A total of ten individuals—human-rights advocates and other outspoken critics of the current Salvadoran administration—have fled for fear of being taken into custody, sources confirmed to LA PRENSA GRÁFICA.
The departures came in the wake of the arrest of constitutional lawyer Enrique Anaya, who on 24 June was placed in pre-trial detention on charges of money and asset laundering.
Among those who have left—men and women who requested anonymity—are critics of the security measures employed by the government, especially the state of exception.
The defenders themselves believe the figure is even higher; they now speak of thirty-five people who have left the country for fear of reprisals. If the forty journalists who, according to the Association of Journalists of El Salvador (APES), also fled to escape retaliation for their work are added, the total rises to seventy-five.
Juanita Goebertus, Director of the Americas Division at Human Rights Watch (HRW), voiced alarm at the exodus, calling it a “classic authoritarian playbook designed to silence critical voices.”
“We are deeply concerned by the dramatic escalation of the offensive by President Nayib Bukele’s government against dissent. Repression is no longer confined, under the state of exception, to those allegedly linked to gangs; it is now aimed at journalists, human-rights defenders, and leaders whose common trait is their criticism of the government,” she said.
One of the people who fled spoke with LA PRENSA GRÁFICA and insisted that Enrique, Ruth, and others are victims of state repression for “exposing the regime’s legal outrages.”
“This is yet another painful example of how Salvadorans have lost our rights, even if not everyone understands or wishes to see it. It is obvious to anyone willing to look that a case fabricated by the dictatorship’s Prosecutor’s Office, with an arrest warrant executed by the dictatorship’s police and presented to a judge obedient to the dictatorship, is nothing but a charade meant to justify the imprisonment of Enrique, Ruth, and all the other political prisoners. Today, El Salvador’s justice system either denies rights or grants impunity to those who violate them,” the source said.
He warned that no one is exempt from becoming a future victim of the system. “This will not stop with civil society, human-rights defenders, or journalists; it will also reach businesspeople, professionals, farmers, and, in short, anyone who obstructs the dictatorship’s designs,” he cautioned.
Statements from SJH and MOVIR
Several of those who fled had already suffered harassment: online attacks and threats, surveillance, and the fear of meeting the same fate as Enrique Anaya and Ruth López, both known for exposing irregularities in the current administration.
Only two have publicly acknowledged their flight after accusing agents of the Policía Nacional Civil (National Civil Police, PNC) of persecution and intimidation: Ingrid Escobar, executive director and spokesperson for Socorro Jurídico Humanitario (Legal Humanitarian Aid, SJH), and Alfredo Mejía, coordinator and spokesperson for the Movimiento de Víctimas del Régimen (Movement of Victims of the State of Exception, MOVIR).
“In El Salvador we live under a dictatorship, and I cannot return,” Ingrid Escobar declared in a video posted to her X account on 21 June.
In the recording, she explained that she left the country after learning—she said—of an arrest warrant against her. She also voiced concern about her health: she has a pending surgery and, given the risk of detention, chose to leave.
Weeks earlier she had reported that police officers came to her home asking for a specific address.
“Because I learned of my imminent and arbitrary arrest due to my role as a spokesperson for Socorro Jurídico, because of my human-rights work, and because May was the worst month for defenders—many were hauled off to prison—I had to decide. I was in extremely fragile health while facing police and political persecution and numerous threats,” Escobar said in the video.
Alfredo Mejía’s ordeal began slightly earlier. He decided to leave in mid-March after police officers showed up at his former residence asking for him. Once informed, he avoided the area—he lived nearby—sought refuge elsewhere, and days later fled the country, afraid he would be arrested.
“Why did two police officers on motorcycles come back a second time in mid-May asking for me? They intend to detain me arbitrarily; it is false that they only wish to ask a few questions. If there is no arrest warrant, why is the police looking for me?” he asked.
Alfredo is known for demanding the release of his daughter, arrested in April 2022 just after the state of exception began. He maintains she is innocent and has not seen her since. He has become the voice of families of detainees and has denounced institutions for what he calls their “inefficiency” in supporting the victims.
Defensores de derechos humanos huyen de El Salvador por temor a capturas
Un total de 10 personas, entre defensoras de derechos humanos y voces críticas del gobierno salvadoreño actual, han huido del país por temor a ser capturadas, según lo confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA.
Esta salidas se registraron días después de la captura del abogado constitucionalista Enrique Anaya, quien este 24 de junio fue enviado a detención provisional, acusado del delito de lavado de dinero y activos.
Entre estas personas cuyos nombres no se brindan a petición suya hay mujeres y hombres críticos con los métodos a los que el gobierno recurre dentro de su política de seguridad, en especial con el régimen de excepción.
