia que Bukele ha utilizado para recrudecer la ofensiva contra las pandillas y encerrar a presuntos pandilleros con escaso acceso al debido proceso. Este martes fue la primera vez que Anaya se sentó ante un juez.
Quintanilla calificó la situación de ilegal porque el delito atribuido a Anaya no guarda relación con la violencia de las pandillas. El abogado acudió a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso de hábeas corpus que fue aceptado parcialmente el sábado, dando pie a la audiencia de este martes.
Esperaba que el juez le devolviera la libertad, pero el abogado salió de la sala esposado y escoltado por agentes. Con las manos encadenadas al pecho, saludó con un leve movimiento de cabeza a los periodistas.
En un receso de la audiencia, Quintanilla explicó a la prensa que no podía revelar más pormenores porque el caso se mantiene bajo reserva; se limitó a señalar que la Fiscalía expuso los cargos, la defensa replicó y, finalmente, el juez dio la palabra a Anaya.
Anaya «describió, obviamente, lo que ha padecido durante su detención, lo que le ha ocurrido y asuntos específicos del caso que no se pueden divulgar», detalló Quintanilla.
El defensor añadió que la condición médica de Anaya es delicada y la atribuyó a la «sobrepoblación y el encierro». Señaló que su cliente padece una enfermedad crónica, sin ahondar en detalles.
Bukele lleva tiempo enfrentando señalamientos de violaciones claras de derechos humanos, según organismos de control. Sin embargo, los pasos más recientes de su administración representan, a juicio de estos grupos, una escalada alarmante del mandatario, cuya popularidad se dispara gracias a la ofensiva contra las pandillas.
Al amparo del régimen de excepción que suspendió derechos fundamentales, Bukele ha debilitado considerablemente a las pandillas, pero también ha encarcelado a 87.000 personas por supuestos vínculos con esos grupos, a menudo con escasas pruebas y sin garantías procesales. Entre los detenidos hay varios críticos del régimen.
Bukele y su partido Nuevas Ideas han copado los tres poderes del Estado y llenado la Corte Suprema con incondicionales. El año pasado se postuló a la reelección, pese a la prohibición constitucional, y obtuvo un triunfo contundente.