Sin embargo, ellos mismos aseguran que la cifra podría ser incluso más extensa y hablan ya de 35 personas que habrían huido del país por temor a represalias. Si a ellos se les suman los 40 periodistas que denunció la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) que salieron del país por temor a represalias por su trabajo, el total llegaría ya a 75.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), mostró su preocupación por la salida de estas personas de El Salvador y manifestó que este tipo de persecuciones es un “típico manual autoritario que busca silenciar las voces críticas”.
“Estamos muy preocupados con el escalamiento dramático de la ofensiva desde el gobierno de Nayib Bukele en contra de voces críticas. La represión ya no solamente está dirigida en el marco del régimen de excepción a quienes supuestamente serían presuntos miembros de maras, sino que en este caso hay ahora un direccionamiento de esta represión en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes que han sido y que tienen en común ser voces críticas del gobierno”, indicó.
Una de las personas que huyó del país por temor a ser capturada habló con LA PRENSA GRÁFICA y sostuvo que Enrique, Ruth y otros más son víctimas de la represión del Estado salvadoreño, por “denunciar y evidenciar los despropósitos jurídicos de la dictadura”.
“Se trata de un doloroso ejemplo más de cómo los salvadoreños hemos perdido nuestros derechos, aunque no todos lo entiendan o quieran verlo. Está a la vista de todos los que quieran ver que un proceso fabricado por la Fiscalía de la dictadura, con una orden de captura ejecutada por la policía de la dictadura y llevado ante una jueza obediente a la dictadura es solo una pantomima para justificar el encierro de Enrique, Ruth y todos los demás presos políticos. El sistema de justicia en El Salvador sirve hoy para negar derechos o para dar impunidad a los que los violan”, dijo.
Aseguró que nadie queda excluido de ser una víctima del sistema en un futuro. “Esto no será solo contra la sociedad civil, los defensores de derechos humanos o los periodistas, sino también tocará a los empresarios, a los profesionales, agricultores y, en general, a todo aquel que estorbe a las intenciones de la dictadura”, aseguró.
Vocerías de SJH y MOVIR
Varias de estas personas habían sufrido cierta persecución, ataques y amenazas en redes sociales, seguimientos y temían que les pasara lo mismo que a Enrique Anaya y Ruth López, dos personas identificadas por señalar irregularidades del actual gobierno.
Solo dos personas han hecho pública su huida de El Salvador, luego de denunciar lo que a su juicio han sido persecución y amedrentamiento de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); Ingrid Escobar, directora ejecutiva y vocera del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y Alfredo Mejía, coordinador y vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
“En El Salvador vivimos en una dictadura y no puedo regresar”, opinó Ingrid Escobar por medio de un video en su cuenta de X, el pasado 21 de junio.
En el video, la defensora habló sobre su salida del país tras conocer, aseguró, de una orden de captura en su contra. También habló de su temor por el estado de salud en el que se encuentra y por el cual tenía una cirugía pendiente, y por este riesgo de ser detenida, prefirió irse.
Ella había denunciado semanas antes que policías habían llegado a su casa a preguntar por cierta dirección.
“Debido a una información que obtuve de una captura pronta, arbitraria en mi contra por mi vocería en el Socorro Jurídico, por mi actividad de derechos humanos y en un momento , en el mes de mayo el peor para defensores de derechos que se los han llevado a las cárceles. Tuve que tomar una decisión, me encontraba en un momento de enorme vulnerabilidad de salud y persecución policial, política, amenazas de muchas personas”, aseguró Escobar en el video publicado.
El caso de Alfredo Mejía sucedió un poco antes. Él decidió irse del país a mediados de marzo luego que unos policías llegaron a la casa donde vivía antes, preguntando por él. Cuando le contaron sobre lo sucedido, prefirió no llegar a la zona, ya que vivía cerca y decidió buscar refugio en otro lugar y días después huyó del país por temor a que lo capturaran.
“¿Por qué a mediados de mayo volvieron a llegar por segunda vez dos policías en moto a preguntar por mí? Arbitrariamente me andan buscando para detenerme porque es mentira que lo van a hacer para preguntarme algunas cosas. Pero si no hay una orden de captura, ¿con qué motivo la policía me anda buscando?”, cuestionó.
Alfredo es conocido por exigir la libertad de su hija, capturada en abril de 2022, cuando recién había comenzado el régimen de excepción. Él asegura que ella es inocente. Desde su captura no la ha vuelto a ver. Además, era señalado por ser la voz de las familias de personas capturadas en el régimen y señalar a instituciones por su “ineficiencia” en el apoyo a las víctimas.